*La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participa en la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), estima que el continente hace un esfuerzo por restablecer la democracia.
*Los ataques contra la Iglesia católica en Nicaragua, es un síntoma de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden “acallar absolutamente todas las voces”, dijo la relatora.
Expediente Público
La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, consideró oportuno aprovechar el contexto de la 53 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar la “situación de opresión, de oscurantismo” que vive Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Cuando hablamos de que hay persecución en el ámbito de la Iglesia, entonces, uno tiene que calificar que se quieren acallar absolutamente todas las voces, eso no puede ser en un país que dice democrático”, respondió Arosemena de Troitiño a medios de prensa, entre ellos Expediente Público.
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre Libertad Religiosa Internacional, recoge varios de los ataques perpetrados por el régimen contra la Iglesia en Nicaragua a lo largo del año 2022.
Detenciones, exilio y agresiones verbales contra sacerdotes y obispos a quienes tachan de “criminales” y “golpistas”, y acusándolos de incitar a la violencia, fue la tónica predominante de los últimos meses.
Monseñor Rolando varez, obispo de la diócesis de Matagalpa lleva 306 días preso, desde el 19 de agosto de 2022 cuando fue trasladado a Managua.
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El obispo Álvarez -junto a seis miembros del clero y un laico que ahora viven desterrados- estuvo bajo arresto domiciliario de facto durante más de dos semanas en la Casa Arzobispal de Matagalpa.
Sobre él pesa una condena de más de 26 años por haberse negado al destierro el 9 de febrero de 2023.
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Comunidad internacional debe poner ojos en Nicaragua
La Asamblea General de la OEA abordará nuevamente le tema de Nicaragua y el impacto que están teniendo los actos represivos de Ortega y Murillo.
Los Estados miembros preparan una resolución en la que se muestran “profundamente preocupados” por las denuncias de violación grave y sistemática, entre otras cosas, del derecho a la libertad religiosa, la detención arbitraria, el hostigamiento y la expulsión injustificada de miembros y clérigos de comunidades religiosas.
Ante la posición de la delegación de Brasil que pretende cambiar un párrafo en el documento de la resolución de la OEA en el que se pide el “retorno” de la democracia en el país centroamericano, y en su lugar poner el «fortalecimiento», Arosomena respondió que “Nicaragua necesita que la comunidad internacional mire lo que está pasando en su interior, en su forma de conducir la vida democrática”.
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“Tenemos que hacer un análisis de lo que esto implica. Yo creo que la posición del continente, de los países, es colaborar, cooperar, para que Nicaragua haga un análisis de la necesidad de la vida democrática y todo esfuerzo en esa línea hay que utilizarlo”, insistió la relatora de la CIDH.
La secretaria general de relaciones exteriores de Brasil, que participa en la Asamblea General de la OEA, María Laura de Rocha, al ser consultada por Expediente Público evitó hacer comentarios sobre la situación de Nicaragua y se limitó a decir que el proyecto de resolución “está en proceso de discusión”, porque continúa siendo un “borrador”.
Crisis de derechos humanos
En un comunicado del 16 de junio, la CIDH rechazó la continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
“El tema de Nicaragua es un tema que lo calificamos, así, de derechos humanos. Hoy el país requiere de esta visión de derechos humanos para atender todas las situaciones que la población nicaragüense está viviendo, siente opresión, silenciamiento, exilio, entonces, un país que se dice democrático, que tiene una proyección de política de democracia, no puede haber esa persecución por una voz disidente”, insistió la relatora.
La CIDH denunció que, entre los meses de abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos.
Las detenciones se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos.
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“Lo que ha dicho la Comisión Interamericana es que se va recrudeciendo la problemática del respeto a los derechos humanos” en Nicaragua.
Insistió Arosemena que “ccuando hablamos de los presos políticos, cuando hablamos de las condiciones de las cárceles, pero cuando hablamos de quitarle a la gente sus pensiones, porque han sido despatriados, quitándoles su condición de ciudadanos, el hecho de que yo tenga una pensión por mi trabajo que he desarrollado toda mi vida, lo que ha calificado la Comisión Interamericana es que esto es una posición arbitraria ilegal y violatoria de derechos», concluyó.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró en abril 55 detenciones por motivación política, de las cuales 38 continúan en cárcel y 11 se incluyen en la lista de ese mes.
