*Este 1 de septiembre se vence el nombramiento del actual fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, sin avances en dos días de discusiones parlamentarias para elegir a su sucesor.
**Ana María Méndez de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), considera que la elección del fiscal general y adjunto debe de garantizar la separación de la Fiscalía de la presidencia.
Yarely Madrid / Expediente Público
El Congreso Nacional de Honduras, conformado por 128 diputados, pospuso este 30 de agosto la elección del fiscal general y fiscal adjunto para el período 2023-2028. El presidente del legislativo Luis Redondo informó en sus redes sociales que se reanudará la sesión el 31 de agosto a las 11:00 de la mañana.
«Seguimos con las jornadas extensas con las diferentes bancadas y Congresistas, para lograr los consensos necesarios para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público», escribió.
Aunque las fuerzas políticas, Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han estado realizando negociaciones a puertas cerradas, no pueden llegar a un acuerdo que les permita elegir a la nueva jerarquía del Ministerio Público.
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Los diputados deben seleccionar los dos fiscales antes del 1 de septiembre, porque a medianoche del jueves 31 de agosto concluyen los cargos del actual fiscal general, Óscar Chinchilla y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián.
¿Por qué importa el fiscal general de Honduras?
El secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta, Xiomara Castro, Carlos Zelaya, advirtió que esperaba «no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución mande”.
Estas declaraciones son preocupantes, dijo a Expediente Público Ana María Méndez de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
«Eso es delicado imagínese que un funcionario público esté haciendo un llamado a romper el orden constitucional, creo que va en contra de los mismos valores democráticos», manifestó.
«Es una amenaza muy grave, muy seria que no se debería de tomar a la ligera, y más bien la comunidad internacional debería de estar pendiente de este tipo de amenazas que hay, lo cual es un atentado a la democracia, no solo a la constitución», indicó.
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Oportunidad y paridad
Para Méndez «algo muy importante es garantizar la separación de poderes especialmente en temas de justicia». Recordó que Jenny Almendares posee un perfil idóneo para ostentar el cargo de fiscal general y señala que Honduras debe realizar la elección basándose en la paridad de género.
«Honduras nunca ha tenido una fiscal general y creo que es una oportunidad para que lo puedan hacer… que haya mujeres en la justicia, es algo muy importante «, subrayó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) recomiendan también garantizar «los estándares internacionales de independencia e imparcialidad, transparencia y paridad de género durante el proceso de selección de la próxima persona titular y adjunta de la Fiscalía General de la República».
«El Estado debe establecer garantías para evitar discrecionalidades por parte de quienes participan en el proceso de selección, e intereses particulares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz», establece la CIDH en un comunicado de prensa.
Libre quiere a su fiscal general de Honduras
El problema surge porque la nómina propuesta por Libre y la de la oposición compuesta por el Bloque Opositor Ciudadano (BOC) y el Partido Liberal, difieren en un candidato.
El partido oficialista quiere que el fiscal general sea el candidato Johel Zelaya, mientras que la oposición propone que a Marcio Cabañas para ostentar el cargo. Libre está de acuerdo con proponer a Cabañas, pues figura en su lista, pero proponen que sea fiscal adjunto.
La postulante mejor evaluada por la Junta Proponente, Jenny Almendares (95.55%), también tiene representación en la lista del BOC y el Partido Liberal, pero Libre no está de acuerdo con la decisión.
Cabe señalar que en el primer intento fallido por elegir las autoridades del MP, el 29 de agosto, ambas nóminas no alcanzaron los 86 votos (mayoría calificada) que establece la constitución para realizar la elección. La de Libre obtuvo 52 votos y la oposición llegó a 72.
¿Qué pasó en la primera sesión?
En medio de una multitudinaria manifestación convocada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, este martes los diputados del Congreso Nacional comenzaron la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Sin embargo los desacuerdos entre las diferentes bancadas fueron obstáculo para la selección.
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El 29 de agosto los parlamentarios fueron convocados a reunión, el partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre) propuso su nómina, al igual que el Partido Salvador de Honduras (PSH), pero ninguna de las dos alcanzó los 86 votos (mayoría calificada) para ser tomada en consideración.
La fórmula de PSH estaba siendo respaldada por el Partido Liberal y el Partido Nacional, por lo que al no alcanzar los votos necesarios el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, levantó la sesión y propuso negociar y volver al plenario para la tarde del 30 de agosto.
Pidió también a los diputados de Libre acompañar a los simpatizantes que se encontraban en las afueras y salió a dar un discurso donde solicitó a los activistas permanecer en Tegucigalpa hasta que se elijan los representantes del Ministerio Público.
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¿Quién figura?
Mario Cabañas, de 47 años, es el candidato que figura en ambas nóminas, tiene una una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal.
Se desempeña como fiscal titular de la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos y laboró como analista de Investigación en la Secretaría de Seguridad y Procurador de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.
Se le acusa de ser partidario de Libre, por sus antecedentes, pues en el 2010 lideró acusaciones contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras por expatriar al expresidente, Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
En su puesto de asesor del fiscal general, Leónidas Rosa Bautista, se le señala de obstaculizar y «engavetar» investigaciones contra funcionarios públicos.
