Más allá de la ley propuesta por un grupo de senadores que buscan sanciones contra el presidente Juan Orlando Hernández, hay señales de un giro radical de la política estadounidense hacia Honduras.
Expediente Público
Independientemente de que la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras 2021” sea aprobada o no, el mensaje de un grupo de senadores es que las autoridades en Washington están “exhaustas por los niveles de corrupción en Centroamérica, pero particularmente en Honduras”, y que no deben esperar que Estados Unidos siga ignorando esta situación, indicó a Expediente Público Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro del Wilson Center.
El martes 23 de febrero de 2021 el senador por Oregon, Jeff Merkley, presentó la iniciativa de ley que, de ser aprobada, obligaría al presidente Joe Biden a aplicar una serie de sanciones, desde retirar la visa y congelar los activos del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, hasta suspender cualquier tipo de apoyo a las fuerzas militares y policiales por sus implicaciones en violaciones a Derechos Humanos.
Además, sugiere la creación de un organismo de investigación de la corrupción bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas, similar a la CICIG que funcionó en Guatemala; pero también mencionan los reiterados señalamientos de la Fiscalía estadounidense de que el mandatario habría ayudado a narcotraficantes a cambio de dádivas económicas que le permitieron impulsar su carrera política.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de ese país, durante 12 años cooperó con el Ministerio Público en desactivar algunas de las mayores redes de corrupción como la que terminó con el encarcelamiento del expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
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“Ha habido claros mensajes de personas cercanas al presidente Biden, que han dicho que es inaceptable la situación de corrupción que permea los procesos políticos de Honduras” y que Estados Unidos no puede seguir siendo socio de un país que vive tales procesos, enfatizó Olson, quien es un reconocido autor de libros de análisis sobre la situación política y de seguridad en el Triángulo Norte.
Añadió que “esta propuesta de ley señala particularmente al presidente Juan Orlando Hernández, pero refleja un malestar más amplio en el sentido de que los problemas de Honduras son serios y hay que señalar claramente que para Estados Unidos no es aceptable esta situación y que no debieran esperar a que Estados Unidos se olvide o voltee los ojos y no vea esta situación en Honduras”.
¿Solo testimonios?
En distintas ocasiones en que el presidente Hernández ha sido mencionado en documentos de la Fiscalía estadounidense por sus vínculos con el tráfico de drogas, la oficina de prensa de Casa Presidencial ha enviado comunicados a los medios de prensa; mientras funcionarios como el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, comparecen públicamente en un intento por desvirtuar esos señalamientos, asegurando que se trata solo de testimonios falsos de narcotraficantes que buscan venganza por la lucha contra el crimen emprendida desde el Ejecutivo.
En esta ocasión, cuando trascendió la propuesta de los senadores, intentaron una estrategia más enfática. El presidente Hernández se presentó junto con el Gabinete de Seguridad y Defensa ante un Congreso Nacional vacío, para brindar un discurso donde volvió a negar sus negocios con narcotraficantes y destacar supuestos logros en el combate al crimen organizado.
Citando versículos de la Biblia, dijo que los narcotraficantes están utilizando la “llave mágica” del falso testimonio para lograr beneficios y afirmó que será un retroceso en la lucha contra el crimen “si determinadas oficinas en los Estados Unidos cometen el error de premiar a los narcos que dan falso testimonio, en lugar de aumentar sus penas”.
Consultado sobre el trasfondo de esas afirmaciones, Olson dijo poder asegurar que los fiscales estadounidenses “nunca actúan solamente en base a la declaración de un testigo que también está vinculado a procesos criminales. Eso es una parte de la investigación, quizá la más sensacional, cuando una persona denuncia al presidente, pero ellos nunca se quedan solamente con ese señalamiento. Sería una burla del sistema jurídico y cualquier defensor legal cuestionaría eso y con buena razón”.
Reiteró que el sistema legal no puede confiar en abrir un caso basado solo en la declaración de un narcotraficante, sino que detrás de esos señalamientos hay evidencias como radioescuchas, documentos, análisis financieros y auditorías bancarias que vienen a confirmar las declaraciones de las personas. “El sistema no se basa en declaraciones sueltas por narcotraficantes”, apuntó.
La aportación de evidencias, adicionales a los testimonios ya se vio en el proceso que llevó a la declaración de culpabilidad de “Tony” Hernández, el hermano de Juan Orlando, y otros narcotraficantes condenados en el Distrito Sur de Nueva York, aseguró.
No es prioridad
Nadie podría decir si la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras 2021” va a prosperar o si el proyecto se va a engavetar. Tampoco existe un protocolo legal que obligue a los senadores a resolver en un tiempo determinado, por lo que, considerando experiencias previas, podría llevar semanas, meses o incluso años el debate de una ley cualquiera.
El procedimiento usual es que el senador proponente envía su proyecto a un comité. En este caso, debería ser remitida al Comité de Relaciones Exteriores, que preside el demócrata por Nueva Jersey Roberto Menéndez. El comité decide si analizan el tema de forma pública o privada e incluso tiene la potestad de realizar cambios en la ley antes de girarla al pleno del Senado.
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Una vez en el Senado se somete a votación y de ser aprobado, el proyecto se pasa a la Cámara Baja. La Constitución estadounidense establece que para validar una ley es necesaria la votación mayoritaria en ambas cámaras.
Sin embargo, Olson pide tener claro cuáles son las prioridades para el gobierno norteamericano en este momento: la respuesta al COVID-19, crisis económica, crisis de medioambiente, entre otras, antes que Centroamérica.
“Hay muchos temas. Honduras es algo importante y claramente estos senadores son de mucho poder y han señalado que para ellos también es prioridad, pero tomará su tiempo. La lectura que hay que darle es que es una expresión de rechazo a la situación de corrupción en Honduras, muy claramente, y esa es la importancia que se le tendría que dar”.
Agrega que “El valor aquí (de la propuesta de ley) es un señalamiento político, un señalamiento del malestar y la preocupación que existe en el Senado de Estados Unidos”.
Vientos de cambio
En un contexto general consideró como “alentadoras” las señales generadas por el presidente Joe Biden, por funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a través de órdenes ejecutivas y de nuevas propuestas de ley ante el Senado, que buscan diseñar una nueva política hacia Centroamérica.
“Está el compromiso, y la intención de hacerlo valer. De hecho, ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de Biden sobre los temas de Centroamérica en general y Honduras en particular. La apertura está y ahora nos toca, como sociedad civil de Estados Unidos, de Centroamérica, y de Honduras, organizarnos bien y hacer valer esos compromisos”, indicó Olson.
Para ello la sociedad civil debe ser propositiva para entrar en diálogo con los tomadores de decisiones, tanto en Washington como en la embajada estadounidense en Tegucigalpa. “Creo que hay posibilidades, pero tenemos que tomar ese espacio que nos ofrecen para, ojalá, cambiar la política de Estados Unidos en Honduras y en Centroamérica”.
Explicó que el camino está trazado: combate a la corrupción y la construcción de instituciones democráticas, tal y como lo planteó en un libro publicado en diciembre del año pasado, donde analiza la política de Estados Unidos en Centroamérica del 2014 al 2019.
“Donde quiera que ves, en el contexto hondureño, ves el problema de la corrupción. Por esa razón hemos recomendado que, necesariamente, se debe comenzar por ese lado”.
Aseguró que la idea ha tenido buena acogida y desde ya se habla de crear un mecanismo regional para combatir la corrupción.
“Hay que acabar con la corrupción que existe dentro de las instituciones dentro de los tribunales dentro de la fiscalía dentro de la policía dentro de la policía militarizada No digo que toda esta gente es corrupta no Pero sabemos que en muchos casos están cooptados difícilmente puedan hacer lo que se espera que los hondureños esperan de sus autoridades y que la corrupción los ha rebasado en muchos casos y en muchos sentidos no hay justicia hay altos niveles de impunidad y mientras eso existe los problemas o los desafíos de Honduras serán difíciles de superar”.
