El 28 de enero de 2019, la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, fueron sancionadas por los Estados Unidos, al ser incluida como una empresa corrupta y que se dedica al lavado de dinero y activos.
Esa red internacional liga a varias empresas de fachada, líderes políticos aliados de la región, élites económicas y organizaciones criminales en Centroamérica, destinados a encubrir el lavado de activos desde Venezuela, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En esta investigación de tres artículos, Expediente Público evidencia la forma en que políticos y empresarios hondureños están relacionados a esa red del Alba en Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Los principales personeros del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos) han logrado montar una red de negocios en Honduras que cuenta con la protección del gobierno de Juan Orlando Hernández, sus socios de bajo perfil y su círculo familiar.
Esos negocios no han tenido ningún tipo de restricción por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, y se ha visto un comportamiento de creación de nuevas empresas con personeros del Alba de Nicaragua e inclusive, con un hermano del presidente hondureño. Estas relaciones comerciales descubiertas por Expediente Público pondrían a Honduras en la mira de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
