*Los presos políticos enjuiciados este 15 de febrero llevan más de ocho meses detenidos en la cárcel conocida como “El nuevo Chipote”.
**Mientras se realizaban los procesos, en la Asamblea Nacional los diputados sandinistas y sus colaboradores cancelaron seis organizaciones no gubernamentales.
Expediente Público
Siete opositores fueron llevados a juicio este 15 de febrero entre ellos el catedrático Arturo Cruz; el economista, Juan Sebastián Chamorro y el politólogo Félix Maradiaga, tres de los siete precandidatos presidenciales detenidos en 2021, previo a las “ilegítimas” elecciones de noviembre. La audiencia que se extendió y se suspendió al llegar la noche, continuará este miércoles.
Tamara Dávila y Violeta Granera, integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y el exdiplomático, José Pallais, también fueron sentados en el banquillo de los acusados el mismo día que la Asamblea Nacional, dominada por el régimen, continuó su “operación limpieza” contra varias oenegés cancelando a seis organizaciones, entre ellas el Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”.
Los opositores llevan más de ocho meses detenidos y a todos se les acusó del delito de “menoscabo a la integridad nacional” en un juicio que realizó el juez Quinto de Distrito Penal de Juicio, Ernesto Salmerón Moreno. El juicio se realizó en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “El nuevo Chipote”, ubicada al sur de la capital nicaragüense.
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Chamorro fue oficialmente el primer precandidato a la presidencia inscrito por la plataforma opositora Alianza Ciudadana, integrada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Movimiento de Unidad Costeño (Pamuc) y por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
El 27 de julio de 221, la Policía Nacional a través de una nota anunció una investigación en contra de su esposa Victoria Cárdenas por “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”.
Cárdenas se vio obligada a quedarse junto a su hija exiliada en Estados Unidos, donde semanas antes había iniciado un recorrido denunciando las arbitrariedades del régimen en contra de su esposo y el resto de presos políticos.
En octubre de 2020 las represalias del régimen alcanzaron a la familia de Cárdenas. A su madre, la empresaria Victoria Lacayo le fue embargada su casa, así como seis lotes de terrenos de una urbanizadora, incluido uno que acoge el pozo que abastece de agua potable al residencial Intermezzo del Bosque, de Managua.
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La Alcaldía de Managua presentó una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Intermezzo del Bosque por más de 9 millones de córdobas (unos US$260,115).
Catedrático del INCAE, en la lista
Cruz fue detenido el 5 de junio en la terminal del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua.
El 26 de abril de 2021, el catedrático del Instituto Centroamericano de Administración de Empresa (INCAE) se inscribió oficialmente como el segundo precandidato a la presidencia de la República en la Alianza Ciudadana.
“Creo en mis capacidades, en mis experiencias de tantos años como educador en los valores democráticos, todo lo que he aprendido en mi vida lo pongo al servicio de todos los nicaragüenses”, aseguró Cruz al momento de la inscripción que se realizó en un hotel capitalino.
La actividad estuvo en todo momento asediada por la Policía que requisó y fotografió a cada una de las personas que asistieron al evento.
En 2007 cuando Daniel Ortega volvió al poder, Cruz fue nombrado viceministro de Relaciones Exteriores en Washington, Estados Unidos, cargo al que renunció en 2009 para seguir dando clases en el INCAE.
Maradiaga en un primer encuentro con su defensa
El 8 de junio de 2021, Maradiaga se convirtió en el tercer aspirante a la presidencia en ser detenido, previo a las elecciones del 7 de noviembre en las que Ortega y Murillo fueron reelectos. Después de un par de horas de interrogatorio en el Ministerio Público, los agentes policiales lo interceptaron en una calle de Managua y lo golpearon para detenerlo.
Este 15 de febrero cuando fue sentado frente al juez Salmerón Moreno, por primera vez, se reunió con su abogado defensor a quien no pudo ver previo a la audiencia de juicio como la ley establece.
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Su esposa Berta Valle a través de su cuenta de Twitter denunció que este es el cuarto abogado que le nombran al opositor, debido a que los tres anteriores se exiliaron forzosamente por las amenazas y asedio que sufrían.
A la nueva defensa tampoco se le permitió “tener acceso a todo el expediente judicial”, denunció Valle, quien se encuentra exiliada en Estados Unidos, debido a que también tiene una acusación en su contra por “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”. “Es importante que visibilicemos esas violaciones a sus derechos, igual aplica a personas que ya fueron juzgadas en otros años, en procesos arbitrarios”, mencionó Valle en la más reciente conferencia de familiares de presos políticos.
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El 11 de julio de 2018 un grupo de colaboradores del régimen golpearon al opositor cuando asistía a una actividad en León, al occidente del país. La Policía recién lo había señalado de organizar bandas delincuenciales.
El líder opositor es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y quedó a la espera de la decisión del juez orteguista. “Chanito”, en la mira del régimen El expresidente del Cosep, lleva 253 días detenido.
Aguerri, mejor conocido como “Chanito”, por muchos años fue la pieza clave en el matrimonio político-económico que hasta antes de 2018 había entre la empresa privada y el Gobierno de Ortega, llamado en ese entonces “diálogo y consenso”.
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El Ministerio Público acusó al expresidente de la principal cúpula empresarial del país por menoscabo a la integridad nacional.
A partir de abril de 2018 Aguerri se unió a la lucha social de una población que demandó la salida de Ortega del poder. Se integró a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y participó en las sesiones del diálogo nacional que buscaba una salida a la crisis sociopolítica.
“No podemos seguir jugando con la vida de los nicaragüenses y la destrucción del país”, insistió Aguerri en la sesión del 15 de junio de 2018.
En septiembre de 2019, Aguerri sufrió un atentado cuando fue atacado por paramilitares que actuaron en complicidad con la Policía, al momento de regresar de la ciudad de León, al occidente de Nicaragua.
El 27 de enero pasado el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se pronunció públicamente por un “diálogo sin precondiciones” con Ortega para tratar de liberar a sus amigos empresarios. Sin embargo, el Gobierno evitó referirse a esta solicitud.
Pallais, el exdiplomático encarcelado
En la misma jornada fue incluido el jurista nicaragüense José Pallais. Es originario del departamento de León, al occidente del país, donde fue detenido el 9 de junio de 2021 por el comisionado Fidel Domínguez, un agente policial sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por haber «dirigido numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses”.
Pallais es uno de los presos políticos de la tercera edad encarcelado en “El Chipote”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), tras conocer esta semana la muerte del legendario guerrillero Hugo Torres, demandó la libertad de 12 reos de conciencia que se acercan o están en la tercera edad, pues sus “vidas corren peligro”.
Pallais de 69 años, participó activamente con la Alianza Cívica en la segunda mesa del fallido diálogo nacional.
Tamara Dávila y Violeta Granera
Las opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera integrantes de la UNAB, llevan más de ocho meses detenidas. Granera lleva 253 días detenida y su condición de salud se ha deteriorado, según sus familiares que no aceptan el fallo del juez Salmerón Moreno.
Por su parte Dávila lleva 249 días detenida ilegalmente y ha sido sometida a torturas en “El nuevo Chipote”, como interrogatorios, aislamiento, hambre y frío. La tortura es un tipo sancionado en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Oenegés canceladas
Con trámite de urgencia a solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob), la personería jurídica de seis asociaciones civiles más, fue cancelada por la Asamblea Nacional con 75 votos a favor, 11 abstenciones, 5 presentes y ninguno en contra de los 91 diputados que integran el Parlamento.
La iniciativa presentada al sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras el 11 de febrero por Franya Urey Blandón, del Departamento de Registro y Control de Asociaciones sin fines de lucro del Migob, y firmada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, asegura que estas organizaciones no gubernamentales supuestamente incumplieron con la Ley de Agentes Extranjeros y Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según la acusación, estas organizaciones faltaron a la “entrega de sus estados financieros”, sin “reportar donaciones”, y mantener “Juntas Directivas con plazos vencidos, encontrándose acéfalas”. Sin embargo, Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, denunció que desde el 2018 el Ministerio de Gobernación se negó a recibirle los documentos al igual que lo han hecho con varias organizaciones a las que les han negado la posibilidad de entregar sus documentos.
La cifra de oenegés ilegalizadas por el régimen de Ortega asciende a 93, con estas nuevas 6 asociaciones que engruesan la lista. Las últimas 17 en lo que va del año 2022, incluyen incluso universidades privadas que de un día para otro pasaron a ser propiedad del Estado.
