Expediente Público
El Servicio Nacional de Emergencia 911 es una herramienta fundamental para la seguridad pública en Honduras, nación que tuvo en 2022 una tasa de homicidios de 38.2 por cada cien mil habitantes, cuatro veces más que el estándar mundial de 8.8, según datos oficiales y de organizaciones civiles.
No obstante, con la presidenta Xiomara Castro, el servicio del 911 estuvo paralizado durante al menos seis meses debido a la mora estatal con la empresa que tenía la concesión del servicio, Dynamic Corporation.
El personal del 911 ha protagonizado protestas por el atraso de salarios y supuestos malos tratos de la Comisión Interventora que tomó el control de la institución en marzo de 2023.
La Comisión se ha caraterizado más por despedir a miles de empleados que, según las denuncias, han sido sustituidos por activistas del partido Libertad y Refundación (Libre), lo que supone un riesgo para la calidad del servicio frente al acecho del crimen organizado que busca permear las instituciones de seguridad.
En esta investigación de Expediente Público se explica cómo se realizó el proceso de contratación directa, es decir, sin competencia, para adquirir un sistema de video vigilancia, con reconocimiento facial y de matrículas de vehículos, que se adjudicó a una empresa hondureña socia de Huawei, sancionada internacionalmente por espionaje, lo que cuestiona la presencia de China en el futuro del 911.
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