En medio de la pandemia del Coronavirus, la Corte de Apelaciones de Honduras otorgó sobreseimiento definitivo a 24 involucrados en el caso Pandora.
De acuerdo con la sentencia, el Ministerio Público tipificó erróneamente a los imputados por el delito de lavado de activos y asociación ilícita en lugar de fraude y malversación de caudales públicos.
A criterio de las fuentes consultadas por Expediente Público, la puesta en libertad de los involucrados en corrupción en la red denominada Pandora, es la muestra concreta de la captura política y partidaria del sistema de justicia en Honduras que ha logrado encontrar mecanismos institucionales legales para reproducir el entorno de impunidad en ese país.
Pandora involucra una red política de corrupción que desvió unos 282 millones de lempiras (12.5 USD) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), recursos del Estado que iban destinados originalmente a proyectos de desarrollo en ese país, en el llamado corredor seco e iba dirigido a familias pobres, en especial mujeres solas, madres solteras, jefas de hogar.
Pero ese dinero fue usado para financiar las campañas políticas en el periodo 2009-2013 y para que tuviese una apariencia de legalidad se hicieron supuestos convenios con Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones.
Pandora fue el cuarto caso de corrupción presentado el 13 de junio de 2018 por Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
