*Tres de las universidades confiscadas pasaron a manos del Gobierno que ha colocado a rectores vinculados al FSLN con el objetivo de instaurar el control político y el adoctrinamiento partidario.
**Las más recientes en ser intervenidas fueron la UNT y USTON. El Parlamento nicaragüense continúa anulando la personería de las universidades señalándolas de supuestamente no reportar estados financieros y no tener al día sus Juntas Directivas, lo que rechazan las organizaciones.
Expediente Público
En los últimos cuatro años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha cerrado 88 organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entre ellas defensoras de derechos humanos y 18 universidades privadas, según constató Expediente Público constató en el registro del Parlamento nicaragüense. La anulación de las personerías jurídicas de esas entidades se efectúo entre el 15 de diciembre de 2018 al 23 de febrero del 2022.
Entre enero y febrero de 2022, a solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob) de Nicaragua, la Asamblea Nacional (Parlamento) controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), han cancelado 25 organizaciones no gubernamentales y han intervenido 18 universidades. Se calcula que alrededor de 18 mil estudiantes son afectados por esta medida.
Esta vez fueron canceladas las personerías jurídicas de la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN) y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Medio (USTON). La medida fue aprobada con 75 votos a favor, 0 en contra y 18 abstenciones el miércoles 23 de febrero. El Parlamento dio paso a la iniciativa solicitada al diputado sancionado, Gustavo Porras el pasado 18 de febrero por la responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, Franya Urey Blandón.
El decreto fue firmado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobernación del Legislativo, quien desde 2018 es la figura que utiliza el régimen de Daniel Ortega para atacar a las asociaciones sin fines de lucro.
Rodríguez, durante la sesión parlamentaria usó el mismo argumento contra las universidades de que presentan supuestamente “inconsistencias en los estados financieros” y “violaciones a la Ley”, las mismas acusaciones hechas al igual que a otras universidades intervenidas.
Según el Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el diputado Rodríguez participó directamente organizando y liderando los grupos paramilitares en la represión contra civiles.
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De acuerdo al Migob, las autoridades de la UTN y de la USTON, supuestamente incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a las Asociaciones sin Fines de Lucro. “Han obstaculizado el control y Vigilancia del departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro para la Regulación de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, debido a que, al no reportar sus informes financieros conforme a los períodos fiscales, con los desgloses detallados, no han promovido políticas de transparencias en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron o acordes a sus fines y objetivos por los cuales se les otorgó la Personalidad Jurídica”, argumentaron los diputados para despojarlas de la personería que les impide seguir funcionando en Nicaragua.
USTON cerrada por segunda vez
La USTON operaba en el país desde el año 2003 en la ciudad de Granada, a 42 kilómetros de la capital, Managua, y hasta la fecha oficializaba en su portal web, que era una entidad reconocida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
La universidad existió hace varias décadas, pero “en mayo de 1950 por razones políticas el dictador Anastasio Somoza García, ordenó el cierre de esta universidad y concentró los estudios universitarios en la ciudad de León. Así, durante varias décadas, la población estudiantil granadina vio muy limitadas sus oportunidades de acceder a la educación superior”, relata la universidad en su sitio digital.
Después de 19 años de servir como casa de estudio, la USTON, es señalada de supuestamente transgredir la “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Esta es la misma práctica política del régimen para cerrar y confiscar los centros de estudios privados.
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Según la fuente consultada por Expediente Público, desde octubre de 2021, se ha solicitado en reiteradas ocasiones el cambio de Junta Directiva de la USTON por el fallecimiento de uno de sus fundadores y dirigentes, Roberto Ferrey Echeverry, sin embargo, fue denegada por el Ministerio de Gobernación hasta la fecha de su cierre, y esto influyó en la presentación de sus reportes financieros.
“Ellos (Ministerio de Gobernación) no permitieron renovar la junta directiva, y si no se renovaba, no se aceptaban los estados financieros”, aclaró la fuente de la universidad.
Al menos 350 estudiantes estaban matriculados según la fuente y las autoridades ya esperaban el cierre. “Esto va a seguir porque lo que quieren es un control total sobre las universidades, control total sobre la educación” concluyó.
UTN cerrada por no tener Junta Directiva
Según el decreto de cancelación enviado al diputado sancionado Gustavo Porras a cargo de la Asamblea Nacional, la UTN no cuenta con una nueva Junta Directiva y no reporta sus estados financieros.
La UTN “tiene la Junta Directiva con plazo vencido, encontrándose acéfala. No reportó Junta Directiva, ni su domicilio legal. En consecuencia, el Ente Regulador no puede identificar quiénes son los verdaderos representantes o asociados del organismo, infringiendo las leyes que regulan a las ONGs”, afirmó el decreto.
Esta universidad, con sede en Managua y León, tenía personería jurídica desde hace 23 años (1998) con oferta de carreras técnicas, y a pesar de que ha sido de conocimiento público la futura cancelación de personería jurídica de esta casa de estudio, esta no ha emitido ningún comunicado.
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El pasado 3 de febrero en tan solo 24 horas, 12 universidades de origen nacional y extranjero fueron canceladas, y 3 de ellas pasaron a ser estatales; la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), uno de los bastiones más significativos de lucha cívica en 2018 fue nombrada Universidad Nacional Politécnica, (UNP) y la ahora extinta Universidad Católica del Trópico Seco por la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda.
También se le retiró su personería jurídica a la Universidad Hispanoamericana, (UHISPAM), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios, (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua, (UPONIC), y Universidad Pablo Freire que fueron pasadas al control del Consejo Nacional de Universidades y nombradas Universidad Estatal Ricardo Morales Avilés.
