* En el primer trimestre del 2024, 766 mujeres y niñas han denunciado abusos sexuales en Honduras.
** Como una “pandemia silenciosa”, define la feminista Cristina Alvarado al fenómeno de la violencia sexual en el país centroamericano.
Sharon Ardon / Expediente Público
De acuerdo con los datos del Ministerio Público (MP) brindados al Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en el 2023 hubo 2,641 hondureñas que denunciaron ser víctimas de abusos sexuales. Entre ellas, 1,625 eran menores de 18 años.
De igual manera, en el primer trimestre del 2024, el Ministerio Público registró 766 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas, es decir, más de ocho casos diarios o uno cada tres horas.
“El abuso sexual lo vivimos desde la vergüenza, y asumimos que somos culpables”, dijo a Expediente Público Cristina Alvarado, feminista hondureña.
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En las denuncias hay mujeres y niñas hondureñas sin distinción de edad, origen étnico y situación económica. Además, en todo el territorio nacional.
Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe observó con preocupación “la persistencia de la violencia de género y el especial ensañamiento misógino sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes”.
Al tiempo que las organizaciones que abogan por el cese de la violencia de género exigen la aprobación de la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres en Honduras.
Esa ley “cumple con el sentido integral que necesita el abordaje de las violencias contra mujeres”, resaltó Lara Bohórquez, Coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM.
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Violencia contra una policía
Elena, cuyo nombre se ha cambiado para proteger su identidad, es uno de los miles de casos denunciados en Honduras. Fue víctima de un intento de violación, a pesar de ser miembro de la policía y siendo su agresor otro oficial en servicio.
La joven relató a Expediente Público que el 7 de febrero del 2023, su compañero asignado para su protección y que debía llevarla a casa, intentó abusar sexualmente de ella.
El día del suceso, Elena estaba cumpliendo con su labor en una actividad policial, cerca de la medianoche, tras finalizar su trabajo y disponerse a regresar a casa, se designó a uno de sus compañeros para llevarla a ella y a otra colega en un vehículo de la institución.
Durante el trayecto, el oficial cambió la ruta y fue a dejar primero a la compañera, quedando solo con Elena y seguidamente dejó una encomienda en otro lugar.
Relato de horror
Elena observó cómo su compañero fue orillando el vehículo hasta aparcarlo y de inmediato “se bajó el zíper del pantalón y me dice que lo toque”, contó. Ella le contestó “que no se confundiera y que me fuera a dejar a mi casa”.
Seguidamente inició un forcejeo entre ambos, y ante lo que se estaba efectuando, Elena pensaba “cómo es posible que esté ocurriendo esto si es mi compañero de trabajo”.
Cuando el también oficial comenzó a tocar sus partes íntimas y levantar su vestido, Elena reaccionó e intentó quitarle el arma que tenía en el cinturón, pero no lo logró y en un instante en lo que él volvía a recuperar su pistola, ella aprovechó y se escapó del vehículo.
Aturdida y desorientada, Elena se percató de que estaba en una zona desconocida y poco iluminada, así que tomó su teléfono y temblando de miedo “pensé hablar al 911, pero me dije: no me van a ayudar. Preferí pedir un Uber”.
La denuncia de la agresión fue puesta en el Ministerio Público, donde inició un proceso investigativo. Estos casos se remiten a la Fiscalía de la Mujer, y luego a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Según Elena, en principio la llevaron al lugar del hecho, comenzaron las entrevistas, hicieron vaciado telefónico y posteriormente Medicina Forense, dependencia del MP, la citó para que fuese abordada con un psiquiatra y un psicólogo.
Estigmatización de casos
Elena habló con su jefe inmediato para contarle lo sucedido la noche anterior, pero sin conocimiento sobre el cómo actuar, llamó a un experto en Derechos Humanos, “allí está el señor, vaya hable con él”, le dijo.
“Pero quedé en la misma condición, porque fue ‘es tu palabra contra la de él’”, le dijo el experto en el tema, aunque también le sugirió que continuara la denuncia.
Elena redactó informes en los que detallaba cómo sucedieron las cosas, mismos que envió a las instancias competentes de la institución policial como la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que es la encargada de investigar las faltas cometida por los miembros de la institución.
Al enfrentarse a las autoridades de esa instancia, mencionó que lo primero que le preguntaron fue: “¿cómo andaba vestida?”.
Se sintió juzgada al oír que los primeros cuestionamientos eran por su ropa y si había ingerido alcohol o si tenía relación más cercana con su compañero.
“Sentí como que buscaban justificación para defenderlo a él”, sostuvo.
En su entorno laboral, escuchó cómo se propagaban los rumores que minimizaban la situación, que “sólo había sido un susto, una exagerada y malintencionada”, entre otras cosas que se escuchaban en los pasillos.
“Es difícil para una de mujer porque siempre buscan normalizar las cosas. Ahora en la actualidad y al ver que está persona agresora está cerca al lugar en el que estoy también siento como que a la empresa no le importa mi salud emocional o como me puede afectar el que mi agresor esté allí a pesar de que hay un proceso abierto”, relató.
¿Cómo procede Didadpol ante estas denuncias?
A la consulta de Expediente Público sobre el caso en la Didadpol, la instancia encargada de investigar las faltas cometidas por parte de los miembros y empleados de la institución, su directora Silvia Amaya afirmó que los casos relacionados «son mínimos».
Amaya, informó a Expediente Público que en 2022 la institución no registró ningún caso relacionado con el tema. Sin embargo, en 2023 se registraron tres denuncias y, en lo que va de este año 2024, están investigando cuatro procesos.
Detalló que estos casos aún están en la etapa de investigación pero que representan un «número mínimo», comparado con las denuncias que Didadpol recibe por faltas disciplinarias cometidas por policías en sus funciones.
La directora explicó que se inician las investigaciones a partir de denuncias presenciales, telefónicas, o a través de su portal web y por informes de otras instituciones, incluida la Policía Nacional.
Una vez recibida la denuncia, investigan los hechos, analizan las garantías constitucionales al investigado y, finalmente, hacen una recomendación a la Secretaría de Seguridad “para que tome la decisión final que sería ya la etapa sancionatoria del proceso”.
Juez envía a prisión a denunciado
No fue sino hasta un año después de la tentativa que, el viernes 17 de mayo del 2024, un juez emitió una orden de detención judicial contra el presunto agresor de la oficial Elena, quién fue trasladado ese mismo día a la cárcel de Támara, al norte de Tegucigalpa.
A pesar de eso, “mi vida antes de una agresión era más tranquila sin tanto pensamiento negativo, sin esa lucha mental que se me vienen a mi cabeza, sin miedos, por decirlo así tenía felicidad, positivismo, era extrovertida, muy sociable y que es algo que se ha disminuido”, narró Elena.
Ahora está en un modo constante de alerta, padece insomnio que aumenta aún más cuando está bajo estrés y, aunque recibe terapia, la ansiedad ahora es parte de su diario vivir.
Tentativa de violación es delito
Cristina Alvarado, integrante del Movimiento Visitación Padilla, un grupo dedicado a brindar apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género, explicó a Expediente Público la violencia sexual es una “pandemia silenciosa”.
La activista señaló que la violencia sexual queda guardada en el silencio y en el pudor, porque las víctimas suelen sentirse avergonzadas y culpables por lo que les ha ocurrido, “indistintamente de cuál fue el escenario o las situaciones” en las que se produjo el delito.
Agregó que esto se debe a que “lamentablemente vivimos en una sociedad machista que lejos de perfilar al agresor y señalar al agresor, lo primero que hace es cuestionar a las víctimas”.
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Sin ley contra violencia en Honduras
En diciembre pasado la Secretaría de Salud lanzó el Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual que es una herramienta que permite ofrecer una respuesta efectiva a las personas que buscan atención después de una agresión sexual.
Con esto se debe garantizar la atención médica inmediata y la recolección de evidencia forense, también incluye aspectos importantes como la atención psicológica y emocional, orientación sobre sus derechos y los recursos disponibles para su recuperación.
Pero, además de esto, las organizaciones feministas aún sienten la deuda de la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres, misma que fue propuesta y entregada el 8 de marzo de 2022 a la presidenta Xiomara Castro por parte de organizaciones de mujeres.
Durante el Foro Centroamericano sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras, Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM) expresó que la “violencia sexual es pan de cada día en Honduras”.
“No hemos podido avanzar con la propuesta de ley y muchas de las supuestas razones del porqué no se avanza con esta propuesta de ley por lo menos para remitirla al Congreso Nacional es que no ha sido socializado”, explicó.
Reclaman que Gobierno impulse ley
A su vez, lamentó que haya “un silencio absurdo desde la Casa Presidencial respecto a esta problemática” como lo es la violencia hacia las mujeres.
“No podemos construir una verdadera democracia, un verdadero país si los derechos de las mujeres están ausentes”, finalizó.
Se esperan con la implementación de esta ley una mayor protección para las mujeres, un mayor reconocimiento a las diversas formas de violencia, así como el reforzamiento de sanciones del Código Penal.
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Además, se prevé una mayor disponibilidad de instituciones a atender las necesidades de las mujeres y la mejora en la coordinación entre ellas.
“Esta ley aborda la violencia contra las mujeres desde sus distintas causas y dimensiones. Retoma vacíos, fortaleciendo mecanismos existentes y promoviendo estrategias que contribuyan a que el Estado responda a la demanda de las mujeres hondureñas”, dijo Alvarado.
Lara Bohórquez del CDM dijo a Expediente Público que dicha ley también “exige un real compromiso e integralidad de las instituciones del Estado». Lo que es «necesario y fundamental para hacer agujeros en el sistema patriarcal y la sociedad machista que vivimos”.
Que la iniciativa no haya sido trasladada al Congreso Nacional después de dos años de ser entregada a la Presidencia de la República, “indica que no es importante para este gobierno”.
