*Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro del Wilson Center, cree que el problema de la corrupción en Honduras va mucho más allá de Juan Orlando Hernández.
**El experto en temas de Centroamérica afirmó que debe haber un compromiso claro del Gobierno hondureño en la selección del nuevo fiscal general y de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Expediente Público
Estados Unidos cometió algunos errores muy importantes con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien brindó su apoyo pese “a que había evidencias bastantes claras de sus vínculos con el narcotráfico”, dijo a Expediente Público en una entrevista exclusiva el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro del Wilson Center, Eric Olson.
El 14 de febrero, 18 días después de cesar en su cargo como presidente de Honduras, el gobierno estadounidense solicitó la extradición de Hernández, a quien acusa de al menos tres delitos relacionados con el tráfico de cocaína y armas.
Según la acusación de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, el exmandatario habría participado desde el año 2004 hasta este año en una “conspiración violenta” de narcotráfico que significó el traslado de más de 500 mil kilos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos.
En esos 18 años, Hernández ocupó durante ocho años el cargo de presidente de Honduras, tras reelegirse en 2017 en unas elecciones generales señaladas de fraudulentas.
Para Olson ese fue otro error de los Estados Unidos que entonces “lo habían apoyado políticamente en las elecciones del 2017”, lo que en su opinión les creó “un problema de credibilidad” entre el pueblo hondureño.
“Había mucho rechazo de Juan Orlando y el hecho de que Estados Unidos se viera como un aliado de Juan Orlando, provocó una crisis de confianza en Honduras sobre el papel de Estados Unidos”, explicó.
Visita de vicepresidenta Kamala Harris
representa una nueva etapa
No obstante, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris para la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro el pasado 27 de enero, “representa un mensaje muy importante” y “es que Estados Unidos está pasando a una nueva etapa, quiere trabajar de nuevo con el Gobierno de Honduras y que acepta que el expresidente Juan Orlando representa o representaba mucha corrupción en el Gobierno”, analizó Olson.
La revocación de la visa al exmandatario, su inclusión en la lista Engel desde julio de 2021 y la posterior solicitud de extradición, es para Olson un intento de “rescatar la imagen y la política de Estados Unidos en Honduras, que tanto había sufrido por la relación con Juan Orlando en estos últimos años”.
Corrupción no termina con JOH
La decisión de enviar a la vicepresidenta Harris representa también el mensaje de que “hay cierta esperanza de que Honduras pueda revertir esa larga y triste historia de corrupción sistemática que ha perjudicado al país por las últimas tres décadas”, valoró Olson.
Pero sería un grave error creer que esa corrupción desaparecerá una vez que el expresidente de Honduras sea extraditado y presentado antes los tribunales estadounidenses. “Estados Unidos -creo yo- reconoce que el problema de la corrupción va mucho más allá del tema de Juan Orlando” y “tratar de lograr que haya justicia en ese caso es un primer paso, pero no es el único paso”, agregó.
La creación de una Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) “es sumamente importante”, pero también hay que “buscar soluciones institucionales a la corrupción”, sostuvo.
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Si bien la corrupción en la región afecta a Estado Unidos de muchas formas, primero “afecta a los propios países y los ciudadanos, no importa que sea Nicaragua, Honduras, El Salvador, México…” al debilitar la democracia, las instituciones y el Estado de derecho.
La corrupción causa que se pierda la esperanza, que la ciudadanía sea expulsada o decida migrar, y “hace mucho más difícil también para Estados Unidos seguir apoyando la democracia en esos países”, estimó el analista.
A su criterio, debe haber un compromiso claro del Gobierno en el proceso de selección del nuevo fiscal general y de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, ya que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, están debilitados y comprometidos políticamente con la corrupción y los sistemas de impunidad, señaló Olson.
El legado del nuevo Gobierno
De ahí que se debe tener capacidad para seleccionar autoridades realmente independientes de los políticos y con un compromiso con el Estado de derecho, algo que “ha faltado mucho en el caso de Honduras” y que podría ser un legado muy importante del nuevo Gobierno.
Otro punto importante es que se deshagan las leyes de impunidad en el Código Penal, que se reformó para que los corruptos no tuvieran “que padecer ni sufrir en los penales ni en los tribunales”.
Esas leyes que formaron el pacto de corrupción e impunidad, fueron aprobadas por el anterior Parlamento dominado por el Partido Nacional, con el apoyo de personas de los partidos Liberal y Libre, este último, el que llevó a Castro al poder.
En ese sentido, Olson calificó como positivo y optimista el compromiso de Castro y del nuevo Congreso para revertir esas leyes, aunque reconoció que hay preocupación por la ley de amnistía recién aprobada.
Ese decreto “provoca cierta reacción negativa por parte del pueblo hondureño y de Estados Unidos. Así que la solución no termina con Juan Orlando, empieza con Juan Orlando”, especificó.
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Relación con gobiernos autoritarios y antidemocráticos
Otra inquietud sobre el futuro de Honduras, es la relación de la presidenta Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), con los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, Venezuela, Nicolás Maduro y otros países antidemocráticos y autoritarios.
“Eso siempre es una preocupación”, expresó Olson a Expediente Público, y consideró necesario incentivar al nuevo Gobierno a trabajar para construir una nueva y más respetuosa democracia, y no para destruirla “como ha sucedido en Nicaragua y Venezuela”.
Para Olson solo hay dos opciones: “Si Honduras va por el camino de Nicaragua o Venezuela, le espera el aislamiento”, lo que resultará “en un sufrimiento” para sus ciudadanos. Mientras que “si trabaja con la comunidad internacional, Europa, Estados Unidos, Canadá, para construir una nueva democracia, el resultado para los hondureños será una respuesta a sus necesidades de seguridad y oportunidades económicas”.
Derechos humanos en Honduras y Nicaragua
Una de las principales denuncias contra el Gobierno de Ortega tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos; que fueron atribuidas a inventos de los medios de prensa, según el expresidente Zelaya en una entrevista con Expediente Público.
Consultado al respecto, Olson dijo desconocer a qué se refería específicamente el exmandatario, “pero a mí me consta que la información, los informes, todo lo que se ha ido recogiendo sobre la situación en Nicaragua y los derechos humanos es sumamente preocupante” y no es una invención que hay opositores encarcelados por sus manifestaciones políticas pacíficas opuestas al régimen.
“Creo que aquí no se puede hablar de invenciones de violaciones a derechos humanos en Nicaragua y creo que también reconocemos que hay muchas violaciones a los derechos humanos en Honduras que hay que enfrentar y subsanar”, alertó el integrante del Wilson Center.
Mencionó en el caso hondureño el de los defensores del río Guapinol, presos desde hace más de dos años por oponerse a un proyecto minero, y que pese a la reciente amnistía aprobada por el Congreso Nacional siguen encarcelados; la desaparición forzada en julio de 2020 de cinco defensores garífunas de derechos humanos y el asesinato en 2016 aún impune de la lideresa indígena Berta Cáceres.
“Hay que tomar acciones muy concretas para revertir estas grandes injusticias y yo esperaría que el Gobierno de Castro así lo haga”, manifestó Olson.
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Algunos retos en materia de seguridad
En su toma de posesión, la presidenta Castro anunció que concentraría los esfuerzos de su Gobierno en educación, salud, empleo y seguridad.
Sobre este último, Eric Olson destacó que uno de los retos más importantes es continuar con la depuración de las instituciones de seguridad pública.
“Se lograron algunos avances en su momento en la depuración de la Policía Nacional, pero ahora se está hablando de regresar toda esa gente”, dijo en referencia al anuncio de que más del 85 por ciento de los policías depurados serán reintegrados tras ganar las demandas presentadas contra el Estado.
Muchos de ellos son “corruptos que no tienen condiciones para servir como un policía” y su retorno “sería francamente un gran error porque debilita las instituciones”.
Otro tema es la Policía Militar del Orden Público (PMOP) creada en 2013, cuando Juan Orlando Hernández ocupaba la presidencia del Congreso Nacional.
“Ahí hay mucho problema de violación a los derechos humanos y de corrupción”, señaló Olson, quien recordó que el Gobierno de Barack Obama fue muy claro en que no iban a apoyar esa Policía, y consideró que lo que habría que hacer es “limitar o hasta deshacer” dicha unidad para fortalecer las capacidades de la policía civil.
La prevención de la violencia
“Ese ha sido el compromiso de la presidenta Xiomara Castro y yo creo que Estados Unidos debe apoyarla a ella” en ese proceso, “y mínimamente asegurar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no apoyen la continuidad de la policía militarizada” como lo han venido haciendo con el pretexto del narcotráfico. “Esto sería un logro”, indicó.
Finalmente, manifestó que el Gobierno de Castro debe invertir “mucho más” que el anterior en la prevención de los homicidios.
“Yo creo que el compromiso de este Gobierno pasado, el de Juan Orlando, era muy pobre, era muy poco, y no logró mucho en ese sentido, habría mucho más que hacer en la prevención de la violencia en Honduras”, donde la tasa de homicidios es de 40 por cada cien mil habitantes, una de las más altas del mundo.
