* Los “acuerdos de facilidad de crédito”, además de imponer empresas chinas, incluyen cláusulas en las que Pekín protege sus intereses ante riesgos políticos y potenciales sanciones contra el régimen.
** Ni el deudor o propietario de algún proyecto chino en Nicaragua deben caer en “violación de sanciones”.
*** Dos empresas chinas recibieron millonarios desembolsos que pagará Nicaragua, según consta en la reforma presupuestaria de 2024.
Expediente Público
Los contratos con empresas chinas traen nuevas condiciones de financiamiento adaptadas al riesgo político que existe en Nicaragua y las sanciones internacionales que enfrenta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estos “Acuerdos de Facilidad de Crédito” incluyen cláusulas especiales para proteger a las empresas chinas frente a las sanciones internacionales, conflictos sociales y la inestabilidad política en Nicaragua.
Dichas cláusulas incorporadas en los acuerdos no son habituales en otros países, explicó a Expediente Público Hernán Alberro, miembro del China In The World Network.
Aunque la opacidad de China es grande y “no son muchos los contratos de estos que se han conseguido y que se pueden ver”, el experto señala que en casos de países que no suelen tener problemas de sanciones como Argentina o Chile este tipo de cláusulas no existe.
“Con Ecuador, por ejemplo, se vieron muchos de esos contratos (de entendimiento), y no recuerdo una cláusula de esa naturaleza” que blinde ante posibles sanciones, dijo Alberro.
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3 empresas chinas con 7 contratos
Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, Nicaragua suscribió siete contratos con tres empresas de la República Popular China: China Communications Construction Company (CCCC), China Camc Engineering (CAMCE) y China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).
Estas tres empresas son de propiedad estatal, cotizan en las principales bolsas de valores de China y operan bajo la administración de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado (SASAC).
La Comisión está directamente bajo la dirección del Consejo de Estado de China. De SASAC depende la administración de los activos de propiedad estatal chinos.
Desde esta función rectora, elabora proyectos de ley y reglamentos sobre la administración de los activos estatales.
Los siete acuerdos suscritos por el régimen suman un total de USD933.20 millones.
“Más allá de la Franja y la Ruta: Impacto de las empresas chinas en Centroamérica”, una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto, revela que “las empresas ligadas” al Partido Comunista Chino (PCCh), “cumplen un rol sustancial en los anhelos chinos de expansión global, enmarcados en iniciativas específicas como la de la Franja y la Ruta”.
Sin embargo, en Nicaragua desde 2018 las sanciones internacionales alcanzaron al menos a 110 funcionarios del régimen y 16 instituciones estatales por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo.
El régimen, en su afán de evadir las sanciones internacionales, en noviembre de 2024 a través de la Asamblea Nacional, aprobó la “Ley de Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”.
Sanciones y eventos desencadenantes
Frente a esta situación, el régimen de Xi Jinping no se arriesga en Nicaragua. El primer contrato firmado por Nicaragua con una empresa china fue el 31 de octubre de 2023, y ya incluía cláusulas de protección ante “eventos desencadenantes” y “riesgos políticos”.
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Otro de los acuerdos es con CCCC para el diseño y construcción de una planta fotovoltaica en Matagalpa, cuya propietaria es la estatal Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
Abiertamente se protegen también los intereses de China ante el riesgo político que podría afectar la ejecución del contrato y obliga, en ese caso, al régimen Ortega Murillo a indemnizar.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica. La represión del régimen de Ortega Murillo dejó 355 personas asesinadas y más de dos mil heridos.
Además, organizaciones de derechos humanos contemplan que al menos 800,000 nicaragüenses se desplazaron por motivos políticos, económicos y el destierro impuesto por la dictadura.
Los riesgos que ve China
Entre los potenciales riesgos vistos desde la perspectiva china están las restricciones que podrían surgir para “pagar cualquier capital o interés” de deuda y el anuncio de una “orden de mora” contra el régimen.
La empresa CCCC se protege frente a eventos de “fuerza mayor” que incluyen “guerras, guerras civiles, revueltas, revoluciones, disturbios o ataques terroristas” en Nicaragua, los que pueden imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Según el artículo 5 del contrato de CCCC, sobre la obligación de pago, de producirse un evento desencadenante, se activa la cláusula de “pago anticipado obligatorio”.
“El acreedor podrá, a su absoluta discreción (…) declarar inmediatamente vencidos y pagaderos todos los montos pendientes del capital, las comisiones y los intereses devengados”, establece el documento.
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“Evidentemente, China se está protegiendo de que Nicaragua luego no pueda accionar contra China diciendo ustedes incumplieron el acuerdo”, mencionó Alberro.
En este caso, Enacal tendría únicamente diez días para pagarle a la empresa china CCCC.
Tanto el régimen como la empresa china dejan claro que, a la fecha de la suscripción del contrato, ni Enacal ni el deudor, que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “están sancionados”.
El modo de operar de las empresas chinas
Para el economista argentino, Osvaldo Cortesi, todo mecanismo de financiación de China “tiene cláusulas que son secretas y otras no”.
“Es una forma de protegerse y además de condicionar otras ayudas (…). De alguna manera, condicionan al país. A veces son sanciones cruzadas, es decir, que, si no se le paga a una empresa china, de alguna forma se caen otros proyectos de otras empresas chinas en otras actividades”, explicó Cortesi a Expediente Público.
Cortesi agregó que esto “tiene que ver con una lógica en el funcionamiento de China prestando a países con debilidades, que de pronto tienen problemas internos (y) políticos”.
Cortesi fue director general del Ministerio de Hacienda de Argentina y economista jefe de la Fundación Latinoamericana de Investigaciones Económicas, y desde el 2000 se ha especializado en economía China y sus repercusiones globales y regionales.
“Más allá de lo que son cláusulas normales de los préstamos internacionales del BID (Banco Interamericano para el Desarrollo) o Banco Mundial, China tiene preferencias obviamente especiales. Si estos son nuevos, no sé”, mencionó Cortesi.
¿Cuáles sanciones señalan los contratos?
Por sanciones, los contratos establecen aquellas que impone el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las estadounidenses que impone el Departamento del Tesoro o cualquier otra autoridad.
Además, las medidas restrictivas de la Unión Europea y las de Reino Unido.
Según el contrato, el acuerdo de financiamiento que adquirió Enacal con esta empresa es por 65,9 millones de euros (USD60,4 millones), que corresponde al 80% del monto total del proyecto.
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Enacal entregó el restante 20% a la empresa china CCCC en concepto de “pago anticipado”.
Otro de los contratos que favorece a esta empresa para el diseño, suministro y construcción de la planta de generación de energía eléctrica solar fotovoltaica “El Hato”, en Matagalpa, también contempla estas acciones de cobertura contra potenciales sanciones.
La empresa deja garantía que ni el deudor o propietario del proyecto han estado o están involucrados en “violación de sanciones” o son “una persona sujeta a sanciones”.
Camce también se protege
China CAMC Engineering (Camce) ganó al menos tres contratos con el régimen por un monto de 3,311 millones de yuanes, equivalente a USD468.1 millones.
La empresa, acusada en otros países de América Latina por actos de corrupción, tal como expone la investigación de Expediente Público, “El mal récord de las empresas chinas que prometen inversiones en Nicaragua”, también incluye cláusulas sobre sanciones.
El artículo 6 del acuerdo que firmó Hacienda para el proyecto de un sistema nacional de respuesta a emergencias de Nicaragua, con la empresa Camce, establece las consecuencias en caso de que el “propietario del proyecto o sus signatarios autorizados se vean afectados por sanciones”.
El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), como propietario del proyecto, tiene la obligación de informar a Camce dentro de los siete días hábiles siguientes al evento de las sanciones.
Entonces, Camce no podrá poner a disposición “más financiación, quedará inmediatamente cancelada”, según el contrato.
Además, la empresa china podrá “declarar resuelto” el contrato y declarar que todo el importe pendiente, incluyendo intereses y otras cantidades, se vuelvan inmediatamente “vencidas y exigibles”.
El economista Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político y desterrado nicaragüense, cree que “protegiéndose por todos los riesgos posibles”, las empresas chinas muestran que “saben que el tema de las sanciones es un evento posible”.
“Para mí es un reflejo de la otra cláusula que me parece súper abusiva que los obliga a pagar el 20% de la obra por adelantado”, señaló Chamorro.
Modificación presupuestaria
El 17 de diciembre de 2024, la Asamblea de Nicaragua aprobó una reforma al Presupuesto General de la República 2024, en la que incluye pagos a Camce y CCCC para empezar las obras pactadas en los acuerdos.
La reforma incluye la asignación de 3,706.4 millones de córdobas (USD101.21 millones), proveniente de las Rentas del Tesoro, al Ministerio de Transporte e Infraestructura para la reconstrucción, ampliación y mejoramiento del aeropuerto Punta Huete.
El régimen también incorporó 311.5 millones de córdobas (USD8.5 millones) para el proyecto denominado Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias de Nicaragua que también ejecuta Camce.
Como parte del servicio de deuda pública externa agrega 82.4 millones de córdobas (USD2.25 millones) para el pago de comisiones a Camce.
La empresa CCCC también recibió una asignación vía presupuesto.
Para esta empresa se incluyeron 414.4 millones de córdobas (USD11.3 millones) destinados para la construcción de una planta de tratamiento fotovoltaica de aguas para las operaciones de los Sistemas de Enacal en San Isidro, Matagalpa.
Y 560.3 millones de córdobas (USD15.3 millones) para una planta fotovoltaica en Masaya, que servirá, según el proyecto, para las operaciones de Enacal.
¿Sustituir el dólar por el yuan?
Pekín implementó en diversos países de América Latina, como Bolivia, Argentina y Ecuador, una estrategia de financiamiento que consiste en operar la deuda directamente en yuanes en lugar de dólares.
Esta práctica, que también se observa en Nicaragua, refleja el interés de China en internacionalizar su moneda y reducir la dependencia del dólar en sus transacciones internacionales.
Aunque, no buscan sustituir al dólar como moneda global, sí pretenden que el yuan “empiece a tener un rol más fuerte en el comercio internacional”, puntualizó Alberro.
Por otra parte, según Alberro, con este tipo de acuerdos “lo que hacen es empezar a operar deuda en su propia moneda. Muchas veces, son cambios de deuda; son swaps, que hacen de una deuda de corto plazo una deuda de más largo plazo”.
