Las celebraciones y obsequios como canastas navideñas a empleados o allegados de las instituciones públicas es una práctica habitual en Nicaragua, que no ha terminado con la llegada de Daniel Ortega al poder, por el contrario, entre él y su esposa se han gastado más de un millón de dólares en regalos y fiestas con los empleados públicos a su cargo en solo cinco años.
El artículo 452 del Código Penal establece de dos a cinco años de prisión y la inhabilitación del cargo por el mismo periodo a “la autoridad, funcionario o empleado público que dé un destino diferente al señalado por la ley, para los caudales públicos, bienes y muebles o inmuebles, dinero o valores pertenecientes a descentralización autónomas o empresas del Estado».
La Ley de Probidad 438 establece en el artículo 7 inciso “b” la obligación del funcionario de “vigilar y salvaguardar el patrimonio del Estado y cuidar que sea utilizado debida y racionalmente de conformidad con los fines a que se destinan”.