En Nicaragua, a partir de 2007 la autonomía municipal se fue desmontando para crear satélites organizados y postrados al Gobierno Central, es decir, a la autoridad de Daniel Ortega, pero particularmente a la de su esposa, Rosario Murillo, quien a través de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano consolidó su influencia territorial y redujo a los gobiernos municipales a simples ejecutores de las políticas dictadas desde el barrio El Carmen, donde está la residencia oficial de su familia y la sede nacional del Frente Sandinista.
Expediente Público durante cuatro meses, investigó la participación de autoridades municipales en el esquema de la represión, particularmente, sus relaciones con el paramilitarismo y los crímenes cometidos por el Estado en 2018, con el fin de someter mediante amenazas y violencia a la población que se manifestaba en casi todo el territorio nacional reclamando justicia y democracia.
Decenas de entrevistas con testigos y un trabajo de documentación exhaustivo identifican los patrones de organización y colaboración de los alcaldes y concejales del régimen designados a servir a sus comunidades, pero que terminaron ejerciendo violaciones a los derechos humanos de sus propios vecinos.
