Un par de rayos solares aprovechan para entrar por la ventanilla casi del tamaño de un libro, -por la que a veces pasan la comida- de una puerta de metal, detrás de la que está la temida 300: una galería con celdas que miden dos metros de ancho por tres metros de largo en la que con dificultad alcanza un solo reo. Adentro, solo hay un inodoro de metal inservible, y un agujero en la pared por el que sale agua.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), entre los meses de octubre de 2018 y marzo 2019, el régimen Ortega-Murillo tuvo más de 800 presos y presas políticas. Uno de esos prisioneros por participar en las protestas fue “Pedro Morales”, quien por razones de seguridad pidió no fuera citado su verdadero nombre.
A él le tocó estar ocho de los nueve meses de prisión en “la 300”, la celda de castigo destinada a los criminales de mayor peligrosidad del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, la principal cárcel de Nicaragua, ubicada a 15 kilómetros al este de Managua en el municipio de Tipitapa.
Tortura y malos tratos
En esta celda a Morales le dejaron marcas en el cuerpo por las golpizas que le provocaron defecar sangre. Su testimonio revela que esto pasaba cada vez que los reos políticos intentaban defender derechos como recibir su comida completa o agua, o al defender a algún otro compañero, e incluso hablarles a los reos comunes.
“Me decían que ahí ya no éramos nadie, que si éramos líderes en la calle, ahí en la prisión estábamos bajo su control y si intentábamos levantar la voz nos la iban a bajar con las manos, que si cometíamos cualquier infracción nos iban a sancionar con quitarnos la visita, ingreso de alimentos que nos llevaban nuestros familiares, todo para mantenernos en el silencio”, recordó el expreso político Morales, desde el exilio.
“Pasé seis meses descalzo, sin zapatos, sin sandalias porque no me permitían el ingreso de mis cosas personales y el oficial de la Policía del Distrito I que me arrestó, me robó los zapatos. De hecho, cuando testificó en mi contra los andaba puestos y me indigné”, recordó Morales.
A pesar de la liberación de más de 700 presos políticos en junio de 2019, hasta septiembre del 2020 se contabilizan todavía 94 presos y presas políticas; 22 de esas personas habían sido excarceladas, sin embargo, fueron recapturadas por el régimen. Tres son mujeres, informa el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su sitio web oficial.
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A más de dos años de la rebelión de los nicaragüenses contra el régimen de Daniel Ortega, las amenazas y el asedio continúan y muchos prefieren no identificarse por temor a represalias contra ellos o sus familiares.
OACNUDH: “Represión no ha cesado”
“Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en julio pasado, no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”, expresó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la 45ª actualización oral sobre la situación actual de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos, realizada el pasado 14 de septiembre.
En su informe publicado en septiembre de 2019, hicieron 14 recomendaciones para la resolución de la violencia en Nicaragua.
Una de ellas proponía adoptar “medidas inmediatas para poner fin y prevenir eficazmente los actos de tortura y malos tratos en custodia, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento; lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces de toda denuncia de tortura y malos tratos, así como de los hechos violentos subsiguientes a la protesta dentro de la cárcel La Modelo el 16 de mayo de 2019; lleve a los autores ante la justicia y garantice la reparación a las víctima”.
Un año después el Consejo consideró que efectivamente el régimen no ha reflexionado sobre las recomendaciones dadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
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La cadena de represión en 2018
Según los testimonios recogidos por la investigación la cadena de represión, es la siguiente: Presidente y vicepresidenta, Policía, paramilitares y operadores, jueces y fiscales y finalmente el Sistema Penitenciario Nacional.
El abogado Julio Montenegro, quien ha sido el defensor de varios reos políticos, recalca que las detenciones se ejecutaban con allanamientos que no cumplían los requisitos procedimentales, como presentar la orden de detención y señala que este comportamiento se mantiene en los procesos penales actuales.
Además de los golpes y violación a la integridad física de los reos, los policías hacían el cultivo de prueba, o pruebas inventadas (hallazgo de encontrar armas o drogas): “aquí es donde comienza toda una estructura donde la policía imputa, se arma un expediente y fiscalía incurre en esa situación, acusa sin mandar ampliar e investigar la situación, sin desestimar la causa”.
Detenciones masivas y arbitrarias
Según datos recopilados por el Cenidh, en los primeros meses de represión en 2018, llegaron a contabilizar hasta 2,000 nicaragüenses detenidos.
Actualmente se maneja un rango de 70-90 presos políticos que no puede precisarse porque hay temor a denunciar y no hay acceso a los centros penitenciarios para corroborar el estado de los encarcelados. Esto último es incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, ley 621. En el contexto de la crisis sociopolítica en 2018, la acumulación de encarcelaciones a los manifestantes en Nicaragua fue descrita a Expediente Público por la Alta Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, como “un fenómeno bien característico, porque se produjo una estrategia de centralización de la persecución judicial, es decir, a todas y todos presos políticos, se los traían a Managua, prescindiendo de donde fueran capturados, en Estelí, Bluefields, Masaya, todos los trasladaban a Managua, y eran llevados a módulos especiales del centro La Esperanza y La Modelo”.
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Para Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, la cifra de presos es cambiante y no puede conocerse con exactitud por límites de acceso a información por parte de las autoridades.
“No tenemos la posibilidad de hacer una investigación directa dentro de la cárcel como lo hacíamos antes, si no que trabajamos en función de la información que nos trasladan los familiares de los presos”, expresó.
El papel represivo del Sistema Penitenciario
Según datos del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, hay 8 penales en todo el país, entre ellos está La Modelo, ubicado en Tipitapa, un municipio colindante con Managua.
Además de la famosa celda de castigo 300, La Modelo cuenta con otros claustros como el Infiernillo, la 16 y la Celda 001, que para muchos exreos políticos son de pesadilla.
Estándares internacionales como el Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones, establecen que las condiciones humanas en una prisión radican en el derecho a la integridad física y moral; derecho a una calidad de vida adecuada como tener suficientes alimentos y agua de bebida; seguridad en las prisiones; contacto de los reclusos con el mundo exterior, y no discriminación, entre otras.
Sin embargo; en los centros penitenciarios de Nicaragua, ha sido todo lo contrario según denuncias documentadas de organizaciones de derechos humanos, testimonios de reos excarcelados y activos y el reporte de una delegación de eurodiputados que visitó las cárceles en enero de 2019 y emitió un informe al respecto.
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“Un número importante de presos políticos lo están por el ejercicio de esos derechos. Los procesos judiciales contra ellos no gozan de las garantías procesales y penales suficientes. Las condiciones carcelarias no son adecuadas”, expresó el 26 de enero de 2019 en conferencia de prensa en Managua el eurodiputado Ramón Jáuregui Atondo, jefe de la delegación parlamentaria.
Cárceles como armas para reprimir
De acuerdo a revisiones del equipo investigativo de Expediente Público, en el contexto de la crisis sociopolítica, medios de comunicación independientes, organismos de derechos humanos e informes de expresiones de sociedad civil organizada, han denunciado que las cárceles, bajo la administración del Sistema Penitenciario Nacional, fueron usadas para reprimir a la oposición y a sus dirigentes.
Wendy Flores, defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo Nicaragua Nunca +, afirma que los centros penitenciarios de Nicaragua se han deshumanizado en los últimos años, por implementar prácticas violatorias de derechos humanos y por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los privados de libertad.
“Es una institución (El Sistema Penitenciario) que nunca se ha sometido y nunca ha acatado -con este gobierno- las órdenes judiciales. En abril del 2018 vimos a unos funcionarios penitenciarios que dirigieron actos de represión principalmente en los presos políticos; en primer lugar, la Policía llevó a centenares de personas y los recibieron sin que tuvieran órdenes judiciales, la policía llevó centenares sin ningún proceso judicial, los vimos rapados en su cabeza que fue una práctica que denigra y humilla a las personas, los dejaron en diferentes partes de Managua, descalzos sin recursos económicos y sin contacto familiar”.
Los casos de violencia estatal contra los reos se han concentrado en el centro penitenciario Jorge Navarro, conocido popularmente como La Modelo, porque es allí donde está la mayor cantidad de población penal y adonde la mayoría de los presos políticos fueron enviados después de la crisis de abril de 2018. Sin embargo, se han registrado otros casos en otras penitenciarías como La Esperanza, la cárcel de mujeres.
Torturas por órdenes superiores
Según los testimonios de exreos políticos recopilados en la investigación de Expediente Abierto, la cadena de mando de la cárcel La Modelo y La Esperanza, participó activamente no solo en dar las órdenes de torturas físicas y psicológicas, sino que también en dar golpizas y tratos indignos e inhumanos contra estos, además de intimidaciones, amenazas y tormentos de orden psicológico.
Entre esos malos tratos estaba la negación de luz solar, intimidación, amenazas de muerte, negación de atención médica, ofensas, humillaciones, golpes y tratos degradantes.
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De acuerdo con los testimonios, el personal penitenciario -supuestamente identificado en las violaciones a los derechos humanos y presuntos delitos- está integrado tanto por aquellos que daban las órdenes como por quienes las recibían y participaban directamente en las torturas y tratos degradantes.
El temor en la cárcel La Esperanza
De acuerdo a los testimonios de mujeres encarceladas en La Esperanza, las galerías eran pequeñas, el agua era caliente y el sol no les llegaba ni para poder secar su ropa. En ocasiones sus alimentos salían con insectos, y por el hacinamiento les tocaba tener todo cerca del inodoro de metal. Esto les perjudicó en su salud con infección vaginal y renal.
La intimidación fue permanente para las presas políticas en el penal de mujeres La Esperanza, ubicado también en Tipitapa.
Expresas políticas entrevistadas describen las malas condiciones e intimidaciones a las que tuvieron que sobrevivir, como disparos por las madrugadas para atemorizarlas.
“Hubo un caso de cinco presas comunes que nos dieron comida y fueron solidarias con nosotras. Al conocer eso, las autoridades, inmediatamente, las remitieron a otras instalaciones sancionadas. Las castigaron negándoles llamadas telefónicas y las visitas de familiares”, expresó una excarcelada política.
Drogas en los alimentos
En una ocasión, cuando las inculpadas políticas habían colocado varias banderas de Nicaragua a lo interno de su celda, les suministraron una sustancia desconocida en la cena (en el gallopinto) para dormirlas.
“Luego de comer, nos sentimos mal. Nos miramos entre nosotras y nos veíamos con los ojos amarillos y con mucho cansancio. Caímos en un sueño profundo, porque no nos dimos cuenta a la hora [en] que los oficiales entraron a la celda para quitar las banderas. Al día siguiente, amanecimos sin las banderas y nunca supimos cómo hicieron para quitarlas”, explicaron.
Entre las denuncias recibidas por el abogado Montenegro, está que a las opositoras presas en este centro penitenciario les prohibían a asistir a actividades religiosas, aislándolas y amenazándolas. En ocasiones no tuvieron acceso a agua, el ingreso limitado de sus alimentos, entre otras denuncias que hacían sus familiares.
Tribunal de Conciencia: violencia sexual como método de tortura contra personas arrestadas en Nicaragua
El Tribunal de Conciencia “Violencia sexual: crimen de lesa humanidad en Nicaragua” impulsado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y organizaciones de derechos humanos, encontró suficiente evidencia para culpar a agentes del Estado de Nicaragua de abusos sexuales como mecanismo de tortura contra manifestantes antigubernamentales arrestados durante las protestas 2018.
“No cabe duda que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”, resume el dictamen.
El Tribunal de Conciencia, realizado entre el 8 y 11 de septiembre de este 2020 en San José, Costa Rica, tomó como base las herramientas legales y tratados internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tuvo como jurado a cuatro mujeres especialistas en derechos humanos: Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Alda Facio Montejo y Sonia Picado Sotela y fue organizado como un esfuerzo para apoyar a las víctimas en su búsqueda de justicia y presentar la denuncia a instancias internacionales ante la realidad de captura partidaria del sistema judicial en Nicaragua.
En el contexto de la necesaria transición, el tribunal recomendó “el establecimiento de un Programa Administrativo de Reparación Integral del Daño, que incluya tanto las medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación”.
Entre las medidas a favor de las víctimas a las que exhorta el tribunal están:
También se recomendaron la implementación de acciones económicas a través de un programa administrativo de reparación integral del daño.
El tribunal apuntó como principales responsables de violaciones a derechos humanos, torturas de diferentes tipos, sobre todo abuso sexual a: “fueron hombres y mujeres de diferentes cuerpos de seguridad estatal, gente vestida de civil y algunos con acentos extranjeros encapuchados y nunca explicaron los motivos de la detención”.
Tortura sistemática y organizada
El peritaje de contexto presentado por Javier Meléndez Quiñonez al tribunal, señaló que con la entrada de Daniel Ortega al poder en 2007, se fueron creando las condiciones para que las fuerzas policiales y militares se adhirieran al partido de Gobierno, convirtiéndose en una “maquinaria perfecta de represión”, a las órdenes de los intereses del régimen.
En el tribunal se dictaminó que la tortura sexual, particularmente la violación sexual, fue el resultado de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad En la sentencia del Tribunal de Conciencia se enumeraron los diferentes tipos de tortura sexual que sufrieron las víctimas:
El dictamen enfatizó que “la tortura sexual reproduce la violencia y la discriminación contra las mujeres y la población LGBTTTIQ+, así como la reafirmación del poder masculino-estatal a través de la violación sexual. Esta violencia ha sido naturalizada e invisibilizada, articulándose con el discurso de odio para dar lugar a actos de extrema crueldad contra quienes participaron en las protestas”.
En este tribunal se tomaron en cuenta los testimonios de 18 personas capturadas por policías o paramilitares.
El germen de la dictadura nace del pacto PLC-FSLN
Para Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, en el país no existe Estado de Derecho y la violación sistemática a derechos humanos y leyes no empieza en el marco de la crisis sociopolítica del 2018, sino que tiene antecedente en el retorno de Ortega a la presidencia en 2007, cuando se acordó la reforma electoral con la reducción al 35% de votos para llegar al poder.
“Con justicia se dice que en el pacto (año 2000) de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán (presidente de Nicaragua 1997-2001) está el germen de la dictadura actual”, indicó Núñez.
Por más de 13 años Ortega ha permanecido en el poder consecutivamente y en ese tiempo ha logrado apoderarse de las instituciones del Estado bajo control del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y de su familia.
De acuerdo a Núñez, Ortega no solo ha ejercido violencia política como mecanismo de negociación para alcanzar sus objetivos, sino que a través de sus operadores logra involucrarse en la toma de decisiones institucionales estratégicas y en la vida pública, a pesar de no ser parte de la estructura estatal.
Núñez agregó que, con su retorno a la presidencia, en 2007, lo único que le faltaba a Ortega era controlar de manera efectiva las instituciones de seguridad: la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
Por otra parte, la defensora de derechos humanos señaló que en las dictaduras la violencia estatal y paraestatal es funcional porque sirve para resolver los problemas, disolver las amenazas y avanzar en sus planes “pues los dictadores se copian unos de otros y, por ello, han aprendido que la violencia les ayuda al control social”.
