*Olban Francisco Valladares Ordóñez, miembro de la Junta Nominadora que presentó los 45 aspirantes a magistrados, espera que no se imponga la “afiliación partidaria”.
**En vista de que la elección de los 15 magistrados supone un gran reto para el Congreso Nacional, analistas prevén que no se llegue a un consenso en la fecha estipulada.
Expediente Público
El Congreso Nacional de Honduras elegirá hoy a 15 magistrados para la Corte Suprema de Justicia de una nómina de 45 personas, muchas de ellas cuestionadas por sus antecedentes y por distintos sectores que esperan prevalezca la transparencia y el Estado de derecho en el país centroamericano, remarcaron expertos consultados por Expediente Público.
El exdiputado y miembro de la Junta Nominadora, Olban Francisco Valladares Ordóñez, en representación del Consejo Hondureño para la Empresa Privada (Cohep), confía que la elección “no sea por afinidades políticas”, pues Honduras necesita “recuperar el Estado de derecho”.
“Que (los magistrados) no vuelvan a escogerse por afiliación partidaria y por sumisión y lealtad a los cacicazgos y a las direcciones políticas del momento, porque si no, entonces, volveremos a tener Cortes Supremas políticas y eso es lo que menos necesitamos en el país. Se necesita recuperar el Estado de derecho. La imagen que tiene (Honduras) internacionalmente es muy mala”, dijo a Valladares Ordóñez en entrevista con Expediente Público.
El pasado 23 de enero, la Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional un listado con los nombres de 45 candidatos y candidatas, de los que quince ocuparán un cargo para el período 2023-2030.
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Corte confiable
Valladares Ordóñez afirmó que no existió ninguna manipulación “política” durante el proceso de nominación de candidatos y candidatas. “Tenemos que crear una Corte confiable, (que) no se repartan en el Congreso cuotas de magistrados por afiliación política. La Junta hizo un esfuerzo enorme por no tener en consideración ninguno de estos elementos, sino que la Junta se fue estrictamente por la capacidad, por la formación y en parámetros y calificaciones específicas”, enfatizó Valladares Ordóñez.
“Escúchenle al pueblo, porque el pueblo hondureño está demandando, casi gimiendo en la calle, que se establezca un sistema de impartición de justicia transparente, despolitizado, ágil, que en primer lugar termine con la mora judicial que tenemos en Honduras”, imploró Valladares Ordóñez.
Tal y como lo estipula el artículo 311 de la Constitución de la República de Honduras, “los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por el Congreso Nacional”, lo que significa un reto enorme para este órgano legislativo.
El parlamento de Honduras está conformado por 49 diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), 43 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 10 del Partido Salvador de Honduras (PSH), 1 de Democracia Cristiana, 1 del Partido Anticorrupción (PAC), y un diputado disidente de Libre.
Los expertos prevén que será muy difícil para los diputados llegar a un consenso y, por ende, la nómina de los 15 magistrados que conformarán la CSJ probablemente no estará lista para el 25 de enero como se tenía previsto y como lo establece la ley.
Buscar consenso
Sin embargo, el que no se presente en la fecha estipulada “no significa que se rompe el orden constitucional en nuestro país”, expresó Alejandra Fuentes, oficial jurídica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en una entrevista con Expediente Público.
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“Estamos hablando de los 15 magistrados que van a estar encargados de impartir justicia en los siete próximos años, entonces no es una decisión fácil y debe ser meditada por los parlamentarios”, expresó la abogada.
Dada la dificultad del proceso, la experta intuye que “puede ser que se alargue, incluso a mediados de febrero porque es una decisión bastante difícil, estamos hablando del tercer poder del Estado y seguramente va a llevar un poco de tiempo”.
El abogado y analista político, Rafael Jerez, espera que el Congreso pueda dar continuidad al proceso que llevó a cabo la Junta Nominadora, pero no descarta que existan “negociaciones políticas de por medio”.
“Esperemos que los procesos de selección que se han llevado a cabo en el Congreso y que ha sido un poco conflictivo, pueda este ser un parteaguas. No podemos desconocer que hay una negociación política partidaria de por medio. Al final, la Junta le da herramientas al Congreso para que esa negociación se enmarque en postulantes que pasaron diferentes filtros”, mencionó Jerez.
Este 25 de enero también se cumple un año de la legislatura del Congreso Nacional y se instala el segundo período. En ese sentido, ambos eventos marcan un hito en la historia política de Honduras, debido a que los dos acontecimientos se llevarán a cabo en medio de un sinfín de críticas y anomalías.
Tomar en cuenta puntuaciones
La labor de la Junta Nominadora recibió el respaldo de diversos sectores de la sociedad civil, que consideran que se hizo un buen trabajo en la selección de los candidatos que finalmente quedaron en la nómina.
Las calificaciones de las nominadas y los nominados ante el Congreso rondan entre el 66.30% y el 93.22%, correspondiendo el puntaje más alto a Ana Alejandrina Pineda Hernández, exsecretaria de Derechos Humanos.
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Jerez espera que los legisladores lleguen a un “consenso” de forma rápida con el fin de evitar especulaciones. Pese a que diferentes sectores de Honduras han pedido a los diputados que respeten las reglas establecidas, el abogado y analista no descarta que se impongan las razones políticas al momento de la elección.
“Si atendemos a la cultura política, los partidos mayoritarios siempre han tenido un papel en la selección de los funcionarios sobre todo en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Creo que no podemos desconocer que eso va a suceder (…) Hay puntuaciones que cada postulante obtuvo, pero lo que esperamos ver del Congreso y de los partidos que van a participar en esa negociación, son mayores argumentos que solamente abordar la afiliación partidaria de un postulante”, señaló Jerez.
No arrastrar vicios de magistrados salientes
Entre los 45 aspirantes a ocupar un puesto en la Corte hay figuras cuestionadas por tráfico de influencias, actos de corrupción y otros a quienes Estados Unidos les retiró la visa por acciones de falsificación de documentos públicos.
Para Valladares Ordóñez, miembro de la Junta Nominadora, los aspirantes que hoy compiten a magistrados, son resultado de todos los exámenes a los que fueron sometidos durante el proceso.
“Le confieso que, a algunos de nosotros de la Junta, también nos sorprendió que algunos personajes a pesar de tener antecedentes no muy aceptables, nadie se atrevió a denunciarlos”, señaló Valladares Ordóñez.
En junio de 2021, los magistrados salientes fueron cuestionados por un fallo que, por mayoría de votos, estableció una jurisdicción especial que avalaba la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Esta decisión fue derogada por unanimidad en abril de 2022 por el Congreso tras considerar que el país cedería soberanía a extranjeros, se caracterizaba por mano de obra barata, concesiones generosas de recursos naturales y exoneraciones fiscales.
En 2015, los magistrados salientes de la Sala Constitucional también fueron cuestionados por fallar a favor de un recurso interpuesto por el expresidente Rafael Leonardo Callejas que pidió declarar inaplicable el artículo 239 de la Constitución, dando vía libre a la reelección presidencial en el país centroamericano.
Luego Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, se convirtió en el primer mandatario en ser reelecto en el país centroamericano amparado en esa resolución.
“Esperaríamos independencia (…) Todos los cargos públicos están sujetos a escrutinio y eso implica que las sentencias que los magistrados emitan, también van a ser objeto de escrutinio y el escrutinio es que sus sentencias estén en apego a los principios que muchos de ellos prometieron defender cuando se presentaron a la entrevista pública”, dijo Jerez.
Uno de los aspirantes que pasó el «colador» de la Junta Nominadora pese a que se presentaron cuatro tachas y/o denuncias en su contra, es el actual fiscal adjunto Daniel Arturo Sibrián, hermano de del exdiputado liberal Francisco Sibrián Bueso.
Entre los aspirantes a ocupar una magistratura también aparece Edin Yobany Ramos, señalado por el presunto delito de prevaricación en perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública en el caso denominado la “Caja chica de la Dama” que giró en torno a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo.
El abogado Milton Danilo Jiménez Puerto, marcado por una serie de escándalos personales, se ubica en la novena posición. Fungió como abogado defensor del exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, señalado de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
