*Costa Rica, que no es del CA-4, ha activado un protocolo especial ante las últimas arbitrariedades en Nicaragua.
**Aunque las leyes de migración de Honduras, Guatemala y El Salvador establecen prerrogativas para los exiliados, solicitantes de refugio y perseguidos políticos, en la práctica se enfrentan a la burocracia e intereses políticos.
Expediente Público
Entre el 9 y el 15 de febrero del 2022, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua despojó de su nacionalidad a 316 ciudadanos nicaragüenses, de los que 222 eran presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y 94, opositores de los que la mayoría estaba en el exilio.
Privadas ilegalmente de su nacionalidad nicaragüense, estas 316 personas pasaron a la condición de apátridas, por lo que varios países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, España y México, les ofrecieron nacionalizarlos.
Las personas apátridas, señala la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “pueden tener dificultades para acceder a derechos básicos como educación, atención médica, empleo y libertad de movimiento”.
En el caso de los 94 opositores antes mencionados, la situación reviste de mayor incertidumbre, ya que fueron declarados también “prófugos de la justicia”.
Expediente Público constató que aunque no aparece sobre ellos ninguna alerta en la página de la Policía Internacional (Interpol), se infiere que hay un riesgo latente de que en un futuro sean capturados, pero todavía se desconoce qué acciones tomará el régimen de Daniel Ortega, que además de la nacionalidad los despojó de sus bienes y los declaró “traidores a la patria”.
Susbríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
¿Por qué guardan silencio los del CA-4?
Dado lo anterior, ¿qué dicen las leyes de los países que, además de Nicaragua, conforman el CA-4, es decir Honduras, El Salvador y Guatemala?.
En 1991, las cuatro naciones acordaron permitir a sus ciudadanos viajar a cualquiera de esos territorios sin necesidad de pasaporte, con solo el carné de identidad.
Pero hay que mencionar también que ninguno de los gobiernos de esos tres países se ha pronunciado sobre esta última arbitrariedad del régimen nicaragüense, lo que es interpretado como una forma apoyo que no deja de generar temor entre los despatriados que por diversas razones pueden verse en la necesidad de viajar a Honduras, El Salvador o Guatemala.
Lea también: Así fue la “operación azul y blanco” para sacar de Nicaragua a los 222 expresos políticos
Antes de Nicaragua, la dictadura de Augusto Pinochet, que se instauró hace 50 años en Chile y duró 17 años, despojó a nueve personas de su nacionalidad, dijo a Expediente Público el analista guatemalteco en temas migratorios, Fernando Castro.
Evitar fricciones con Ortega
De allí que a su criterio lo actuado por el régimen sandinista “debe ser recibido con una fuerte reacción por parte de líderes democráticos” de América Latina y el resto del mundo, ya que a los más de 300 nicaragüenses se les ha violado un derecho humano.
No obstante, ninguno de los demás países del CA-4 se ha pronunciado, para “evitar fricciones entre los gobiernos”.
Castro criticó que el régimen de Ortega haya calificado como “deportación” la expatriación de los 222 presos políticos, ya que es completamente inaplicable. «Es una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido algún delito en un país y están llamados a la deportación”.
En opinión del analista, si alguno de los 94 opositores despojados de su nacionalidad pretende ingresar a El Salvador, Honduras o Guatemala, puede acogerse como refugiado en cualesquiera de esos países, al encontrarse en una situación en la que peligra su vida.
Para ahondar en el tema, Expediente Público trató de concertar entrevistas con autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Instituto Nacional de Migración de Honduras, pero a pesar de las respuestas a los mensajes, nunca se recibió una fecha para su realización.
Además: Historias de los 222 presos políticos desterrados de Nicaragua
Lo que dicen las leyes
En el caso de El Salvador, la Ley de Migración establece un principio de no devolución a otro Estado de aquellas personas extranjeras, “cuando haya razones fundadas para considerar que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad”.
Sobre las personas apátridas, la misma ley establece también un principio de no sanción por el ingreso irregular “a condición que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa justificada de su ingreso o permanencia irregular”.
Expediente Público conversó con una periodista nicaragüense radicada en El Salvador y que a condición de anonimato compartió su experiencia en ese país centroamericano.
Hay que recordar que los periodistas críticos con el régimen han sido uno de los gremios más perseguidos en Nicaragua.
“Oficialmente, el gobierno (salvadoreño) nunca ha dado una declaración en cuanto a su posición frente a la dictadura de Daniel”, mencionó la comunicadora, quien llegó a ese país en 2018 y nunca ha recibido apoyo de las autoridades.
Aunque hay solidaridad entre ellos, los nicaragüenses en El Salvador no están organizados, en parte porque todavía en 2018 estaban los últimos representantes del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Muchos se abstuvieron de pedir refugio porque “lo más probable es que nos deportaran más rápido”, dijo la comunicadora, al tratarse de autoridades afines a Ortega y que incluso ahora están refugiados en Nicaragua, bajo la protección de la dictadura.
Solo dos casos
“Ahora con este nuevo Gobierno, solo he conocido dos personas que han pedido asilo”, compartió, la periodista, para quien El Salvador es más un país “de pasada” para los nicaragüenses, en parte por la inseguridad, pero también por la desconfianza que genera la relación cercana entre ambos países, cuyos embajadores se rinden mutua “pleitesía”.
De su lado, en Guatemala, el Código de Migración establece la “no devolución” de aquellas personas, aunque se les deniegue el reconocimiento de estatuto de refugiado o asilado, cuando “exista razón fundada de poner en grave peligro su vida, su integridad física y su libertad”.
Al respecto, Fernando Castro añadió que cualquier persona que se sienta amenazada de regresar a su país y peligre su vida en un momento determinado puede solicitar refugio en Guatemala, aunque consideró que el proceso es sumamente largo y que debería acelerarse por la necesidad y urgencia de esos casos.
Lea también: Estos son los pilares que sostienen al régimen de Daniel Ortega
Pasaportes de emergencia en Honduras
La Ley de Migración y Extranjería de Honduras reconoce la condición de apátrida a aquella persona que carezca de nacionalidad y establece que en ningún caso será obligada a retornar al país donde sus derechos se sientan amenazados. Además, que se podrá expedir pasaportes de emergencia a extranjeros en condición de refugiados, asilados o apátridas.
Pero, ¿qué pasa con aquellas personas exiliadas que fueron despojadas de su nacionalidad y declarados prófugos de la justicia, que tengan su pasaporte nicaragüense vigente y quieran ingresar de visita a Honduras, ya sea desde países del CA-4 u otros?
Un oficial del Instituto Nacional de Migración, que habló extraoficialmente con Expediente Público, explicó que mientras el pasaporte no haya caducado, el exiliado puede ingresar a cualquier país, incluyendo a Honduras.
Aseguró que el hecho de que esté acusado de algún delito en el país de donde ya ha sido exiliado y se le considera prófugo, no le afectaría a menos que por parte de las autoridades de Nicaragua se hagan gestiones para su captura a través del Ministerio Público o dirección policial.
En Honduras, evaluación de casos
“Si hay alguna orden a través de Interpol a nivel internacional para que ese sujeto sea aprehendido la orden es ejecutada, dependiendo del país donde se encuentre”, continuó.
No obstante, el oficial de Migración explicó que cada caso es analizado de forma individual y, primero que todo, se evalúa qué es lo que pasa en el país de donde procede el ciudadano.
La deportación a Nicaragua dependerá del tipo de delitos que pesen en su contra, pero “si se trata de otro tipo de situaciones, de asilados, de refugiados, pues ahí se evalúan esos casos y se consideran”.
La experiencia de un periodista nicaragüense que pidió ocultar su nombre ilustra un poco lo anterior.
A principios de marzo decidió salir de su país y aunque evitó el cerco policial y militar en el lado de Nicaragua, cumplió con el prechequeo de siete días para ingresar a Honduras legalmente.
El comunicador, que ha sido objeto de investigación judicial por su trabajo como periodista, fue requerido en el lado hondureño por una patrulla policial que lo interceptó después de ver que había ingresado al país desde un punto ciego nicaragüense.
Una experiencia en Honduras
“Empezaron a decirme que solamente los delincuentes que huyen de la justicia en su país evitan pasar por los puestos policiales fronterizos” y le dijeron que tenían dos opciones, detenerlo por violación a las leyes migratorias de Honduras o entregarlo a la policía nicaragüense.
Les pidió que lo metieran preso en Honduras porque si lo entregaban a la policía nicaragüense lo más probable es que su vida correría peligro. “Me pueden echar preso, me pueden desaparecer o me pueden torturar porque soy periodista y me considero perseguido político”, les explicó.
Dicho lo anterior, lo llevaron a una caseta, le pidieron que abriera su mochila para ver que no llevaba armas ni drogas y que les mostrara sus credenciales profesionales.
Les pidió que le permitieran encender su computadora, donde tenía encriptada toda su información, pero luego uno de los policías le dijo: “Mire, usted es periodista, cierre su computadora, sabe qué, eso nos hubiera dicho de entrada”.
¿Qué pasa con Costa Rica?
Los policías le hablaron de un protocolo de seguridad y luego llamaron por radio a un delegado de Migración, a quien le explicaron el caso. El funcionario lo llevó a otra oficina y después de hacer los trámites para su ingreso legal, le dieron un permiso de quince días para circular por Honduras.
Aunque Costa Rica no integra el CA-4, es el segundo principal destino de los nicaragüenses, superado solo por Estados Unidos. Este país centroamericano tiene 180 mil solicitudes de refugio, de las que el 92 por ciento son nicaragüenses, dijo a Expediente Público la directora de Migración, Marlene Luna.
Informó que muchos de los nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad “ya son refugiados y solicitantes de refugio” en Costa Rica y que “estamos avalando un procedimiento especial para su atención más rápida y expedita”, de tal manera que se espera que en menos de tres meses estén resueltas las solicitudes.
La directora de Migración dijo que los nicaragüenses que tienen su pasaporte vigente, aún si fueron despojados de su nacionalidad, pueden viajar a Costa Rica. En caso de que soliciten refugio y les sea denegado, no podrían ser devueltos a Nicaragua porque están protegidos por varias normativas internacionales.
Luna dijo que en Costa Rica hay apátridas, pero porque desde que nacieron nunca fueron reconocidos por ningún país, pero no tenía conocimiento de otro caso parecido al de Nicaragua, cuyo Gobierno es el que los ha despojado de la nacionalidad.
