Expediente Público
Durante unos diez años, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) fue considerado un “superministerio” en Nicaragua y José Adán Aguerri, su presidente, el tercer personaje “más poderoso de Nicaragua”. El Cosep despachaba con ministros, tenía un teléfono rojo con Rosario Murillo, resolvía desde visas hasta exportaciones, colocó a 43 de sus miembros en directivas estatales e influyó de forma determinante en 124 de las 326 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional entre 2008 y 2018.
Esta es la historia del matrimonio entre los empresarios de Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega en todas sus etapas. Desde el noviazgo hasta el divorcio. Se le llamó oficialmente “modelo de diálogo y consenso”, y se formalizó en la Constitución Política.
A pesar de la mutua conveniencia, múltiples voces advirtieron del peligro de tal maridaje. “Yo recuerdo haber platicado con líderes empresariales nicaragüense que parecían funcionarios de gobierno cuando hablaban. ¡Eso a mí me parece terrible! Cuando ya esas mezclas se dan, ahí hay una falta de principios total o definitivamente puede más el mantener ciertos privilegios, cierta capacidad de seguir haciendo negocios, etc. y eso eventualmente se revierte”, afirma Federico Hernández, expresidente de la Cámara de Comercio de El Salvador.
Cuando el divorció llegó, Ortega se mostró como un socio rencoroso y vengativo. Mantiene encarcelados a los expresidentes Aguerri y Michael Healy y al vicepresidente Álvaro Vargas, y todo parece indicar que pretender forzar una reconciliación para restituir la vieja alianza con los empresarios, o reemplazarlos por unos socios más complacientes.
