*El partido opositor, Ciudadanos por la Libertad, denunció que el padrón del Poder Electoral refleja una serie de “irregularidades” que apuntan a mayor abstención en los comicios nacionales.
** Nicaragüenses se preparan para jornada de verificación ciudadana que se llevará a cabo este fin de semana.
***International Crisis Group advierte de nuevas tácticas del régimen para reducir las opciones de la oposición en los comicios de noviembre.
Expediente Público
El proceso de las elecciones nacionales en noviembre en Nicaragua está plagada de irregularidades. La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad denunció que existe una reducción de 748,407 ciudadanos que estaban inscritos en el padrón electoral, pero que no pueden determinar si corresponden a personas ceduladas o si definitivamente fueron “eliminados” por el Consejo Supremo Electoral (CSE). El padrón es donde están registradas las personas mayores de edad con derecho a ejercer el voto.
De acuerdo a la copia del padrón electoral provisional entregada a los partidos políticos el pasado 9 de julio por el CSE, al compararse con el listado que se utilizó en las elecciones municipales de 2017, los datos actuales reflejan esa “reducción” importante de votantes, según el análisis de la agrupación.
En 2017, el CSE registraba a 5,095,747 de ciudadanos aptos para votar, en cambio el que utilizarán para los comicios de 2021 refleja a 4,347,340 de personas para ejercer el sufragio el próximo 7 de noviembre cuando el actual presidente, Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, buscarán la reelección.
“No podemos determinar si corresponden a ciudadanos cedulados o si fueron eliminados del padrón, ya que no hay un código que los identifique”, refiere la comunicación enviada por la Alianza Ciudadanos a la Dirección General de Atención de Partidos Políticos del tribunal, a cuyas autoridades se solicitó una reunión con “carácter de urgencia” para que se aclare cómo desaparecieron casi 800 mil votantes en cuatro años.
La plataforma opositora además demandó la entrega del padrón electoral y la lista de ciudadanos cedulados por “separado” tal y como establece la Ley Electoral.
La cartografía electoral provisional (documento donde están las demarcaciones y ubicaciones de los centros de votación) al compararse con la de 2017 se constató un aumento de 76,282 ciudadanos inscritos, es decir apenas un 1.9% lo que “no refleja el incremento natural del padrón” equivalente a un 3%, denunció la Alianza. Esa inconsistencia de los número de personas no ha sido aclarada por los magistrados electorales.
Verificación este fin de semana
A los funcionarios del CSE, todos afines al partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no parece importarle las críticas sobre las graves irregularidades que son señaladas al proceso de las elecciones nacionales, pues avanza con las actividades contempladas en el calendario electoral y este fin de semana realizará la jornada de verificación ciudadana.
La actividad prevista para este 24 y 25 de julio consiste en que los nicaragüenses visiten los Centros de Votaciones para confirmar, según el CSE, si “apareces o no en el padrón electoral de ese sitio”, lo que permitirá al ciudadano saber dónde irá a votar en los comicios.
Mientras las autoridades esperan que la jornada de verificación se realiza de forma “masiva”, en las últimas semanas la oposición promovió una campaña con el objetivo de que los nicaragüenses participen en esa actividad.
En caso que una persona haya cambiado de domicilio podrá solicitar la actualización de su dirección domiciliar en la oficina de cedulación más cercana, sin que eso implique que se le debe entregar un nuevo documento de identificación, asegura el CSE.
Temiendo que puedan presentarse irregularidades durante el proceso de verificación, el observatorio independiente Urnas Abiertas instó a denunciar anomalías en el transcurso de esta jornada.
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Urnas Abiertas, que comparte análisis respecto a la justicia y el riesgo electoral, hizo el llamado ante las “irregularidades y limitaciones administrativas para actualizar el padrón electoral” y advirtió que las anomalías pueden significar un “obstáculo para ejercer el voto”.
El CSE señaló que, según la Ley Electoral, el padrón será cerrado 60 días antes de las elecciones y será entregado a las organizaciones participantes 45 días antes del 7 de noviembre.
“Todas las actividades del calendario están establecidas, el tiempo nos come y las actividades no se paran (…) El pueblo tiene que ir a votar masivamente, si el pueblo vota masivamente y no hay una plataforma política, no hay promoción ni defensa del voto, se la roban”, señaló a Expediente Público Augusto Valle, fiscal nacional del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), miembro de la Alianza Ciudadana.
Presentar candidatos
La siguiente actividad a desarrollarse, según el calendario electoral, es la presentación provisional de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ortega será nuevamente el candidato presidencial del FSLN para un cuarto período consecutivo, y su esposa Rosario Murillo lo será por segunda ocasión.
Desde el 28 de julio y hasta el 2 de agosto, los partidos y alianzas políticas deben presentar sus listas ante el CSE. Posteriormente, entre el 3 y el 9 de agosto, se desarrollará un periodo de “subsanación, renuncias y sustitución” de candidatos para su publicación provisional el 12 de ese mismo mes.
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El calendario contempla un periodo de impugnaciones de tres días antes de que el CSE publique el 18 de agosto la lista final de candidatos que serían autorizados a participar en los comicios en el país centroamericano.
Cuatro de los aspirantes presidenciales opositores arrestados, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y la periodista Cristiana Chamorro Barrios, se habían inscrito como precandidatos en el mecanismo de selección de la plataforma opositora Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc).
A esa lista también se suman el periodista Miguel Mora y el representante del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, precandidatos que continúan detenidos junto a una veintena de líderes de la oposición arrestados en la última jornada de represión del régimen.
“Íbamos creciendo como una alianza con candidatos excelentes, pero vienen, `decapitan´ a los candidatos, echan preso a directivos de la Alianza Cívica, echan preso a algunos directivos nacionales y después viene el asedio y la persecución. Es difícil completamente, es un proceso totalmente raro, sin embargo, nosotros tenemos la voluntad de trabajar y darle la oportunidad a la población, preparar la plataforma política para que sea el andamiaje de la población electoral opositora para vencer al Frente Sandinista”, afirmó Valle.
El pasado 12 de julio la Alianza Ciudadana cerró las inscripciones de precandidatos presidenciales, siendo el independiente Américo Treminio junto al conservador Noel Vidaurre, los únicos que quedaron.
Destruir cualquier candidatura
Toda la información sobre la presentación de “candidatos provisionales” fue confirmada por el órgano electoral en un boletín informativo, publicado el 9 de julio.
“El CSE deberá recibir de parte de los partidos políticos participantes en las elecciones, sus propuestas de candidatos provisionales que luego, dentro de un proceso, se conocerá la lista definitiva de los candidatos a cargos de elección popular”, informó a través de ese boletín la magistrada Mayra Salinas.
Siguiendo la retórica de Ortega, la magistrada Salinas refirió que “en este momento, en el calendario electoral ni siquiera se contempla precandidatos, menos candidatos”.
Salinas insistió que los nicaragüenses, de cualquier partido político, “pueden aspirar a ser candidatos, cumpliendo los requisitos establecidos”, pero no se refirió a los opositores que guardan prisión por mostrar la intención de competir en las elecciones.
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En medio de solicitudes de la comunidad internacional de liberar a las personas presas políticas, incluyendo a los aspirantes presidenciales, el pasado 23 de junio durante el acto de conmemoración del 85 aniversario del natalicio de Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN, Ortega dijo que los opositores presos no son “candidatos” ni “políticos”, sino “criminales” que trataron de organizar un “golpe de Estado”.
Como parte de la persecución contra todo opositor que aspira a la silla presidencial en Nicaragua, las últimas acciones fueron dirigidas en contra de la abogada y académica María Asunción Moreno.
El pasado 10 de julio, Moreno a través de su cuenta de Twitter anunció su interés de ser la candidata de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Pocas horas después de su anuncio, la abogada recibió una notificación del Ministerio Público para una “entrevista” el 12 de julio pasado. La casa de Moreno fue rodeada de policías y ante el riesgo de ser detenida, la jurista habría salido de Nicaragua.
Desaparecen 1,203 centros de votación
Otras de las graves irregularidades identificadas por el partido Ciudadanos por la Libertad, es que en la lista de los centros de votación que envió el CSE se omitieron 1,203 centros de un total 4,309 que se habilitaron en las últimas elecciones municipales de 2017.
El 7 de julio los magistrados aprobaron las demarcaciones y ubicaciones de los Centros de Votación, donde funcionarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV). En el informe facilitado a los partidos políticos que, hasta ahora están autorizados a participar en las elecciones nacionales, se habían habilitado 3,110 centros de votación, pero la presidenta del tribunal, la magistrada sandinista Brenda Rocha dijo a medios oficialistas que ahora solo cuentan con 3,106 centros.
“Probablemente se han eliminados, digamos, los que estaban en lugares privados, en escuelas privadas, iglesias y ahora van a estar solo en lugares públicos (…) Estamos cotejando la cartografía de la elección municipal con esta cartografía para sacar la cantidad de centros de votaciones que han sido eliminados por municipios para que el equipo vaya in situ y vean la ubicación de esos centros eliminados”, explicó el opositor Valle.
El artículo 22 de la Ley Electoral, Ley número 331, establece que los centros de votación y sus circunscripciones serán determinados por el CSE tomando en cuenta los “datos poblacionales y territoriales”.
“Cada centro de votación tendrá circunscripción fija y tantas Juntas Receptoras de Votos como sean necesarias”, señala la Ley Electoral.
El 18 de julio a través de un comunicado, los magistrados informaron que debido a “solicitudes” de los partidos políticos y alianzas se trasladaron de locales algunos Centros de Votación, “de escuelas privadas a escuelas públicas, y escuelas públicas a otras escuelas siempre públicas, con mejor infraestructura y condiciones”.
Algunos de estos cambios se hicieron en los municipios de Matagalpa, Waslala, Tuma-La Dalia, Río Blanco, Jinotega y Managua, señaló el CSE.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad, sin embargo, denunció que buscó la información en el padrón proporcionado y encontraron que los centros que el tribunal electoral movió de lugar “siguen manteniendo los mismos registros y códigos asignados”.
“Si un centro de votación no es manejable y queda muy distante de la población eso incrementa la abstención y al incrementar la abstención asciende el piso y el techo de un partido político que quiere ganar las elecciones con minoría”, denunció Valle.
El alcalde de CxL en el municipio de Santa María de Pantasma, en Jinotega, al norte del país centroamericano, Oscar Gadea, denunció que el CSE eliminó aproximadamente 30 centros de votación en esa zona.
“La gente que votaba en el centro de votación de Quebrada Honda, que después lo pasaron al Bramadero en las últimas elecciones, esta gente si le va a tocar en el Tamalaque verificarse o le va a tocar en La Parcela, porque no tenemos una documentación que nos diga en qué centro de votación nos toca”, manifestó Gadea.
CEM no asumen funciones
El CSE juramentó el 6 de junio de 2021 a 102 personas para asumir los cargos entre propietarios y suplentes de los 15 Consejos Electorales Departamentales (CED) y dos Regionales (CER) que funcionarán en las elecciones de Nicaragua,
Los CED y los CER están conformados por un presidente, un primer miembro y un segundo miembro, cada uno con sus posibles suplentes, señala el artículo 16 de la Ley Electoral. Para la conformación, la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Alianza por la República (Apre), Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentaron sus ternas.
Valle confirmó a Expediente Público que el CSE acreditó a la Alianza de CxL tres segundos miembros propietarios en Estelí, Jinotega y Río San Juan y cuatro suplentes en Madriz, Masaya, Matagalpa y Carazo.
“Apenas tenemos voz y voto en tres departamentos”, dijo Valle.
Un total de 918 personas fueron juramentadas en los Concejos Electorales Municipales (CEM) de los 153 municipios en la nación centroamericana. Los delegados del FSLN y el PLC dominan esas estructuras.
La Alianza CxL, según Valle, presentó sus ternas en “tiempo y forma” y pese a que la toma de posesión fue el 25 de junio, los miembros CEM todavía “no estaban en sus funciones”.
El CSE apenas otorgó a la Alianza CxL un total de 24 segundos miembros propietarios y 38 suplentes en las estructuras electorales en 62 municipios donde están presentes como partido, confirmó Valle.
“En 24 municipios tenemos voz y voto y en 38 municipios tenemos solo voz, pero eso es teórico, porque hasta poco los CEM todavía no había sido instalados, tenemos conocimiento que hay una figura administrativa que está por encima de los miembros de los CED y que ellos han tomado mucha incidencia. Tenemos conocimiento también de algunos segundos miembros CEM nuestros que hasta la semana pasada no estaban todavía en sus funciones, cosa que ya deberían de estar según el calendario”, denunció Valle.
Preocupación de fraude
Pese al avance de las actividades contempladas por el CSE, todavía persiste la “preocupación” de que el gobernante Daniel Ortega siga obstaculizando la participación de la oposición e interfiera en los resultados, “socavando la legitimidad de las elecciones y generando más descontento”, refiere el informe titulado “Los riesgos de unas elecciones amañadas en Nicaragua”, publicado por International Crisis Group.
“Ortega ha jugado, por ahora, un papel de mano dura para acorralar a esta última casilla de las fuerzas de oposición (…) Uno de los grandes problemas en el seno de la oposición ha sido el excesivo enfoque en el juego electoral que ha distraído de lo que debía ser el objetivo que era exigir determinadas condiciones y negociarlas con el gobierno en el seno de la Asamblea o en un posible tercer dialogo”, señaló a Expediente Público, Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group.
International Crisis Group es una organización no gubernamental fundada en 1995 que dirige sus esfuerzos a la resolución y prevención de conflictos en diferentes países.
En el informe advertían sobre la posibilidad de que se detuviera a las “principales figuras de la oposición”, y además, que las elecciones pasadas en Nicaragua ofrecen pistas sobre las “posibles tácticas del gobierno para llevar a cabo unas elecciones desiguales”.
En las elecciones municipales de 2008 y en las elecciones generales de 2011 y 2016, sostuvo el organismo, las autoridades electorales controladas por el FSLN dejaron a algunos partidos de la oposición sin credenciales legales y, según informes, interfirieron con el conteo de votos al negar el acceso o entorpecer el trabajo de observadores independientes y de partidos políticos.
“El mayor desafío sigue siendo para la Unidad Nacional Azul y Blanco, CxL, Movimiento Campesino, la Alianza, etcétera, el de buscar una posición común donde todos, efectivamente, acuerden cuáles son las condiciones mínimas que serían aceptables. Claramente con candidatos en arresto domiciliario o en la cárcel ya es algo complicado, pero habría que definir los criterios, las condiciones mínimas que se quieren o exigir los dos o tres puntos que por lo menos un mínimo abriría el juego o decidir no ir, pero si algunos van y otros no van eso es hacerle el juego a Ortega”, manifestó Breda.
En algunos escenarios más radicales, según International Crisis Group, las autoridades electorales podrían también vetar al partido CxL para sacarlo del proceso como lo hizo en mayo pasado con el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC).
Por otro lado, advierten que la Policía Nacional, el órgano que desde 2018 se encarga de reprimir a los manifestantes y de asediar a miembros opositores, podría negar los permisos para realizar concentraciones en la campaña de los partidos opositores.
En Nicaragua, según lo dispuesto por el CSE, la campaña electoral inicia oficialmente el 21 de agosto y concluye el 3 de noviembre.
La influencia de EE.UU.
Las sanciones internacionales impuestas contra altos funcionarios del régimen de Nicaragua, incluyendo miembros de la familia Ortega Murillo, únicamente han “atrincherado al gobierno en su retórica antimperialista”, afirmó el analista.
Breda consideró que Estados Unidos, uno de los países que ha impuesto sanciones y revocado visas a funcionarios nicaragüenses por su participación en abusos a los derechos humanos y corrupción, debe replantear sus acciones en contra del régimen sandinista al igual que el resto de la comunidad internacional.
“Estados Unidos indudablemente tiene un peso muy fuerte en la región, sobre todo en el seno de la OEA, sus actividades de incidencia con los demás países para que firmaran ciertas resoluciones siempre han sido fundamentales. La Unión Europea tiene sus propios criterios en términos de evaluación y han tomado acciones un poco diferentes, pero seguramente una apuesta más multilateral que parece ser de hecho la que se está diseñando en la administración Biden acercarse y discutir con cancilleres de varios países cuáles son las posibilidades”, manifestó Breda.
En las condiciones actuales de Nicaragua es “muy difícil” que se desarrolle un proceso electoral que cumpla con todas las garantías, agregó Breda. “La esperanza es que a pesar de que hasta ahora efectivamente el escenario parece muy sombrío y parece que la pareja presidencial no está dispuesta a conceder nada (…) Viendo las condiciones actuales parece muy difícil que se dé una elección que pueda ser considerada justa y transparente en el país que, por lo tanto, tenga riesgo de profundizar la crisis actual en los próximos años”, concluyó.
