Expediente Público
En respuesta al vencimiento este 11 de mayo del Título 42, una medida implementada en marzo de 2020 para expulsar de inmediato a los migrantes, aprovechando la pandemia de la COVID-19, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció las políticas en materia de migración.
El Título 8, que permite la expulsión acelerada y la penalización de hasta cinco años para volver al país en caso de ingresar de forma ilegal, es considerado por muchas organizaciones como desacertado, debido a que penaliza duramente a todas las personas que ejercen su derecho humano de pedir asilo en la frontera de ese país.
Por otra parte, Estados Unidos amplió las vías para que las personas puedan buscar protección sin tener que hacer la peligrosa caminata hasta la frontera a través del parole humanitario que ha beneficiado principalmente a migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Para tratar de frenar la llegada de miles de migrantes y alegando que la situación está “fuera de control”, el mismo día que el Título 42 llegó a su fin, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó la Ley H.R.2, también conocida como Ley de Seguridad Fronteriza de 2023, que busca frenar la migración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza.
La Ley H.R.2 es todavía más restrictiva que las medidas administrativas de Biden, dado que promueve la separación familiar, la deportación y la criminalización del inmigrante, por lo cual el presidente prometió vetarla.
Otra restricción, la Ley SB 1718, que, aunque fue aprobada en la Florida no entra todavía en vigencia, también está pensada para detener la migración, particularmente a los hondureños que han empezado a abandonar ese Estado para no exponerse al peligro de la deportación.
¿Es una de cal y otra de arena en respuesta a la crisis global de refugiados? Expediente Público te lo explica.
