*En entrevista con Expediente Público, el capitán del Ejército Santos Rodríguez Orellana, quien decomisó el helicóptero ligado a “Tony” Hernández y fue dado de baja deshonrosa, señala supuestas irregularidades en el proceso judicial en su contra.
**Asegura que los bienes que la Fiscalía le atribuye como producto del lavado de activos, delito por el que fue acusado y capturado en 2021, pertenecen al círculo de Juan Orlando
*** “Nuestros tres hijos quedaron en la calle porque los sacaron de la única casa que tengo”, afirmó el exmilitar. Expediente Público solicitó al vocero del Ministerio Público una posición a las aseveraciones de Santos Orellana pero no hubo respuesta.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Santos Rodríguez Orellana, el capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras (dado de baja deshonrosa) que denunció la vinculación de Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico, cumplirá el próximo 4 de marzo dieciséis meses en prisión por el supuesto delito de lavado de activos.
“El único delito mío fue haberme metido contra Juan Orlando”, dijo a Expediente Público en una entrevista desde una celda del Primer Batallón de Infantería, en la capital Tegucigalpa, desde donde espera su juicio.
“Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2021 por una corte federal de Estados Unidos, mientras que su hermano, conocido popularmente como JOH, irá a juicio el 24 de abril de 2023 por delitos de narcotráfico y tráfico de armas.
El juicio de Orellana está fijado para el próximo 8 de mayo, pero el exmilitar asegura que no ha habido un debido proceso y confía en que la nueva Corte Suprema de Justicia, conozca los “abusos” que se han cometido en su contra.
Susbríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
¿Quién es Santos Rodríguez Orellana?
Rodríguez Orellana es un capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras que entre 2012 y 2016 trabajó en una fuerza especial de tarea antinarcotráfico que operaba en zonas como La Mosquitia hondureña, en conjunto con elementos de agencias de los Estados Unidos.
En agosto de 2014 confiscó diez barriles de combustible que servirían para reabastecer a dos helicópteros, uno de ellos con 600 kilos de cocaína. La aeronave aterrizó en La Mosquitia y fue decomisada, aunque la droga no fue encontrada.
“Ese helicóptero es del hermano del presidente” Hernández, le diría después un informante, según dijo Orellana en una entrevista con la cadena Univisión.
Luego reportó esa conexión a sus superiores en las Fuerzas Armadas, quienes le ordenaron salir de la zona. Posteriormente, supo que le habían abierto un expediente por acusaciones de tortura de detenidos, delitos de los que fue absuelto.
EE.UU. y su baja deshonrosa
En octubre de 2016 la Embajada de los Estados Unidos anunció que el capitán Rodríguez Orellana se encontraba “bajo investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción”, tras lo cual las Fuerzas Armados le dieron de baja “deshonrosa”.
No obstante, sus denuncias sobre las vinculaciones de militares y políticos con el narcotráfico le granjearon la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales.
En junio de 2021 inscribió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su candidatura presidencial por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE).
El 4 de noviembre de ese año, a 24 días para las elecciones generales, fue capturado al igual que su esposa, Jennifer Bonilla, y su suegra, Reina Bonilla. Al día siguiente, un juez le decretó detención judicial en el Primer Batallón de Infantería.
En nueve allanamientos de morada realizados en las ciudades de Tegucigalpa y Yamaranguila (región oriental) la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) le decomisó 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, según se informó.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) señaló que “durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras (alrededor de $102 mil) y en salarios netos 813,918 lempiras (unos $33,155)”, pero su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron de 2010 a 2020 ingresos por “más de 238 millones de lempiras no justificados”, es decir, más de 9.7 millones de dólares.
Proceso
Además de lavado de activos, la Fescco publicó que “según testigos” Orellana está involucrado en la muerte de “muchas personas”, entre ellas un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Para Santos Orellana, el proceso en su contra está viciado desde el momento de su captura.
“El día que a mí me llevaron a la audiencia inicial, estuve enchachado (esposado) como trofeo en el parque en el Estado Mayor Conjunto del Ejército. Nunca entré a la audiencia y no se denunció”, dijo a Expediente Público.
Tampoco su esposa y suegra fueron presentadas en la audiencia inicial, “o sea, el vicio del proceso se ha venido presentando desde el momento que me capturaron y nunca asistimos a una audiencia”.
El artículo 101 del Código Procesal Penal manda en el numeral 10 que toda persona imputada tendrá derecho a “estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario”.
Santos Orellana y sus «problemas» con políticos
Para Orellana, la Fiscalía no tiene pruebas para sostener sus acusaciones, razón por la que su audiencia de proposición de pruebas fue prorrogada en unas seis ocasiones.
“¿Por qué si a mí me tenían un expediente y me cita la Fiscalía y me llevan a un tribunal, por qué la Fiscalía pedía más tiempo?”, se preguntó, para luego responder que “no hay nada que les acredite a ellos. Fuimos a la audiencia de medios probatorios y la Fiscalía no me presenta ningún medio probatorio en el cual nosotros pudimos haber cometido algún ilícito”.
Contó que “vinieron aquí para que yo les desbloqueara mis teléfonos, me llevaron hasta una audiencia al tribunal para que yo les diera la clave de los teléfonos que yo andaba. Ellos buscaban algo que me relacionara”.
En ese sentido, consideró que, como “el problema que yo tuve, lo tuve con el presidente (Hernández) y con las Fuerzas Armadas, entonces detrás de esto deben estar los líderes políticos del país, porque es demasiado evidente que un juez se preste para este tipo de situaciones”.
En su opinión, no se respetó el debido proceso en su caso y por eso “debía haber una nulidad para eso, pero nadie le dice nada a ese juez, Claudio Aguilar, entonces todo lo que hemos vivido ha sido de puro abuso”.
Su aspiración presidencial
Apuntó también que “me sometí al proceso para ser candidato a la presidencia, me investigaron todo, polígrafo de toda cosa y entonces por qué no salí que yo estaba en lavado de activos y que tenía tantas propiedades, cosas difíciles…”.
Aunque el juicio oral quedó fijado para mayo próximo, Orellana teme que llegada la fecha “van a decir que no, que se suspende hasta llegar a los dos años de estar privados de nuestra libertad”.
Recordó que “me querellaron en el 2020 y no me pudieron hacer nada, revivieron la querella, voy a presentación de medios probatorios el 28 de febrero contra el general (Fredy) Díaz Zelaya”.
Díaz Zelaya fue ministro de Defensa en el Gobierno de Hernández y querelló a Orellana por denunciar que supuestamente desde las Fuerzas Armadas se traficaba droga con la venia de los altos mandos.
El exmilitar se negó a asistir a una audiencia de conciliación.
Además: Estado de excepción en Honduras todavía no reduce la extorsión
Sobre los bienes incautados
Santos Orellana afirmó que es “totalmente mentira todo lo que apareció en los medios de comunicación” acerca de los 32 bienes que le incautaron, como informó el Ministerio Público.
“Me pusieron casas de playa y yo no tengo ninguna casa de playa”, dijo el exmilitar, quien afirmó también que los bienes que le atribuye la Fiscalía pertenecen al círculo de Juan Orlando, el expresidente hondureño.
Dijo que sus bienes son “nada más mi casa, que la estoy pagando todavía en una cooperativa, y una propiedad de nueve manzanas en Yamaranguila”, su ciudad natal, ubicada en el oriental departamento Intibucá.
Sin embargo, aseveró, como parte de la “manipulación” pusieron como bienes “unas cuatrimotos de niños que teníamos en la casa” y “un carro de mi hija que es de los eléctricos”.
Vinculan a la suegra
Se fueron también contra la empresa de su suegra, con quien nunca ha tenido una relación económica.
“Mi suegra desde 1990 ha sido proveedora de alimentación de las Fuerzas Armadas”, contó, a quienes les facturaba 20 millones de lempiras mensuales (unos $815 mil), “o sea que en el año mi suegra le facturaba 240 millones (alrededor de $9.8 millones), ahora me acusan a mí de 238 millones de lavado de activos ($9.7 millones) como que yo fuera el responsable”.
Continuó que “es cien por ciento claro que yo nunca anduve en una picardía de esas, a mí la Fiscalía me quiso destruir, porque presenta como que yo tenía 238 millones de lempiras, y si se va a mi expediente solo es un millón 600 lo mío ($65 mil), entonces todo lo que se ha venido desarrollando ha sido nada más una imagen de la Fiscalía”.
Mencionó también que a su suegra solo le quitaron cinco propiedades, “dónde está el resto de las propiedades que dicen”, se preguntó.
Lea también: Ganadería extensiva y narcotráfico “secuestran” la Ciudad Blanca en La Moskitia hondureña
¿Qué ha pasado con la familia de Santos Orellana?
Santos Orellana aseguró que sus hijos quedaron en la calle “porque los sacaron de la única casa que tengo, yo no tengo más casas”.
Denunció que su esposa, quien está recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, solo puede recibir quince minutos a sus tres hijos, la menor de tres años.
“Un sistema que totalmente ha fallado en contra de nosotros, porque cómo es posible, esa niña necesita a su mamá y para poderla visitar a mi esposa quince minutos hay que hacer fila de dos, tres horas”.
Además, compartió que solicitaron medidas sustitutivas para su esposa, pero se las negaron, a pesar de que hace un más de un mes tuvo que haberse operado un riñón para ponerle un catéter, y de que “tiene un quiste en un ovario y tienen que sacarle la vesícula”.
A raíz de sus problemas de salud, “hoy solo pasa sedada en el centro de detención donde ella está, todos los días con medicamento”.
Por todo lo anterior, “no entendemos la realidad de las cosas, el por qué de tanto abuso contra nosotros”, continuó Orellana.
“Y me molesta porque se llevaron a mi suegra de encuentro, una señora que ha trabajado toda su vida”, apuntó.
“Yo creo que es justo y necesario que la nueva Corte se dé cuenta del tipo de autoridades que han estado manejando la justicia del país y cada uno de los abusos que hay”, dijo en alusión a los nuevos magistrados de ese poder del Estado y a la anterior Corte señalada de ser afín al expresidente Hernández.
Le puede interesar: Pueblo garífuna de Honduras experimenta una “expulsión sistemática” de sus comunidades, denuncian activistas
Amenazas en su contra
“No tiene idea de los abusos que hay aquí”, dijo Orellana sobre la instalación militar donde se encuentra recluido.
“Al principio, cuando me detuvieron, todos los días me registraban mi celda, aquí no hay el respeto a los derechos humanos, pero uno se mantiene en eso, yo digo: ‘bueno, Dios me tiene en esta situación porque algo quiere de mi vida, en algo fallé, algo debe estar sucediendo’”.
Dijo que también ha recibido amenazas de muerte y de que sería trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
“Yo no me meto con nadie, pero esas son las cosas que estamos viviendo nosotros a diario”, lamentó el capitán retirado que en su momento fue considerado un héroe por varios sectores de la sociedad hondureña y pasó a ser un villano para el sistema de justicia que deberá probar su culpabilidad.
