El 14 de marzo en Honduras los tres principales partidos políticos, elegirán sus directivas y candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre del 2021.
Expediente Público
Con una desconfianza general sobre el sistema electoral, el 14 de marzo se realizarán en Honduras los comicios primarios e internos, donde participarán los tres principales partidos políticos del país, quienes elegirán sus directivas y candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.
La cita de marzo será un pulso político en el cual los partidos medirán sus fuerzas y tratarán de ponerse de acuerdo internamente. También son un ensayo de transparencia o de fraude para el sistema electoral hondureño, de cara a los comicios generales, cuando se escogerá al sucesor del controversial mandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022).
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De los 14 partidos políticos legalmente inscritos para noviembre, sólo tres participarán en marzo: el Partido Nacional, con dos movimientos, el Partido Liberal con tres, y el Partido Libertad y Refundación (Libre) con nueve corrientes.
En total, el 14 de marzo participarán más de 28 mil aspirantes políticos. El Partido Liberal reporta 8587 precandidatos, el Partido Nacional, 6057; mientras Libre inscribió a 13,757 aspirantes. El objetivo es competir en noviembre por los siguientes cargos: un presidente, tres designados presidenciales (vice presidentes), 256 congresistas (128 propietarios y 128 suplentes), 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y vice alcaldes, además de poco más de dos mil regidores.
Para escoger sus autoridades internas en marzo, los tres partidos votarán a través de una cuarta urna que se colocará en cada mesa electoral. Por lo general, las corrientes que ganan las candidaturas presidenciales tienden a acaparar los espacios de dirección de sus partidos. Pero para llegar al poder requieren del apoyo de todos los movimientos que derrotó en las primarias; en esa perspectiva, la capacidad de negociación de las corrientes dependerá en gran medida de los votos que reciban el próximo 14 de marzo.
Para la elección de las autoridades no es necesario que cada corriente lance sus propios candidatos, de hecho, de las nueve corrientes internas que participan en Libre, ocho coinciden en reelegir al expresidente Manuel Zelaya Rosales como su Coordinador General; solamente le hará frente la candidatura de la exoficial de la Policía Nacional, María Luisa Borjas.
Por su parte, los once partidos políticos que no participarán en marzo están facultados por la Ley Electoral para seleccionar sus aspirantes en asambleas, dado que tienen escasa membresía y carecen de fracciones internas capaces de cumplir con los requisitos legales para contender. Uno de ellos, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), fue el primero en cumplir su tarea en diciembre pasado eligiendo como precandidata presidencial a la educadora popular Doris Gutiérrez, su única representante actual ante el Congreso Nacional.
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Antecedentes de las primarias
La práctica de las elecciones primarias e internas inició a partir de 1989, en un intento de los partidos Liberal y Nacional para evitar el fraccionamiento de sus propias filas. Con astucia, sus dirigentes buscaron institucionalizar sus discrepancias internas para evitar divisiones permanentes, lo que lograron al menos hasta el 2009, cuando el Partido Liberal se partió en dos a raíz de su participación en el golpe de Estado en contra de Zelaya Rosales, posibilitando el surgimiento de Libre.
Desde 1989, el proceso de consolidación de las elecciones primarias e internas ha sido progresivo y a velocidades distintas entre las organizaciones políticas. El primero en elegir a su candidato presidencial en consulta con su electorado fue el Partido Liberal en 1993 y cuatro años después adoptó esa vía el Partido Nacional.
Posteriormente se consolidó el sistema de papeletas separadas, con fotografías de los candidatos en los tres niveles electivos: Ejecutivo, Legislativo y Municipal. Hoy la existencia de papeletas distintas permite el voto cruzado entre corrientes, pero no entre partidos, como sí se admite en las generales.
Actualmente las elecciones primarias e internas tienen un despliegue de medios y recursos similar al de las generales. De hecho, para esta cita de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de un presupuesto base de 1200 millones de lempiras (unos 50 millones de dólares), una cifra comparable a los 1800 millones de lempiras (72 millones de dólares) gastados en las elecciones generales de 2017.
«Las elecciones primarias e internas deberían ser manejadas y financiadas directamente por los partidos políticos, con un CNE como supervisor. No es posible que se gaste casi la misma cantidad de dinero en las primarias que en las generales», opina Doris Gutiérrez, diputada en el Congreso Nacional desde 1998 y probablemente una de las mujeres más destacadas en la historia política del país.
El gasto de las campañas
Desde 2016 se aprobó una Ley de Política Limpia, con el objetivo de fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos. La Ley de Política fue una de las iniciativas que impulsó en el país la extinta Misión de Apoyo en la lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), pero la misma fue trastocada en el hemiciclo legislativo limitando muchas funciones, entre ellas su propósito original: seguir la ruta del dinero.
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La Unidad de Fiscalización, encargada de hacer cumplir dicha ley, «es manejada por los tres partidos (Nacional, Liberal y Libre), estando altamente politizada, por lo que la información sobre el gasto de las campañas sigue siendo un secreto», explica Gutiérrez.
Sin embargo, se estima que los gastos de los precandidatos para las próximas elecciones primarias e internas varían de acuerdo a cada político, a su partido, a la corriente que representan si se encuentra o no en el poder, y, sobre todo, el sector a quién beneficia e impulsa dicha precandidatura.
Los gastos límites de campaña para los comicios primarios e internos ya fueron autorizados por el Consejo Nacional Electoral y los techos son los mismos que regirán para los comicios generales de noviembre próximo. En el nivel de elección presidencial, un aspirante está autorizado a gastar un techo hasta de 544,2 millones de lempiras, que equivale a unos 22 millones de dólares.
En tanto, en el nivel de elección municipal, los montos van desde tres millones de lempiras o un poco más de 125 mil dólares, hasta 43 millones de lempiras, cerca de 1.9 millones de dólares hasta 76 millones de lempiras o su equivalente a 3.1 millones de dólares, según la carga electoral municipal.
Para las elecciones del 14 de marzo, muchos políticos parecen estar ya en la recta de las generales, con grandes despliegues de vehículos, con activistas pagados y con una vasta publicidad pautada en las redes sociales y en los medios de comunicación.
«Alguien que invierta tanto en una campaña es porque tiene muy claro que tendrá una retribución posterior, como en los negocios. En el Partido Liberal hay algunos movimientos que llevan en sus planillas a personas que lo mejor que podrían hacerle a Honduras, es hacerse a un lado», comenta Karla Medal, una joven de 27 años, quien se reelige como precandidata a diputada suplente en el movimiento “Esperanza de Honduras”, del precandidato liberal de Darío Banegas.
De acuerdo a Medal, el Partido Liberal no le ha apoyado para costear su campaña, la que afirma ha sido financiada a través de aportaciones personales, familiares y de amistades. «La corriente del presidente del partido (Luis Zelaya) es la que tiene acceso a la deuda política. En teoría ese dinero tendría que ser repartido entre los diferentes movimientos, pero en la práctica no es así», comenta.
«Competimos con gente que ahora mismo está empacando las maletas de dinero para ir a comprar a las personas que nosotros tratamos de convencer voluntariamente. Es difícil llegar a un lugar donde lo primero que te pide la persona es dinero para trabajar con vos», opinó a Expediente Público, Pili López, otra precandidata liberal al Congreso Nacional, por el departamento de Francisco Morazán.
López comenta que para su precandidatura ha invertido muy poco en publicidad, pero está consciente que para el 14 de marzo tendrá que incurrir en más gastos. «¿Cómo tener a las personas voluntarias de las mesas electorales sin comida nitransporte? ¿Cómo van a denunciar algo si no les damos saldo en sus celulares?», cuestiona.
En su caso, Pili López dice haber abierto una cuenta de política limpia, donde deposita el dinero que obtiene a través de diversas actividades, entre ellas, vender camisetas para patrocinar a las personas que vigilarán sus votos en las mesas.
¿Fraudes a la vuelta de la esquina?
Debido a la experiencia histórica acumulada, las elecciones primarias e internas de este año parten con una credibilidad cada vez más debilitada. La misma consejera representante del Partido Libre ante el CNE, Rixi Moncada, expresó que teme un fraude electoral, en marzo y en las generales de noviembre.
Desde que en 2019 los tres partidos mayoritarios se repartieran los puestos de la directiva del CNE, los consejeros han estado en constantes disputas, al punto que Moncada denunció a tres semanas de las elecciones que, el órgano se encontraba en una «grave crisis interna», y señaló a los nacionalistas de entorpecer las decisiones a favor de la transparencia electoral.
Las sospechas de Rixi Moncada responden a la discrepancia de los tres partidos para acordar básicamente sobre cuatro puntos: la actualización del censo electoral; el manejo de las credenciales en las 23,880 mesas de votación; el método para contar los votos, y; la auditoría y revisión de los mismos. Está claro que las autoridades no cumplieron debidamente sus deberes democráticos.
En primer lugar, el Congreso Nacional no aprobó la nueva Ley Electoral, provocando un vacío jurídico en el proceso. Además, el Registro Nacional de las Personas (RNP) no logró terminar la depuración del censo nacional electoral, excluyendo probablemente a un millón y medio de eventuales votantes. Y por su parte, el CNE no logró acordar el uso de las credenciales, ni unificar los métodos que utilizarán los partidos para contar sus votos. En conjunto, estas son las razones por las que Moncada comentó temer un fraude electoral.
«Estamos frente a una situación jurídica muy sui generis, la falta de una ley tanto en el CNE como en Tribunal de Justicia Electoral (TJE), genera ambivalencia e incertidumbre. Ahora resulta que un partido hará el conteo a su manera. Uno de los partidos dio los nombres de la gente que va en las mesas, otras no. Se va a votar con la tarjeta vieja y con la nueva, lo que se presta a que una persona vote más de una vez», explica Doris Gutiérrez, quien considera que «el fraude está a la vuelta de la esquina».
La desconfianza proviene desde prácticamente todos los sectores, incluso desde los precandidatos, «¿cómo voy a confiar en el sistema electoral si a diez días de las elecciones todavía no se aprobó la nueva Ley Electoral? ¿Si todavía hay dudas sobre el manejo de las credenciales?», se cuestiona la precandidata Karla Medal.
Para la ciudadanía, la falta de credibilidad del proceso tiene que ver, entre otras razones, con la composición del CNE, integrado por consejeros que son miembros activos de los partidos Libre, Partido Liberal y Nacional. A ellos se les señala de actuar en función de los intereses de sus partidos políticos y no de la democracia en general.
De acuerdo al último sondeo de percepción realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC–SJ, 81.8% de la población hondureña desconfía de la institucionalidad electoral. Sin duda, esa es una de las razones del 42.4% de la ciudadanía que se abstuvo a votar en las últimas elecciones de 2017.
En ese sentido, las primarias e internas exponen sobre la mesa las debilidades del sistema y de la institucionalidad electoral, que no cuenta con herramientas legales suficientes, ni con la voluntad y la decisión para garantizar la legitimidad de los resultados.
Si bien la transparencia del voto está en entredicho, no ocurre lo mismo con su utilidad, el cual despierta el interés de diferentes grupos para escalar posiciones de poder, como sucede con el crimen organizado y con los promotores de la industria extractiva, quienes en cada proceso electoral aspiran a tener una mayor representación política en los territorios donde operan.
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Las denuncias de la presencia de políticos ligados al narcotráfico en las planillas de todos los partidos son frecuentes. Comenzando con los presuntos vínculos que utilizó el presidente Hernández con el narcotráfico para llegar al poder.
En los tres partidos mayoritarios hay señalamientos por vinculaciones al crimen organizado, pero con mayor frecuencia se dan en torno al Partido Nacional. Solamente cabe recordar que un hermano del actual mandatario y un hijo del expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa guardan prisión en cárceles federales de Estados Unidos, ambos acusados por narcotráfico.
En lo que refiere al Partido Liberal, Yani Rosenthal se lanzó directamente al ruedo electoral luego de retornar en agosto pasado de una prisión en Nueva York donde estuvo tres años recluido por delitos vinculados al lavado de activos. Estos son solo los casos más representativos y evidentes.
Discriminación electoral
Para el electorado hondureño, la oferta de partidos es ficticia puesto que las opciones reales de triunfo se limitan a los tres partidos mayoritarios y al partido Salvador de Honduras; que lidera Salvador Nasralla, los demás no cuentan, y si se buscan diferencias ideológicas resulta que predomina el conservadurismo de derecha y el populismo de izquierda.
La escasez de opciones ideológicas se agrava por la discriminación electoral de los llamados grupos vulnerables: mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrohondureños, población LGTBI y personas con discapacidad.
En el caso de las mujeres, además de contar con menos recursos para sus campañas, la fórmula establecida en el reglamento de aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia en la participación política la vuelve obligatoria a partir de la tercera, cuarta y quinta posición en las planillas, de acuerdo con la carga electoral.
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Así, no resulta extraño que, en el proceso electoral general del 2017 la participación política a nivel de candidaturas a diputaciones fue de 568 mujeres (44%) y 711 hombres (56%). Sin embargo, de las 128 curules disponibles para diputaciones, sólo fueron electas 27 mujeres (21.09%) porcentaje que incluso representa un retroceso respecto a las 33 electas al Congreso Nacional en 2013 (25.7%). Además, de las actuales diputadas ninguna preside alguna comisión dentro del poder legislativo.
Para las elecciones primarias e internas del próximo 14 marzo participarán 1618 precandidatos a diputados propietarios, de los cuales 755 son mujeres (47%). Los dos movimientos nacionalistas presentan un 45% de mujeres en sus planillas de congresistas; las nueve corrientes de Libre, un 46% y las tres liberales un 47%.
Población LGTBI invisibilizada
Si las mujeres tienen difícil su figuración política electoral, peor ocurre con la población LGTBI que sienten el peso discriminatorio de la legislación y la intolerancia tradicional. A sus líderes, a quienes no se les reconoce otra identidad que la de nacimiento, les toca enfrentar a diario agresiones por particulares y policías, detenciones ilegales y constantes abusos o violaciones sexuales. El silencio mediático en torno a sus aspiraciones a cargos públicos es casi absoluto, al grado que parecen no existir.
El silencio mediático en torno a sus aspiraciones a cargos públicos es casi absoluto, al grado que parecen no existir. Para las presentes elecciones, dentro de los tres partidos mayoritarios no ha trascendido alguna precandidatura por parte de un activista de la comunidad LGTBI. Sin embargo, desde 2012 varios de sus integrantes se han postulado para ejercer cargos públicos.
«La participación política como candidatos ha sido un gran avance para denunciar nuestra realidad», afirmó Michelle, de la Red Cozumel Trans a Expediente Público.
Esta participación electoral no ha estado exenta del riesgo permanente que enfrenta la comunidad, como ocurrió con el activista gay Erick Martínez Ávila, cuando en 2012 fue precandidato en las elecciones primarias por Libre, siendo asesinado ese mismo año.
A pesar de los riesgos, en las elecciones generales de noviembre de 2017, tres representantes de la comunidad LGBTI formaron parte de las planillas para conformar el Congreso Nacional: Rihanna Ferrera, de la Red Cozumel Trans; David Valle, de Somos CDC; e Iván Banegas, de Colectivo Violeta.
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De los tres, solo Rihanna alcanzó las elecciones generales. Ella es una mujer trans a quien el entonces el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la obligó a utilizar su nombre de nacimiento, el mismo que no empleaba socialmente desde hacía más de una década. Aun así, obtuvo más de 15 mil votos a su favor.
«La campaña la hice mientras estudiaba y trabajaba, para ella invertí 22 mil lempiras (800 dólares) de mis bolsillos. Durante todo el proceso recibí amenazas, me atropelló un carro, tuve dos persecuciones en motocicleta, e incluso me mandaron un mensaje que decía “estás en la lista”», recuerda Rihanna Ferrera.
Una situación parecida de hostigamiento, incluso con mayor número de víctimas, y de discriminación electoral es la que sufre la población indígena y afrodescendiente, que representa 7.25% del total de habitantes de Honduras de un poco más de 9.5 millones de personas, y apenas tiene tres integrantes de esa comunidad entre el total de 128 diputados del Congreso Nacional.
Exclusión de grupos de población
En su informe final sobre la veeduría al proceso electoral, Honduras 2017, la Coalición de Observación Electoral No Partidaria (ON-26) subrayó que «la práctica de la discriminación está todavía presente en el proceso electoral hondureño, logrando que una persona se sienta excluida del sistema democrático».
Para garantizar el derecho de los denominados grupos vulnerables a participar en la vida política, sus organizaciones más representativas exigen que se lleven a cabo las reformas legales necesarias, pero la última palabra la tienen los partidos políticos.
En las cuatro décadas transcurridas desde el retorno al orden constitucional en 1980-1982, la transformación más significativa del sistema político hondureño ha sido pasar de un bipartidismo añejo a una democracia electoral multipartidaria, pero no corrió igual suerte la evolución de su cultura política, siempre atenazada por élites, autoritarismos y dogmatismos.
Los vaticinios para marzo
Si se tratara de apostar, en Libre es claro que la boleta presidencial la ganará Xiomara Castro, pero entre nacionalistas y liberales la moneda está en el aire. En el oficialista Partido Nacional, por ejemplo, Mauricio Oliva, titular del Congreso Nacional, y Nasry Asfura, alcalde de la capital, disponen de una maquinaria política con acceso a recursos públicos para sus campañas. En eso andan más o menos parejos.
La incertidumbre es mayor porque el índice nominador del presidente Hernández juega sobre la cabeza de ambos, sin posarse claramente en ninguno, aunque el primer anillo del poder que rodea a Hernández se ha ido a las filas de Asfura.
Si se trata de leer señales, de los diputados oficialistas que aspiran a su reelección, 43 figuran en las planillas de Asfura (junto a varios ministros del gobierno) y en Oliva sólo 16, pese a ello, en las vísperas la pelea se muestra un tanto cerrada. Ambos tendrán que negociar posteriormente para no fracturar la opción electoral de su partido.
En las filas del liberalismo, Luis Zelaya y Yani Rosenthal son protagonistas centrales y en su caso el ganador se llevará todo; por el tono de sus discursos no habrá espacio para pactar protagonismos, «gano y te vas» parece ser la sentencia entre uno y otro.
En conjunto, los partidos «bonsái» o de «maletín», como suelen llamarles localmente a los partidos minoritarios, aspiran únicamente a conservar su registro legal y no tienen la mínima posibilidad de dar una sorpresa, a excepción de Salvador de Honduras, encabezado por el presentador de televisión Salvador Nasralla.
De hecho, Salvador Nasralla ha dejado de ser un novato en la contienda, ni por edad (68), ni por experiencia electoral. El 2021 será su tercera incursión en el ruedo electoral. En los comicios de 2013 encabezó el Partido Anticorrupción (PAC) y obtuvo 418 mil votos (13.43% del total). Cuatro años después rozó el triunfo, con 1.3 millones de votos (41,42%), perdiendo por pocos sufragios ante Hernández, en una votación calificada por la oposición y algunos organismos internacionales como «fraudulenta».
Lo claro es que, mientras los partidos políticos montan su espectáculo electoral, el país se debate en una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes. A la mayoría de la ciudadanía no le interesa en lo más mínimo alistarse para votar el 14 de marzo. Su reto real es sobrevivir y si no puede lograrlo dentro de su país, pues entonces emigra, que para eso Honduras patentó las «caravanas de migrantes». De hecho, se calcula un millón de hondureños en el exterior. Ese millón, aún figura en el censo electoral, como también aparecen las víctimas del Covid-19.
