Contrario al discurso de interés por la salud y educación que mantiene el régimen Ortega-Murillo, el futuro cercano depara mayor pobreza, hambre y desprotección para poblaciones vulnerables, (niños, mujeres y ancianos) en Nicaragua, como consecuencia de la cancelación de personerías jurídicas a por lo menos 1,237 organizaciones entre el año 2018 y 2022. Algunas de ellas tenían más de tres décadas trabajando en diferentes comunidades.
El 94% de estos organismos sin fines de lucro fueron ilegalizados en los últimos 7 meses.
Expediente Público presenta un reportaje especial de las historias del daño a los hogares de ancianos y comunidades de mujeres rurales por el cierre de esas entidades en el país centroamericano.
Mujeres organizadas en las zonas rurales relataron sus preocupaciones porque anticipan una agudización en las carencias de salud, falta de desarrollo económico de sus familias y la asistencia a niños y jóvenes. Esos temas han sido cubiertos por ONG ante el desinterés del régimen en los últimos 15 años.
Albergues de ancianos y niños huérfanos han cerrado por confiscación de sus bienes y se ha registrado persecución a las Misioneras de la Caridad y a otras organizaciones religiosas, lo que ha dejado a los más pobres en desamparo.
