* Organizaciones sociales denunciaron al Estado de El Salvador en el 190 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
** La canciller salvadoreña Alexandra Hill rechazó los señalamientos.
*** Capturas arbitrarias, detención forzada, torturas y muertes bajo custodia estatal son parte de las denuncias expuestas.
Eric Lemus / Expediente Público
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil emplazaron al Estado salvadoreño este 12 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 190 Periodo de Sesiones realizado en modo virtual.
La CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), escuchó la información de diversas organizaciones sociales que reclaman los abusos cometidos durante el Régimen de Excepción.
El Salvador vive bajo una estricta política de mano dura desde hace más de dos años como parte vertebral en la guerra contra las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
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La delegación oficial de El Salvador fue encabezada por la canciller Alexandra Hill, quien no aceptó las denuncias divulgadas ante el organismo hemisférico.
“Debo iniciar rechazando de forma categórica y contundente las aseveraciones muy alejadas de la realidad y de manera muy infundada que se han expresado en esta audiencia”, declaró Hill.
Investigación sobre tortura y homicidios
Capturas arbitrarias, detención forzada, torturas y muertes bajo custodia estatal son parte de las denuncias expuestas en la reunión que estuvo auspiciada por la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, quien es una abogada especializada en justicia social y equidad de género.
La institución no gubernamental Cristosal publicó el documento “El silencio no es opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción”, a partir de testimonios de sobrevivientes del sistema penitenciario y el análisis de 7,742 casos de mujeres detenidas.
La expectativa de las organizaciones sociales salvadoreñas por el encuentro de la CIDH fue en aumento la última semana luego de la difusión de dos documentos reveladores sobre los efectos colaterales de la política punitiva en este país centroamericano.
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“Esta suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y especialmente mujeres”, dice a Expediente Público el jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales.
Además, el reporte del Departamento de Estado estadounidense sobre trata de personas documentó que El Salvador totalizó 3,319 niños encarcelados entre marzo de 2022 y diciembre de 2023.
El Gobierno de Estados Unidos registró que 841 niños permanecían encarcelados bajo el Estado de Excepción a partir de enero de este 2024.
En tanto, Human Rights Watch trabajó otra investigación que está basada en más de 90 entrevistas, fichas judiciales y evidencias médicas forenses.
El documento ofrece un análisis de la situación de la niñez encarcelada, estigmatización social del sistema de justicia juvenil y el impacto del Régimen de Excepción sobre los niños, niñas y adolescentes detenidos.
498 agresiones a periodistas
Gabriela Colocho, representante de la Mesa por Defender Derechos, fue una de las delegadas que participó en la sesión virtual que expuso la situación de vulnerabilidad de quienes trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos de los ciudadanos.
“En los últimos años las personas defensoras (de derechos humanos) y periodistas hemos continuado nuestra labor de contraloría social y denuncia de los graves retrocesos a los derechos de todas las personas”, enfatizó Colocho.
“Este rol (de contraloría social y denuncia) lejos de permitirnos aportar a una sociedad democrática nos ha puesto en una situación de mayor riesgo, que pone en peligro nuestro trabajo y nuestra vida”, agregó.
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“El derecho a la libertad de expresión ha sido uno de los más afectados (…) en los dos últimos años han ocurrido al menos 498 agresiones contra periodistas y medios de comunicación”, dijo Colocho, en base a los casos documentados por la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Rechazo del Estado salvadoreño
El Salvador reivindicó su estrategia punitiva como la única manera de combatir la inseguridad social derivada del control ejercido por las pandillas.
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, en calidad de jefa de la posición oficial, tras rechazar los señalamientos, argumentó que el Estado de Excepción seguirá vigente como parte de la estrategia antidelincuencial de la administración de Nayib Bukele.
“Lamentablemente en materia de seguridad no hemos llegado hasta donde queremos llegar”, admitió la canciller Hill.
“Es de todos conocidos que las pandillas tienen una capacidad para reorganizarse y reclutar nuevos miembros incluyendo a niñas, niños y adolescentes”, aseguró la funcionaria.
Agregó que las pandillas mantienen operaciones que se extienden más allá de las fronteras salvadoreñas. «Esta realidad nos obliga a mantener vigente el Régimen de Excepción, ya que el riesgo latente de actos violentos y la capacidad de las pandillas para desestabilizar al país justifican estas medidas extraordinarias”, esgrimió Hill.
Expropiación a comunidades indígenas
Moisés Márquez, quien es secretario del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), dijo a Expediente Público que ellos acudieron a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra a denunciar los abusos cometidos contra la población nativa.
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“Una de las situaciones graves en El Salvador es que las expropiaciones que hace el Gobierno está poniendo en peligro la sostenibilidad de la vida en el territorio”, explicó Márquez.
El delegado participó en la 17ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para detallar el despojo de tierras que sufren comunidades originarias.
Para Márquez, la sesión en la CIDH es una oportunidad más para evidenciar a nivel internacional los abusos en este país centroamericano.
“Históricamente siempre hemos estado en una situación de vulneración de los derechos y usurpación de los territorios, es decir, que se presta para que empresas inmobiliarias y hoy turísticas vayan a generar una serie de conflictos”, añade el representante de la organización indígena.
“Como MILPA buscamos que se haga efectiva la aplicabilidad de la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero también que se aplique el artículo 63 inciso 2 de la Constitución de la República, que reconoce a los pueblos indígenas y menciona que adoptará políticas a fin de mantener su identidad étnica, valores y espiritualidad, pero esto no puede ser posible si no se está respetando el territorio y la naturaleza”, defiende.
