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En Nicaragua hay “un gobierno claramente autoritario”

*En entrevista con Expediente Público, Arturo Valenzuela, exsubsecretario de EE.UU. para América Latina hace un balance de los 100 días del gobierno de Joe Biden y asegura que el tema de las elecciones y el autoritarismo en Nicaragua, está en el radar de la administración de EE.UU.

Expediente Público

Durante los primeros cien días de Presidencia, la administración de Joe Biden en Estados Unidos se ha centrado en temas internos como las acusaciones de fraude del expresidente Donald Trump y un sector del Partido Republicano; y en política exterior, ha priorizado la situación de Afganistán, el cambio climático y la recuperación de las relaciones con Europa, señala a Expediente Público el exsubsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela.

“Eso no es para despreciar lo de Centroamérica, se tiene que entender que a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos es uno muy amplio, muy grande, con mucha gente, toma tiempo efectivamente”, aseguró el exdiplomático.

Elecciones en Nicaragua 

Valenzuela considera que en Washington se mantiene el consenso que en Nicaragua hay “un gobierno claramente autoritario, que no permite la democracia, y que efectivamente se tiene que cambiar. Hay consciencia de eso, no me cabe ninguna duda”, afirmó.

Además, está “muy en claro” que para llegar a un entendimiento en áreas de cooperación internacional “el país tiene que cambiar de rumbo, y permitir elecciones libres, que sean transparentes, abiertas y que concuerden con los estándares internacionales”, sostiene exdiplomático.

El próximo 7 de noviembre están previstas en Nicaragua elecciones de presidente, vicepresidente, diputados nacionales y ante el Parlamento Centroamericano. En esos comicios el gobernante Daniel Ortega buscará su tercera reelección continúa para un cuarto mandato en el gobierno. Ortega lleva 14 años en el poder del país centroamericano, pero enfrenta un rechazo mayoritario de la población debido a la brutal represión que su administración recrudeció desde las protestas sociales en 2018.

Ortega es señalado por los grupos opositores de preparar un fraude en las elecciones, al negarse a aprobar reformas a la Ley Electoral que restablezca la confianza de los ciudadanos en que su voto será respetado. Por el contrario, Ortega y los diputados del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), impulsan una propuesta de reformas que fortalece el control del sandinismo en las estructuras del Consejo Supremo Electoral, le dan más poder a la Policía al pasarle la facultad de autorizar las marchas o actividades de proselitismo de campaña que hagan los partidos políticos, lo que es denunciado por la oposición como un fortalecimiento del estado de sitio.

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Además, la propuesta de reforma electoral del sandinismo incorpora los mecanismos de inhibición para ser candidatos que está en la Ley de Agentes Extranjeros, una nueva arma jurídica aprobada por los diputados del FSLN en 2020 que prohíbe ser candidatos en las elecciones a directivos y personal de organizaciones sociales o políticas que reciban financiamiento de países o asociaciones externas.

Actualmente en la Asamblea Nacional (parlamento) también se discute el nombramiento de los diez magistrados (siete propietarios y tres suplentes) del Consejo Supremo Electoral (CSE), la institución encargada de llevar a cabo el proceso de las elecciones.

Venezuela, OEA y Ortega

“Haciendo un análisis frío así de la situación, hay una cantidad de complicidades importantes, probablemente la más importante de todas, es el apoyo que recibe Centroamérica de venezolanos, y completamente a Nicaragua, que llevó a que incluso el sector privado nicaragüense se quedara contento con el auge de la economía, y los progresos que estaban haciendo, con los enormes subsidios que venían de Venezuela. Pero esos también han desaparecido en este momento, así que la situación sigue siendo muy difícil”, afirma el exsubsecretario Valenzuela.

Expediente Público consultó al exdiplomático si el presidente estadounidense Biden reconocería las elecciones en Nicaragua sin las garantías mínimas de transparencia, a lo cual respondió que “las elecciones que se tienen que realizar, tienen que ser elecciones que cumplan con los estándares internacionales” y en este sentido, le corresponde a la Organización de Estados Americanos (OEA), hasta cierto punto, vigilar muy cerca este proceso.

“Yo quiero recalcar esto. No estamos hablando de países como Estados Unidos que van a dar cátedra y que van a decir ‘ustedes tienen que hacer las cosas así, porque somos nosotros mejores, y sabemos todo lo que se tiene que hacer’. En Estados Unidos, la gente también tiene mucha consciencia, en este momento de lo frágil que puede ser también democracias ya estabilizadas a través del tiempo, y que hay que renovar democracias”, indicó.

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Valenzuela sostiene que en Estados Unidos incluso se sugieren cambios en la Constitución, porque “mucha gente trató de mantener un proyecto político tratando de rechazar la dignidad del voto”, un asunto que a su juicio debe verse con cuidado en Nicaragua porque es inaceptable que no sea reconocida ni asumido el respeto al voto de los ciudadanos.

Sin embargo, cien 100 días es muy poco tiempo para hacer una evaluación de la política exterior del gobierno de Biden, sostiene Valenzuela, por ahora se está tratando de encarar temas internos que son gravísimos como: “el hecho de que haya un sector del Partido Republicano y el expresidente que todavía insiste que ganó la elección en Estados Unidos y que Biden es un presidente fraudulento”.

Por otra parte, el exdiplomático va más allá de las responsabilidades de Biden y Trump hacia el tema de Nicaragua y advierte que aquí:

¿Funcionan las sanciones?

Entre las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de Nicaragua, hay expectativas en conocer la estrategia de Biden hacia el gobierno de Daniel Ortega, particularmente se preguntan si continuará la política de su antecesor o cuáles serán sus cambios.

Para presionar por reformas democráticas en Nicaragua el gobierno de Donald Trump impulsó sanciones contra 27 funcionarios sandinistas, incluso la vicepresidenta Rosario Murillo y tres de sus hijos, así contra la misma Policía Nacional. También están sancionadas ocho empresas ligadas a la familia Ortega vinculadas al consorcio de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que controla el acuerdo petrolero con Venezuela. Albanisa está sancionada, así como negocios creados con el dinero del acuerdo como el Banco Corporativo (Bancorp) y DNP Petronic, la cadena de estaciones de combustibles controlada por la familia presidencial.

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El exsubsecretario del Departamento de Estado para América Latina, considera que la efectividad de las sanciones no se puede generalizar, depende del país, del caso, de la situación, del momento y del tipo de medidas que se están aplicando.

Por otro lado, las sanciones pueden ser muy útiles, porque se envía el mensaje que, para tener una relación económica o inversión en Estados Unidos, estas personas no pueden actuar con cargos de corrupción, lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

“Esas son herramientas que han sido muy útiles en el mundo, pero las sanciones no son ninguna vara mágica y pueden también cometerse algunos errores, como probablemente se cometió en el caso de Venezuela, pensando de que, si uno sanciona a estas personas aquí, allá esto no necesariamente va a tener una reacción por otros. Depende mucho del caso, de la peculiaridad del país, del momento histórico, y de la correlación de fuerzas. Como politólogo diría que es un instrumento, pero hay que tener cuidado porque no es una vara mágica”, dice.

El esquema de gobierno para América Latina 

En las conferencias de prensa del Secretario de Estado, Anthony Blinken, no hay casi ninguna mención en todo el mes de abril, incluso de marzo, desde que empezó en su gestión sobre los temas latinoamericanos, lo que ha hecho creer que la región no es prioridad en la agenda del nuevo gobierno de EE.UU. Sin embargo, el exsubsecretario dice que es lo contrario.

Valenzuela considera que los asuntos hemisféricos los manejan otras entidades, se nombró gente de mucho perfil para trabajar el tema centroamericano y latinoamericano. Hay una persona que ya está nombrada como Subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, aunque no ha sido confirmada por el Senado de Estados Unidos.

Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, hizo un viaje a El Salvador y Guatemala del 6 al 9 de abril, “así que estamos viendo a otros niveles que efectivamente hay una prioridad”, considera Valenzuela.

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Una cosa que tal vez diferenciaría el gobierno de Biden de la administración anterior, es que el gobierno de Trump era un gobierno muy transaccional. “A ver si podemos hacer un acuerdo con ustedes sobre x cosa, a lo mejor ustedes nos podrían ayudar con esto”, ejemplificó el exdiplomático.

Mencionó que “el caso clásico de esto es que se le pidió a Guatemala que sea el segundo país en el mundo que reconozca que Jerusalén es la capital de Israel. Y con eso Sheldon Adelson, el magnate de los casinos de Las Vegas, lleva al presidente de Guatemala a Jerusalén, en su avión, en su 767, para que efectivamente haya otro país que se suma a esa política. Entonces de ahí sale una serie de otras cosas que son: ‘bueno, hagan ustedes lo que quieran, pero por favor mantengan el problema migratorio bajo control’”.

La diferencia de la administración Biden sería que esta “va a operar viendo cuáles son los principios fundamentales de los intereses básicos de los Estados Unidos y cómo en ese sentido se pueden lograr y eso requiere una política distinta, una política más holística, más completa, más amplia hacia la región. Y eso está en este momento, siendo también obviamente claros ellos de que lo que existe en Centroamérica es una crisis humanitaria enorme, es una crisis de estabilidad enorme y que es una crisis de gobernanza también muy grande y muy difícil, en todos los países de una medida u otra”.