* El Gobierno de Estados Unidos, que contribuyó con el proceso de depuración de policías, está inconforme, aunque no lo digan oficialmente, asegura Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Seattle International Foundation.
Expediente Público
Las autoridades de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad de Honduras ya están haciendo los trámites para reincorporar a sus filas a unos 2,000 agentes y oficiales, de los 5,319 que salieron durante el proceso de depuración emprendido entre el 2016 y 2018. Esto pese a la inconformidad de representantes de la sociedad civil y del mismo Gobierno estadounidense.
El reintegro está en marcha pese a que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (PNH) prohíbe la recontratación directa. Diferentes actores coinciden en que la depuración debe ser permanente, no solo en la Policía, si no en todas las entidades del Estado.
El regreso de los depurados
El objetivo del director de la Policía Nacional de Honduras (PNH), comisionado Gustavo Sánchez, es que, a finales del presente año, la Policía cuente con 2,700 nuevos elementos, los dos mil depurados reintegrados más 700 agentes que se graduarán en diciembre del Instituto Técnico Policial (ITP).
En el proceso de reingreso también aceptarán a exmilitares de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). «Recuerde que, en los últimos diez años, las Fuerzas Armadas asumieron funciones policiales, por lo que adquirieron un cierto nivel de experiencia», afirma el director de la Policía en entrevista con Expediente Público.
Según las autoridades policiales, los depurados cubrirán las 1,800 plazas que requieren para manejar el Instituto Nacional Penitenciario (INP). También serán asignados a las 17 nuevas unidades metropolitanas que la PNH ha abierto en todo el país centroamericano.
El proceso de reingreso inició el pasado 9 de mayo con la recepción de los documentos de los candidatos, quienes deben presentar una solicitud formal, su hoja de vida, una declaración jurada de sus bienes, una constancia de antecedentes penales, dos referencias profesionales, el carné de vacunación contra la COVID-19 y los exámenes médicos que se realizan en el Hospital Policial.
Para ampliar los expedientes, la Policía pedirá información de los solicitantes a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Posteriormente, una comisión evaluadora someterá a los expolicías a pruebas sicológicas, sicométricas, toxicológicas y de poligrafía.
Por último, los admitidos recibirán un curso de actualización de dos meses, por lo que se tiene previsto firmar los primeros contratos en septiembre, los cuales tendrán una extensión de un año, un periodo de prueba para decidir la continuidad de los policías.
En una entrevista con Expediente Público, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), expresó sus dudas sobre este reingreso, «la Policía necesita demostrar que es capaz de no cometer los mismos vicios del pasado».
«¿Regresar a los depurados? Quienes conocemos la historia de las mafias adentro de la Policía hondureña, sabemos que esa es una propuesta absurda», advierte Óscar Estrada, autor del libro Tierra de Narcos, un estudio sobre la evolución del narcotráfico en Honduras.
Los riesgos
«Las personas que en el pasado no eran idóneas para ser policías, hoy seguramente tampoco lo son», señala a Expediente Público el abogado Omar Rivera, exmiembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional. Sostiene que el reingreso responde a la presión que ejercen los policías separados.
En diversas manifestaciones llevadas a cabo a partir de mayo 2022, los agentes depurados exigen derogar el Decreto Legislativo (21-2016) que dio vida a la Comisión Depuradora, así como reformar el artículo 66 de la Ley Orgánica de la PNH, que establece que el reintegro solo puede realizase con resoluciones judiciales, no a través de una recontratación. Expediente Público intentó conocer la opinión del abogado Abel Orellana, representante legal de un grupo de agentes demandantes, pero no respondió a los mensajes.
Además de desacertado, Rivera considera que reingresar a los depurados es ilegal, «solo se les podría reintegrar por la vía judicial. Ese artículo no ha sido modificado, cualquier solicitud que se haga ahora no es permitido por la ley».
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El comisionado Sánchez anuncia que modificarán el artículo 66 de la ley de la PNH. «Quienes hicieron este marco jurídico violentaron el derecho de muchas personas, además es un daño para el Estado con las demandas. En ese sentido, modificaremos la ley para reglamentar el reingreso», afirmó.
Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Seattle International Foundation y miembro del Wilson Center, explica a Expediente Público que las depuraciones generalmente fracasan por los conflictos con los derechos laborales. «Creo que la Comisión tuvo mucho cuidado en ese sentido», señala este especialista, quien ha realizado diversos estudios sobre depuraciones policiales en diferentes países latinoamericanos.
El principal antecedente de reintegro de policías depurados a través de la vía legal se dio en 2001, cuando el entonces ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, retiró al 30% del cuerpo policial, posteriormente los reincorporó por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el argumento que se habrían violentado los derechos laborales de los policías separados.
Según trascendió, 85% de los policías depurados han demandado al Estado por su despido. En caso de ganar sus reclamos legales, el Estado tendría que pagar unos mil millones de lempiras (41 millones de dólares) por los sueldos dejados de percibir por unos 3,900 agentes separados entre 2016 y 2018.
Aunque la mayoría de los policías fueron separados por no cumplir con los requisitos de idoneidad, cabe recordar que, entre 2016 y 2018, la Comisión Depuradora remitió al Ministerio Público 1,614 expedientes de expolicías que habrían cometido algún delito, el 34% del total de los depurados.
Sin embargo, hasta enero de 2021, de los 1,614 casos recibidos por la Fiscalía, apenas 167 fueron presentados como requerimientos fiscales ante la CSJ. Es decir, el 10% de los expedientes presentados por la Comisión llegaron a las instancias judiciales.
«Muchos critican a la Comisión porque no persiguieron jurídicamente a estas personas, pero hay que tomar en cuenta que la acción penal debía venir del Ministerio Público», manifiesta Olson, quien considera que el punto más frágil de la depuración fue no incluir reformas en la Fiscalía y en el Poder Judicial.
¿Molesto Estados Unidos?
Entre 2010 y 2013, el Gobierno de los Estados Unidos apoyó la Policía de Honduras con 375 millones de lempiras anuales (15 millones de dólares) no reembolsables. Paradójicamente, durante esos años, el Gobierno norteamericano también fue el mayor patrocinador de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), que durante la presidencia de Porfirio Lobo (2010-2014), fue el ente encargado de promover reformas en el sistema de justicia y seguridad.
En 2013, tras serios cuestionamientos sobre la implicación de la PNH en ejecuciones extrajudiciales, como la del hijo de la exrectora Julieta Castellanos, parte de la ayuda fue suspendida por el Congreso estadounidense en aplicación de la “Ley Leahy”, presentada por el senador estadounidense Patrick Leahy en la década de 1990, la cual prohíbe proporcionar asistencia a cualquier ejército o policía extranjera señalada de cometer violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, en 2014 los fondos fueron liberados y entregados de nuevo.
De acuerdo al estudio “El Papel de Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía de Honduras,” elaborado por el Wilson Center, algunas fuentes indicaron que la depuración de 2016 fue posible después de que Estados Unidos condicionara su ayuda bilateral al Gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) si este permitía «sanear» la Policía hondureña.
Ahora el Gobierno de Estados Unidos observa con recelo el reingreso de esos oficiales. «Informalmente me han expresado gran descontento, que después de tanto esfuerzo para limpiar la institución se vuelvan a reincorporar a esas personas. Formalmente no han dicho nada. Pero es un golpe duro para ellos ver este retroceso», comenta Olson.
El excomisionado Rivera coincide con el representante de la SIF. «Yo he charlado con algunos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y me manifiestan su sorpresa, están viendo con especial atención cómo evoluciona esta determinación». Sin embargo, ante la consulta que realizó este medio, la embajada estadounidense respondió que no se había pronunciado públicamente al respecto.
Una depuración continua
El asesinato en 2021 de la joven Keyla Martínez en una celda policial ubicada en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, a unos 182 kilómetros de la capital hondureña, supuso que la depuración no removió todas las «manzanas podridas» (como las llama el excomisionado Rivera) de la Policía.
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«Siempre hay quienes en un momento determinado pudieron ser buenos oficiales pero que luego se corrompen. El procedimiento de depuración pudo haber tenido sus fallas mínimas y es perfectible», argumenta Rivera.
Por su parte, con una apertura inusual en un director de la Policía hondureña, el comisionado Sánchez no niega la infiltración del crimen organizado en la institución. «Aún tenemos miembros que pertenecen a pandillas o que trabajan para carteles del narcotráfico, no lo podemos negar».
La apuesta de la dirección policial es fortalecer a la DIDADPOL, encargada de los procesos internos de investigación por “faltas graves y muy graves” contra los miembros de la Secretaría de Seguridad y de la Carrera Policial, según lo establece su marco jurídico. Pero Sánchez enfatiza que la depuración no debe limitarse a la PNH, «todas las instituciones del Estado involucradas en la investigación y en la justicia deben de ser evaluadas permanentemente».
Olson concuerda con que otras instituciones también deben ser reformadas. Para este especialista en seguridad pública, los procesos de depuración deben ser permanentes, «porque los sistemas de corrupción se reproducen continuamente, es como un río al que se le puede sacar la basura, pero viene más detrás».
La reciente extradición a Estados Unidos del exdirector de la PNH, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, es una muestra de cómo el crimen organizado y el narcotráfico penetró la institución policial. A pesar de su oscuro legado, su retrato aún cuelga en uno de los pasillos cercanos a la oficina del actual director de la Policía Nacional de Honduras.
Al respecto, Sánchez responde a Expediente Público que mantendrá colgada la fotografía de Bonilla, «porque él fue el director de la Policía, independientemente de lo que hizo».
