* El COHEP asegura que no entregaron pruebas de que la empresa privada tuviera vínculos con el narcotráfico.
**El vocero del Ministerio Público explicó que solo los fiscales saben cuáles son las cuatro familias incriminadas.
Yarely Madrid | Expediente Público
El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Gustavo Solórzano, calificó la denuncia del titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR) como un «show político».
«Si se iba a ir a presentar una denuncia, se hubiera hecho como lo hace cualquier persona que está obligada a realizarlo, pero lo que existió hoy (13 de septiembre) fue un mitin político fuera del Ministerio Público», expresó a Expediente Público.
Sobre si la empresa privada como persona jurídica incurrirá en una demanda ante la falta de pruebas del titular de la SAR, Solorzano expuso que se consultará en días posteriores si existe alguna denuncia contra el COHEP y «de no existir se va informar a la junta directiva y después de eso se tomará una estrategia correspondiente para ver qué es lo que prosigue».
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
«Se le preguntó cuando estábamos dentro del Ministerio Público si había alguna acusación contra el COHEP y él dijo de que nos íbamos a ver en los tribunales, simplemente con eso respondió, pero no hay absolutamente nada. Eso se lo puedo asegurar», aseguró Solórzano.
La denuncia de la SAR
El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, se presentó el miércoles 13 de septiembre ante el Ministerio Público para entregar supuestas pruebas de vínculos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (COHEP) con el crimen organizado.
Ochoa dijo que probarían los vínculos de la cúpula empresarial con el narcotráfico. Sin embargo, únicamente realizó acusaciones sobre cuatro familias que habrían utilizado dos poderes del Estado para beneficiarse.
El 6 de septiembre a través de la red social «X» Ochoa declaró que «Honduras está controlado por una mafia de 10 familias exoneradas, representadas por el COHEP, que a través de su brazo narco político BOC (Bloque de Oposición Ciudadano)» trataban de imponer al fiscal general.
La empresa privada envío una carta al funcionario el martes 12 de septiembre, retándolo a demostrar ante la fiscalía sus afirmaciones.
El titular del SAR llegó a la fiscalía en un camión que en su interior transportaba 17 cajas con documentación sobre «declaraciones de impuestos, declaraciones de aduanas, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos de diversas secretarias de Estado, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, actas certificadas de sesiones legislativas, reportes aduaneras y fiscales, manifiestos de vuelos», entre otros.
«Los casos presentados denuncian la comisión de los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas, así como delitos fiscales y suman un perjuicio total que ronda los 1,500 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras», expresó Ochoa.
Lea: La telaraña política hondureña entorpece elección de fiscal general
¿De qué tratan las acusaciones?
Rodeado de ministros de secretarias de Estado y con varios simpatizantes del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, contextualizó de qué tratan las acusaciones.
«La primer denuncia expone como al amparo de un régimen que tiene como objetivo la atracción de turistas al país una empresa importó un helicóptero al país sin pagar impuestos y este fue utilizado para transportar a la familia dueña de la empresa y sus amistades», explicó.
La segunda denuncia vincula a «un grupo económico que utilizó su influencia y conexiones tanto como con el Congreso Nacional, como con un exministro de la secretaria de Desarrollo Económico para lograr de forma corrupta la aprobación de tres decretos y de una resolución con el fin de trasladar ilegalmente los beneficios de una empresa con régimen de Zonas Libres (ZOL) , a otras en el Régimen de Importación Temporal (RIT) para evitar el pago de todos los impuestos».
También: Falta de elección de fiscales abre grietas entre el Congreso y el Ministerio Público de Honduras
«Como consecuencia este grupo recibió de manera indebida casi 500 millones de lempiras en exoneraciones”, manifestó el funcionario.
La tercera involucra a «una empresa multinacional que utilizó su influencia política para gestionar un decreto en el Congreso Nacional que mediante una interpretación del Código Tributario y de forma retroactiva eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria el cual se estimó en más de 500 millones de lempiras”.
Finalmente, «la cuarta denuncia expone como un empresario y ex diputado del Congreso Nacional incurrió en diversos delitos al promover en un claro caso de conflicto de intereses un decreto contentivo de beneficios fiscales para su empresa en el régimen de Zona Libre Turística de Islas de la Bahía ((ZOLITUR), por más de 450 millones de lempiras”.
Lea: Diputados de Libre imponen a jefe de Uferco como Fiscalía paralela en Honduras
¿Qué prosigue?
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a Expediente Público que los fiscales encargados del caso y personal de la SAR tienen la labor de revisar toda la documentación de las cajas para que la denuncia entre al sistema.
«Posteriormente de acuerdo a la denuncia y la documentación que él presente se va a turnar a la fiscalía, que de acuerdo al módulo de recepción tendría que hacer las investigaciones», indicó.
De acuerdo a Mora para que las supuestas pruebas cumplan con los criterios enmarcados en la ley no deber ser fotocopias y preferiblemente tampoco deben estar ligadas a otros juicios, porque esto haría más lento el proceso.
El portavoz del MP aclaró que todas estas cajas serán revisadas en por lo menos dos días, pero también los fiscales encargados del caso tendrán su tiempo para analizar los detalles. «No hay un tiempo específico que se pueda decir si va salir en un día, eso va depende de los fiscales», comentó.
¿Quiénes son las cuatro familias?
Yuri Mora mencionó que desconocía quiénes son las cuatro familias acusadas y que los únicos que sabían esta información son los fiscales asignados al caso.
«Los fiscales por lo general dan nombres cuando ya tienen un requerimiento fiscal que es el último caso de la investigación», afirmó.
Marlon Ochoa tampoco quiso dar a conocer quiénes son las personas que denuncia y solo se limito a decir que le encantaría decir los nombre, pero que retaba al Ministerio Público que cuando presente los requerimientos fiscales diga los nombres. «Este es el primer lote de denuncias que estamos presentando y vamos a continuar».
Los representantes de la Empresa Privada acompañaron todo el proceso en el Ministerio Público, a las 10:00 de la mañana ya se encontraban en el lugar esperando a Marlon Ochoa.
Además: Empantanada la elección del Fiscal General en Honduras
