*Expediente Público entrevistó a la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien aseguró que siguen reuniendo información sobre los abusos del régimen nicaragüense para llevar los casos a la justicia universal.
Expediente Público
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) continúa monitoreando la situación de Nicaragua, recopilando testimonios de violaciones de derechos humanos y prepara un reclamo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que libere a monseñor Rolando Álvarez, encarcelado, además de que se presente un informe sobre el estado de salud del obispo de Matagalpa, informó a Expediente Público la relatora para Nicaragua Esmeralda Arosemena de Troitiño.
“Estamos por preparar un reclamo a Nicaragua sobre el caso de monseñor Álvarez. Si hubiera democracia, tuviéramos acceso a toda la información de lo que está pasando en Nicaragua. Cuando (Ortega) manda a callar a la Iglesia es porque no la hay (democracia) y todo tiene que ser mantenido en secreto”, denunció la comisionada en la entrevista.
El el obispo de Matagalpa fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por el régimen de Ortega supuesta traición a la patria y enviado la cárcel La Modelo, la principal penitenciaría el pasado 26 de febrero, después de estar seis meses en arresto domiciliar.
Arosemena como exmagistrada de la Corte Suprema de Panamá se sorprende de lo que sucede en Nicaragua porque conoció a las magistradas nicaragüenses del Poder Judicial, a quienes consideraba mujeres capaces, pero ahora lamenta haber perdido el contacto con ellas.
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Meseni activo
En 2017, como relatora de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intentó viajar a Nicaragua para promover los derechos de la infancia, pero le negaron la entrada bajo el argumento que el Estado no podía garantizar su seguridad, recordó Arosemena.
La CIDH mantiene activo el Meseni que surgió en junio de 2018. Arosemena estuvo en el país para conocer la situación de derechos humanos, pero fue expulsada ese mismo año junto con los otros miembros del equipo y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
Desde entonces el Meseni mantiene una línea de comunicación con las organizaciones, líderes políticos y otros gremios, incluyendo la prensa independiente, dijo la comisionada de la CIDH.
“Con el recrudecimiento de la situación en Nicaragua, el Meseni ha participado en encuentros con la diáspora en Estados Unidos y Costa Rica. El papel que hace tiene una proyección de futuro, recoge memoria para que estos hechos ocurridos tengan un registro que permita a la sociedad nicaragüense, en algún momento, una justicia transicional, una documentación que permita exigirle responsabilidades correspondientes a los autores de estos delitos calificados de lesa humanidad”, sostuvo.
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Relación de CIDH con GHREN
“Estamos denunciando estos hechos, los mandatos los tenemos de los Estados, que determinan si están de acuerdo con que estas cosas ocurran en nuestros países, o nos callamos y volteamos las miradas. Sirven (los informes) para que después que pasen los años podamos decir (como ocurrió con) Hitler, Mussolini, Stalin… No hay que callar”.
La Comisión documentó por primera vez la existencia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, gracias al trabajo in situ del GIEI. Estas conclusiones coinciden con las del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (GHREN), del 2 de marzo pasado, en la cual se revela que estos abusos se siguen cometiendo.
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Arosemena explicó que desde el Meseni tuvieron la oportunidad de intercambiar mucha información que manejaban con las reservas de la protección de todas las víctimas.
“El grupo de expertos tiene un valor agregado. Su mandato va dirigido precisamente a identificar si hay penalmente responsables individuales”, afirmó.
“Las investigaciones llevan precisamente a la identificación de todas estas violaciones de Derechos Humanos fundamentales como delitos de lesa humanidad a los que el régimen de Ortega Murillo tendrá que responder”, sostuvo.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas podría extender el plazo del GHREN, peor también decidirá si extiende su mandato con ejes temáticos más específicos o profundos, explicó Arosemena.
Destierros
Arosemena también informó que entrevistó a un grupo de desterrados nicaragüenses y recordó que Nicaragua firmó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, pero a “Ortega le importó un bledo”. Sin embargo, el derecho internacional está para exigir su cumplimiento.
Ortega despojó el mes pasado a 316 nicaragüenses de su nacionalidad, incluyendo los 222 presos políticos desterrados el 9 de febrero a los Estados Unidos.
Estos se califican como delitos de lesa humanidad porque “quieres destruir, física, mental y civilmente a la persona. Cuando se dio la liberación (de los presos políticos), tuve un sentimiento ambiguo, porque conozco las condiciones infrahumanas en las que estaban y todavía siguen. Son libres porque están fuera, pero están en una situación que hemos tomado nota. Implica todo el procedimiento de arreglar sus problemas migratorios y cómo van a vivir”, afirmó.
“Lo que está pasando en Nicaragua es un temor a perder el control absoluto. Al quitar la nacionalidad, confiscar bienes y pensiones ¿qué es eso, de qué estamos hablando? Es el totalitarismo, más que dictadura, un querer controlar absolutamente todo”, afirmó.
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La CIDH espera reunirse con funcionarios de Estados Unidos para coordinar fórmulas, procedimientos y herramientas que puedan facilitar a estas personas desterradas un reinicio, pero también esperan gestionar con otros países facilidades para tramitar las documentaciones para otorgarles nacionalidad.
Arosemena recomendó flexibilizar estos trámites, porque estas personas siguen con mucha presión por la amenaza hacia sus familiares. “No se pueden estar movilizando tanto demandando tantas cosas, porque en Nicaragua sus familias sufren los hostigamientos y las amenazas. Es una situación de altísima complejidad”.
Prohíben viacrucis
La cancelación de libertades en Nicaragua llegó hasta a la prohibición de los tradicionales viacrucis en Semana Santa. “Más que la propia libertad religiosa, es cerrar el espacio de la espiritualidad, y a mí me extraña mucho de esta señora Rosario Murillo, porque en un momento creí que era dada a anteponer el pensamiento espiritual, pero ese pensamiento espiritual lo quiere ahora callar, pero el espíritu no lo calla nadie”, manifestó la comisionada.
“Y si se dicen cristianos en la línea del cristianismo en que estén, estarían violentando el principal mensaje de Jesús, en materia de reconocer la dignidad y libertad del otro ser humano, porque cuando queremos callar el espíritu, queremos callar a Dios. Eso no tiene perdón ni humano ni divino”, agregó.
