** Los testimonios de un contador y un ingeniero agrónomo terminan de cerrar el cerco en torno al presidente de Honduras. Por ratos, los fiscales parecen olvidarse del acusado, Geovanny Fuentes Ramírez, y centrarse en la responsabilidad del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández
EXPEDIENTE PÚBLICO
En la segunda semana del juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, los testimonios escuchados apuntan a que el negocio del tráfico de drogas no podría haber prosperado sin el estrecho apoyo de Juan Orlando Hernández, quien durante cuatro años fue presidente del Congreso Nacional y en los últimos 7 años ha sido el presidente de Honduras.
Los argumentos de las narcoseries se quedan cortas con la realidad vivida por Honduras en la última década: reuniones donde se planificaba el futuro del país en torno a negocios sucios, asesinatos, sobornos, diputados, policías y militares.
En los últimos días en los documentos de la Fiscalía ya no se menciona a Juan Orlando como CC4, sino que se hace referencia directamente por su nombre.
DÍA 6: Droga en los aeropuertos
Devis Leonel Rivera Maradiaga era el jefe de la banda Los Cachiros, quien durante varios años trasegó cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y a quien se le atribuyen al menos 78 asesinatos en Honduras.
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Él comenzó a declarar en este juicio el miércoles 10 de marzo, haciendo una relación de los negocios que hacía con Geovanny Fuentes Ramírez y cómo para lograr sus objetivos sobornaban a políticos como el presidente Hernández, los expresidentes Manuel Zelaya y Porfirio Lobo, y el designado presidencial (vicepresidente) actual Ricardo Álvarez . Según sus cálculos, en sociedad con Ramírez llegaron a traficar unas 100 toneladas de cocaína en un periodo de cuatro años, lo que les habría redituado unos 30 millones de dólares.
De igual forma reiteró haberse encontrado en los baños de la cárcel, el Metropolitan Correctional Center, con el acusado Geovanny Fuentes. Dice que en una ocasión este le aseguró que el presidente Hernández había hecho arreglos para recibir cargamentos de droga en los dos principales aeropuertos de Honduras, el de la capital, Tegucigalpa, y el de San Pedro Sula. Incluso, dijo, tenía vídeos y fotos del funcionario recibiendo cargamentos en esta última terminal aérea.
Junto a ambos aeropuertos hay bases de la Fuerza Aérea de Honduras. Según dijo El Cachiro, eso no era problema porque lo usual era pagar a altos oficiales para apagar los radares en las noches en que llegaban las avionetas.
Fuentes le relató cómo Hernández se jactaba de que podría hacer eso casi en presencia de agentes de la DEA, sin que se dieran cuenta. Indicó que quería colaborar con las autoridades estadounidenses porque consideraba que por culpa de Hernández lo habían detenido en Miami, el 1 de marzo de 2020. Su idea era no irse a un juicio, pero ponía como condición que lo liberaran para ir a recabar las evidencias y entregarlas, lo que al parecer no fue posible y finalmente decidió enfrentar el proceso judicial.
Vinculan al ministro de Seguridad
Rivera Maradiaga también explicó que el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y Fabio Lobo eran los contactos que tenía a alto nivel para proteger sus cargamentos. Aseguró que cuando quería movilizar un camión con droga llamaba a un oficial de apellido “Flores Maradiaga”, quien a su vez se contactaba con Pacheco Tinoco para que este diera la orden de no detener el vehículo en los retenes.
En otras ocasiones el mismo Fabio Lobo los acompañaba, usando vehículos blindados de Presidencial, lo que facilitaba el paso por carreteras y ciudades, apuntó El Cachiro.
El segundo testigo del día fue el historiador hondureño Darío Euraque, cuyo interrogatorio y respuestas estuvieron orientadas a explicar el contexto político hondureño, y cómo el presidente Hernández utilizó a la Corte Suprema de Justicia para garantizar su reelección en el 2017, pese a que está prohibida por la Constitución. La Fiscalía exhibió la debilidad institucional del país y cómo es utilizada para proteger a personas vinculadas al crimen organizado.
Euraque, quien en Honduras era un profesor universitario, también ayudó a que los jurados entendieran la realidad hondureña durante el proceso contra “Tony” Hernández. La defensa trató de restarle credibilidad a Euraque, asegurando que en el primer proceso había ganado 11,000 dólares por testificar y que su único propósito al estar allí era ganar dinero.
DÍA 7: Siguiendo el dinero
Uno de los axiomas de toda investigación es “seguir el dinero”, y en este caso los agentes de la DEA lograron ubicar a un contador de una de las empresas de Fuad Jarufe, el hombre que conectó a Geovanny Fuentes con Juan Orlando.
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Fue presentado en el estrado con el seudónimo de “José Sánchez”. Un hombre que trabajó por 15 años en la empresa Graneros Nacionales, una envasadora de granos básicos, principalmente arroz, ubicada en Choloma, 257 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Al comenzar el diálogo le presentaron una fotografía de Geovanny Fuentes y le consultaron si lo conocía, a lo que respondió afirmativamente. Explicó que su trabajo era llevar la contabilidad de Graneros Nacionales, propiedad de la familia Jaruffe, por lo que elaboraba estados financieros y emitía cheques, entre otras funciones.
Indicó que además de Fuad, allí trabajaban sus hijos Jorge y John.
El contador tenía la instrucción de recibir el dinero y luego entregarle a Fuentes un cheque equivalente en lempiras, la moneda oficial en Honduras. Explicó que en una ocasión escuchó una conversación donde Fuentes Ramírez decía que “hoy sí se iba a levantar” porque iba a comenzar a “trabajar” con Juan Orlando Hernández, quien iba a ganar las elecciones presidenciales.
Hernández era una figura familiar en la empresa porque en ese entonces solía llegar a recoger las aportaciones de Jarufe a su campaña presidencial, que eran de 250,000 lempiras mensuales (unos 10,000 dólares). Dice el contador que a veces llegaba en un helicóptero de las Fuerzas Armadas, en otras en un helicóptero azul. Coincidentemente durante el juicio de Tony Hernández se mencionó y presentaron fotografías de un helicóptero de ese color utilizado en el trasiego de drogas.
Luego le preguntó si quería que le entregara un cheque por esa cantidad, a lo que Hernández contestó que se lo llevaría en efectivo. En otra ocasión le dio 10,000 dólares en similares circunstancias.
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Se burlaba de los ciudadanos
También refiere de otro encuentro donde estuvo el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, a quien Hernández le preguntó si se iba a reelegir. Dice que el alcalde le dijo que no estaba seguro porque el pueblo hondureño ya se estaba “avivando”.
Hernández en tono jocoso le respondió que no se preocupara porque el pueblo era “pendejo” y que se conformaba con una “carnita asada y una cerveza” para convencerlo a votar.
Crivelli ya había sido mencionado por Devis Leonel Rivera Maradiaga como uno de los políticos que protegía a Fuentes Ramírez, por lo que el relato del contador solo vino a confirmar esa afirmación. Actualmente este político aspira a su quinta reelección bajo la candidatura presidencial de Yani Rosenthal, quien ya estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos.
José Sánchez dice que también estuvo en reuniones donde Hernández se jactaba de que él y sus socios del Partido Nacional estaban robando “más que en el tiempo de Callejas”. Hacía alusión al saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que algunos estiman fue de unos 200 millones de dólares.
Explicó que en una ocasión estaba en la oficina de uno de los hijos de Fuad Jarufe y este le dijo que ya tenía que irse, que revisara las cintas de las cámaras de seguridad y que las cambiara.
Hizo copias de esta cinta y entregó una de ellas a la abogada Marlene Banegas, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Vida; y otra al joven Cristian Ayala Vigil, hijo del subcomisionado de policía Edgardo Ayala López.
La abogada Banegas fue asesinada por sicarios el 10 de octubre de 2014, en San Pedro Sula, cuando se conducía en un carro con su compañera Olga Patricia Eufragio, fiscal del Medio Ambiente, también acribillada.
Cristian Ayala murió tiroteado el 4 de junio de 2015 en la ciudad de El Progreso, a 28 kilómetros de San Pedro Sula.
Poco antes de la muerte de Ayala, el contador se había marchado hacia Estados Unidos, donde solicitó asilo, petición que aún no ha sido resuelta. En ese país se presentó en oficinas del FBI y habló con una fiscal pero no le hicieron caso pues consideraban difícil procesar a un presidente en funciones, hasta que pudo brindar su testimonio a la DEA.
DÍA 8: El agrónomo
Este día la audiencia comenzó una hora más tarde, a las 10:30 de la mañana porque uno de los jurados pidió permiso para asistir a una cita donde lo vacunarían contra el Covid-19.
La Fiscalía presentó como testigo a “Jorge Medina”, nombre supuesto, un ingeniero agrónomo que trabajó para la empresa “Ganaderos”, propiedad de la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros), entre el 2007 y 2012. Posteriormente, cuando las empresas de esta familia fueron disueltas al ser consideradas como objetivo de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), pasó a trabajar como supervisor de maíz y arroz en Graneros Nacionales.
Le mostraron una foto de Javier Rivera Maradiaga y Yankel Rosenthal y le pidieron identificarlos. Un fiscal hizo énfasis que Rosenthal es primo de un aspirante presidencial en Honduras (Yani), quien se declaró culpable por un delito de lavado de activos.
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Relató como empezaron los problemas entre Fuentes Ramírez y los Rivera Maradiaga, al grado que aquel les robó una carga de biomasa a Los Cachiros. Esto concuerda con los afirmado por Devis Leonel, quien señaló que incluso intentaron matarse mutuamente y que por ello él había mandado a matar a Melvin Sanders.
Tras concluir el testimonio, presentaron al agente de la DEA Sandalio González, a quien le mostraron una fotografía de Fuentes y le preguntaron si lo conocía, a lo que respondió que sí. Después introdujeron a la sala una gran cantidad de evidencias, entre ellas el video del interrogatorio de cuando detuvieron a Fuentes.
El jurado pudo ver fragmentos del video donde el acusado confirma que conoce a muchos narcotraficantes hondureños, que son mencionados uno a uno, también a políticos y policías.
Otras pruebas mostradas son textos de correos, en uno de los cuales pide apoyo del fiscal general Óscar Chinchilla y a un oficial de policía, Leonel Sauceda. De igual forma mostraron mapas de la geolocalización de Fuentes Ramírez en diferentes fechas de 2019, y donde aparece de visita en Casa Presidencial.
