* El 18 de abril del 2018 las manifestaciones cívicas se extendieron por toda Nicaragua y desataron una sangrienta represión estatal que dejó al menos 355 muertes a manos de paramilitares y la Policía. Cinco años después los crímenes continúan con el intento de borrar la memoria del levantamiento social.
** Las investigaciones de la CIDH y de Naciones Unidas concluyeron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió delitos de lesa humanidad al ordenar ataques armados que dejaron 355 civiles muertos a manos de paramilitares y grupos de choque apoyados por la Policía y el Ejército.
*** Desde el exilio, familiares y víctimas, haciendo uso de la justicia universal, se preparan para iniciar procesos judiciales en países como Argentina, donde ya existe una investigación contra Ortega, Murillo y sus funcionarios.
Expediente Público
Este 18 de abril se cumplen en Nicaragua cinco años del inicio del mayor baño de sangre y crímenes de lesa humanidad ejecutados por la Policía, paramilitares y grupos de choque contra civiles bajo la orden directa de Daniel Ortega y Rosario Murillo que dejó también miles de heridos, detenidos y exiliados.
Ese día pero del 2018 se desataron en este país centroamericano multitudinarias protestas debido a la represión del régimen contra personas jubiladas que reclamaban por la reducción de las pensiones y de estudiantes que exigían acción del Estado para sofocar un extendido incendio en la reserva Indio Maíz, cerca del río San Juan, al sur.
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, asegura a Expediente Público que el abuso de poder que desató las protestas cívicas, cinco años después, se ha multiplicado inmensamente y durante ese tiempo todo el pueblo de Nicaragua ha sido víctima de una constante represión y persecución.
“Estamos frente a una sistemática y grave violación a derechos humanos, un sistema de represión que no cesa y, por el contrario, cinco años de consecutiva persecución, criminalización y crímenes de lesa humanidad que aún están en curso”, asegura el defensor de derechos humanos.
Hasta niños asesinados
La respuesta estatal fue la tenebrosa frase de la vicepresidenta Rosario Murillo quien ordenó a sus seguidores: “Vamos con todo”. De inmediato fueron armados paramilitares y grupos de choque que, con el apoyo directo de la Policía y el Ejército, atacaron a balazos las protestas provocando en pocos meses la muerte de al menos 355 personas en 2018, según organismos de derechos humanos.
Entre los primeros fallecidos estuvo el joven Álvaro Conrado, de solo 15 años, quien murió de un disparo en el cuello de un francotirador ubicado en el Estadio Nacional de Managua, mientras miles de estudiantes protestaban.
A mediados de junio de 2018 en el populoso barrio Carlos Marx de Managua, grupos paramilitares apoyados por la Policía, quemaron una casa en la que murieron carbonizados dos menores de edad y cuatro adultos.
Luego falleció Taylor Lorío Navarrete, que tenía 14 meses cuando fue asesinado de un balazo en la cabeza por fuerzas paramilitares el 23 de junio del 2018, mientras su papá lo cargaba en sus brazos, huyendo de la represión en el barrio Las Américas 1, en Managua.
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El 2018 más sangriento
Ese mismo mes, en Masaya, el joven Javier Junior Gaitán Hernández de 15 años murió tras salir a apoyar las protestas. En la zona del mercado, varios policías lo detuvieron. Aunque el joven se arrodilló suplicando por su vida, lo mataron a balazos. Al menos 29 niños murieron durante los meses de ataque a civiles.
La lista de crímenes y abusos a los derechos humanos siguió aumentando y, tras cinco años, no ha habido justicia para ninguna de las más de trescientas víctimas. Además, el régimen de Nicaragua ha confiscado medios de comunicación, ha mantenido en prisión a miles de opositores, los ha torturado, los ha desterrado, les ha quitado la nacionalidad y les ha confiscado sus bienes.
Desde el 2018 hasta la fecha, el régimen sandinista aniquiló todo: encarceló a sus opositores, ha violentado los derechos humanos, mantiene al menos a 58 personas como presas políticas, ordenó el cierre de 3,363 organizaciones sin fines de lucro, y despojó de su nacionalidad, de manera arbitraria a 317 nicaragüenses.
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Violaciones sistemáticas
La represión también alcanzó a la Iglesia católica, a la cual mantiene asediada en las diferentes iglesias y parroquias de Nicaragua. Mantiene encarcelado y como prisionero político a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y una figura representativa del catolicismo en el país, condenado a 26 años de cárcel.
En tanto, ha obligado al exilio a otro grupo de sacerdotes, liderados por monseñor Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román a quienes también se les despojó de su nacionalidad.
Carrión, dice que, en la actualidad la represión tiene el agravante de que se ha fortalecido a través del sistema totalitario que impera en el país, acompañado de una maquinaria de terror para mantener a flote el poder. También, destaca que, durante los cinco años de lucha cívica, la represión no ha cesado, porque los nicaragüenses no han desistido de sus demandas legítimas y de su derecho a vivir en libertad.
“Todo derecho que se quiere ejercer; es un derecho que inmediatamente es focalizado y sometido a todo tipo de opresión”, señala.
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Denuncia internacional
La represión y el hostigamiento ha sido monitoreado y documentado por diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos a nivel internacional.
Tal como lo hizo el Grupo de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en marzo de este año reveló en un informe que el sandinismo ha cometido crímenes de lesa humanidad en contra de los ciudadanos.
“El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución”, señaló el informe.
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Investigación avanza en Argentina
La negativa del régimen de respetar los derechos humanos de los presos políticos y de 88 personas que han sido beneficiadas con medidas provisionales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue denunciada recientemente en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta, concluyó que el desacato “permanente” del régimen erosiona la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
Hasta la fecha, Daniel Ortega y Rosario Murillo son investigados penalmente en Argentina para comprobar su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad. Una de las demandas fue presentada por los abogados, de origen argentino, Darío Richarte y Diego Pirota; y la segunda, por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH).
El abogado Darío Richarte aseguró a Expediente Público que ambas denuncias se unificaron y, explicó, que se hizo para evitar “dispersar los esfuerzos del sistema judicial argentino”.
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Actualmente la denuncia se encuentra en la etapa de la investigación y el juez está recolectando las pruebas necesarias “para lo que esperamos sea la definición de la imputación contra Ortega, Murillo y el resto de los funcionarios y cómplices que hemos denunciado”.
Además de investigar a la pareja, la causa va dirigida a cómplices de las desapariciones, asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores en Nicaragua.
Víctimas se sumaron como querellantes
A criterio del abogado argentino, con la denuncia se ha avanzado en un tiempo menor al que se esperaba. También, explicó que desde que esta se presentó, han interpuesto varias ampliaciones y que siguen encontrando, de manera constante, nuevas atrocidades perpetradas por el régimen.
Reveló a Expediente Público que algunas víctimas que presentaron en la denuncia se convirtieron en querellantes y ahora son parte de la investigación; y podrán ofrecer pruebas o pedir medidas para demostrar los hechos denunciados.
Para el abogado argentino, la causa penal contra del régimen les permite a los nicaragüenses “alguna luz de esperanza en que se haga justicia” y demostrar que en Nicaragua existe una dictadura criminal.
“Ojalá sirva para acelerar el final de la dictadura y que, luego de ese final, cuando el sistema judicial de Nicaragua logre la independencia que hoy no tiene, pueda juzgar a los criminales y valerse de la investigación realizada en Argentina para que se haga justicia”, dijo.
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Sin embargo, explicó que es una investigación compleja que no puede resolverse de un momento a otro, por lo que no puede realizar un pronóstico sobre cuánto tiempo pueden esperar las víctimas para que haya justicia.
“No queremos generar expectativas en un pueblo que ya se encuentra herido por la triste realidad de su patria”, agregó.
