Desde abril de 2018 Nicaragua se encuentra en la peor crisis sociopolítica de los últimos 30 años, provocando una recesión económica en el país centroamericano. El régimen Ortega-Murillo implementó medidas fiscales que lejos de recuperar la economía, la ha hundido y ha impactado severamente a las empresas y negocios, provocando incluso despedidos o suspensión de planes de inversión o expansión.
A las reformas tributarias, se añadieron reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), elevando las tasas de los empleadores y de los trabajadores, y reduciendo las pensiones. Ambas decisiones, adoptadas por el régimen para sostener el aparato burocrático y represivo, tuvieron un impacto positivo para las finanzas gubernamentales, pero afectó negativamente la capacidad de las empresas para salir de la crisis económica y los salarios de las y los nicaragüenses.
El arribo de la pandemia del COVID-19 vino a sepultar las esperanzas del gobierno de una recuperación económica, sin embargo, el gobierno sigue implementando medidas que solamente benefician a sus finanzas públicas.
Este reportaje investigativo de dos entregas detalla los efectos que ha tenido la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19 en las finanzas del Gobierno central
