Una región donde ser mujer es estar expuesta al machismo, a ser asesinada por el simplemente hecho de ser mujer y que esa muerte no sea investigada ni que sus responsables sean llevados a la justicia.
Además, la insensibilidad de los gobernantes de mantener normas jurídicas que las castigan por decidir sobre sus cuerpos.
Esta es una cruda realidad que Expediente Público expone con reportajes que ahondan sobre esta problemática que se repite en cada país centroamericano.
En Nicaragua al menos 176 organizaciones que defendían los derechos de las mujeres han sido clausuradas desde 2018. Decenas de mujeres opositoras estuvieron detenidas ilegalmente hasta por tres años sufriendo torturas y abusos del régimen de Daniel Ortega.
En El Salvador la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría una reforma al Código Penal declarando la nulidad de la prescripción de delitos por feminicidios.
En 2022 las autoridades registraron al menos 53 feminicidios y, un año antes, en 2021, hubo 80 casos. En los primeros dos meses de 2023 se han reportado 12 feminicidios en los que el patrón dominante es que el agresor pertenece al entorno familiar cercano.
La violencia contra las mujeres en Honduras ha incrementado significativamente en los últimos meses del corriente año. Según las declaraciones de feministas y expertas en los derechos de la mujer, no sienten un compromiso por parte de la mandataria Xiomara Castro para enfrentar esta problemática que cada 21 horas cobra la vida de una mujer hondureña.
“Instrumentalización de los derechos de las mujeres” no solo por parte del actual Gobierno de Castro, sino que también de la ahora oposición conformada en gran parte por el Partido Nacional, es lo que perciben las feministas entrevistadas por Expediente Público.
Asimismo, consideran que los derechos de las mujeres se encuentran en un “segundo plano”.
