Los nicaragüenses están llamados nuevamente a elecciones en noviembre próximo para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios que conforman Nicaragua, pero todo apunta a que la votación se desarrollará bajo la sombra de la crisis sociopolítica y en un contexto donde el proceso electoral será solo un trámite para que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pueda ejercer el control absoluto en las municipalidades.
El último acto hostil en el país ocurrió a inicios de julio cuando el régimen arrebató las cinco alcaldías que fueron reconocidas por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), tras las elecciones municipales de 2017. Las comunas fueron tomadas a través del uso de la fuerza policial y se nombraron nuevas autoridades que son de las fichas del sandinismo.
El control ejercido por el FSLN comenzó en el 2008, un año después que Ortega volvió al poder, cuando el Poder Electoral le atribuyó 99 municipios. Ese control continuó extendiéndose en 2012, año en que se alzó con 127 alcaldías.
En 2017, el partido sandinista amplió el control en 135 municipalidades, que son las que ocupa a la fecha, pero desde 2018 el régimen ha llevado acciones para despojar de sus alcaldías tanto a CxL como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Algunos alcaldes que fueron defenestrados por el orteguismo confiaron a Expediente Público en que Nicaragua “no existen condiciones” para ir a elecciones y en las siguientes entregas confirman la forma que ha utilizado el Gobierno central para castigarlos a través de las transferencias presupuestarias.
