*Expediente Abierto presentó en el Cohep su informe sobre la ejecución del presupuesto en los primeros siete meses del 2023.
** Son 18 instituciones de la administración central y descentralizada las que absorben el 85 por ciento del presupuesto general del país.
Expediente Público
En Honduras, el presupuesto general de la República no ha sido una herramienta de desarrollo para el país en los dos años que lleva la administración de la presidenta Xiomara Castro ni en los tres gobiernos que la han precedido desde 2010, debido a factores como la corrupción, la baja calidad del gasto y la falta de eficiencia en la planificación.
Esa fue una de las principales conclusiones de la presentación del informe “Ejecución del presupuesto nacional de Honduras Enero-Junio 2023” del centro de pensamiento Expediente Abierto, realizada el 31 de agosto en la sede del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Por Expediente Abierto, participó desde Washington por videoconferencia el economista e investigador Leonardo Labarca; por el Cohep, su gerente de política económica, Santiago Herrera, y los oficiales de política económica, Alejandro Kafati y Obed García; y como economista independiente, Ismael Zepeda.
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El documento, que recopila datos publicados por la Secretaría de Finanzas, analiza la ejecución mensual de enero a julio de 2023 con énfasis en las secretarías de Seguridad, Educación y Salud, pero también da una mirada a los últimos doce años en los que estuvo como gobernante el Partido Nacional.
Concentración del presupuesto
Uno de los datos que incluyó Labarca al dar a conocer los aspectos más importantes del informe, es que 18 instituciones de la administración central y descentralizada absorben el 85 por ciento del presupuesto general del país.
Esa concentración “nos hace cuestionarnos cuál es la formulación presupuestaria que se está siguiendo” y si el presupuesto llegará a ser “una herramienta verdadera” para el desarrollo del país, dijo al respecto Kafati, para quien Expediente Abierto deja ver “que ese dato lo vamos a tener prácticamente todos los años” debido a la falta de efectividad y eficiencia en la ejecución del presupuesto.
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El informe deja ver también que durante el período 2010-2022, junio y diciembre fueron los de mayor ejecución presupuestaria, con un 11.37% y 15.12% según el informe, lo que para Zepeda se explica porque durante esos meses el Gobierno realiza el pago del décimo tercero y décimo cuarto salarios, o aguinaldos.
Lo anterior, entonces, “es reflejo de la burocracia”, muestra que el impacto del presupuesto “se está yendo en estas grandes partidas y muy poco queda para la inversión pública”, acotó.
Herrera por su parte señaló que en el actual Gobierno no han ejecutado el presupuesto “con la celeridad que uno desearía”, pues solo hay dos partidas que se cumplen: salarios y servicio de deuda, “y en esta última no es malo que cumplamos nuestras obligaciones”, pero enfatizó en la necesidad de la calidad y eficiencia del gasto.
Resaltó que del presupuesto de inversión pública apenas se ha ejecutado el 28.3 por ciento, a pesar de que es el complemento de la inversión total que requiere el país para generar empleo.
ESPECIAL: Baja capacidad presupuestaria en el Gobierno de Xiomara Castro
Gasto público no está rindiendo resultados
Durante su participación, García se preguntó qué resultados le está dejando al país el gasto de tanto dinero en el sector público y cuál es el rendimiento que tienen los impuestos que paga la población.
“Miramos que a la par del incremento presupuestario que ha habido en los últimos diez años hay también un deterioro de las variables sociales, como el desempleo, el nivel de pobreza y de subempleo que pareciera que se están agudizando año con año desde la pandemia de la covid-19”, expresó Kafati también.
Sólo en 2023, el presupuesto alcanzó el equivalente a los 15,956.4 millones de dólares, mientras que la recaudación tributaria ha sido de más de 5,830 millones de dólares y para el 2024 “se está proyectando un incremento del 17 por ciento”, añadió García.
Pero en contraste, cuando una repasa los datos que publica el Banco Central de Honduras (BCH), entre 2012 y 2022 el número de camas en los hospitales estatales apenas pasó de 5,277 a 5,500, y el número de centros educativos, de 22,400 a 22,800.
Mientras que la tasa de mortalidad de menores de cinco años en vez de disminuir ha aumentado del 15% en 2012 al 16.2% en 2022, y “si hemos gastado un promedio de 15 mil millones de lempiras en salud ($607.3 millones), sólo considerando el gasto de la Secretaría de Salud, por supuesto, esperamos que en diez años esta tasa haya disminuido”, reflexionó García.
Otro dato que dio a conocer es que la tasa de repitencia escolar pasó del 9 por ciento al 11 por ciento en los últimos diez años, por lo que García cuestionó si “realmente hay un equilibrio” y una “planificación de fondo”.
Presupuesto de 2024 será determinante
Una segunda conclusión en la coincidieron los panelistas es que el presupuesto 2024, que el Ejecutivo deberá entregar al Congreso Nacional el próximo 14 de septiembre para que sea aprobado en diciembre, será el más importante del actual Gobierno de Castro.
Esto, “porque vamos a saber si, efectivamente están por convertir ese instrumento en una herramienta de desarrollo o simplemente (en) más de lo mismo, un presupuesto político con propósitos políticos que no necesariamente satisface las necesidades del pueblo”, dijo Santiago Herrera.
Es decir, si va a ser un presupuesto formulado para un ejercicio político, entendiendo que se aproximan las elecciones primarias y generales, añadió Kafati, acerca de que el próximo año el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a las elecciones primarias, ya que la ley manda que ese llamado se haga “seis meses antes del segundo domingo del mes de marzo del año en que se celebren las elecciones”, que serán en 2025.
Zepeda por su parte recordó que “la transición ya lleva dos años”, es decir, que el gobierno de Castro ya tuvo el tiempo suficiente para transitar esa etapa después de doce años en los que el Partido Nacional tuvo su administración “con corrupción”, algo que “hay que decirlo puntualmente”, consideró.
Pero aunque el gobierno de Castro “se escuda en que ellos no son corruptos porque no hay una gran corrupción como los hospitales móviles”, Zepeda fue enfático en que “sí hay una micro corrupción que poco a poco ha ido saliendo, como comprar boletos aéreos en una ferretería”, entre otros ejemplos; no obstante, “se ha intentado minimizar” y desacreditar a quienes denuncian esa micro corrupción, además del nepotismo que existe en el actual gobierno, mencionó Zepeda, para quien existe una doble moral.
“Si hubiese sido el familión de Juan Orlando (Hernández), entonces aplicábamos la moralidad para el familión de Juan”, señaló en referencia al expresidente que gobernó dos períodos consecutivos y ahora espera juicio por delitos de narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos.
“Pero ahora usamos otros criterios para los Zelaya o los Moncada”, acotó en relación a la familia presidencial y a la actual ministra de Finanzas, Rixi Moncada, señalados de nepotismo, así como las esposas o esposos de los diputados y diputadas del actual Congreso Nacional.
Falta de transparencia
“Entonces sí hay una micro corrupción que denunciar”, continuó Zepeda, razón por la que el presupuesto 2024 también “necesita de una u otra manera la participación de todos y todas, porque es donde vamos a encontrar todos los detalles de esa ejecución presupuestaria, de dónde van asignados esos recursos”.
Y es que además de lo anterior ha habido también opacidad, falta de rendición de cuentas y débil una débil participación ciudadana.
En ese sentido, Labarca dijo que no basta con que se publiquen documentos, sino que se haga en tiempo y forma para poder hacer una “evaluación verdadera” de la ejecución presupuestaria.
Herrera compartió que cuando se dio el primer ajuste al presupuesto de 2022 “luchamos eternamente porque ese proceso presupuestario fuera participativo y abierto”, pero “no se nos dio ningún espacio”.
Luego vino el presupuesto de 2023, “y sí fuimos al Congreso y dijimos lo que pensábamos en las audiencias, pero fue como ver llover” porque no ninguna sugerencia fue considerada para la incorporación al presupuesto, sino que fue aprobado “lo que les mandó el Ejecutivo y punto”.
