Con la selección de la expolicía sandinista Ana Julia Guido Ochoa como Fiscal General en Nicaragua, Daniel Ortega consiguió colocar desde el 2014 a una de sus más fieles servidoras al frente del Ministerio Público (MP).
La anterior fue una movida que le permitió al orteguismo sumar una pieza vital dentro del Sistema de Justicia Penal, para que fuera complaciente con sus intereses. La Fiscalía le ha respondido con creces, su rol frente a las protestas sociales en contra del régimen, evidencia su compromiso con el partido en el poder.
Su alineamiento es cuantificable. En los últimos ocho meses, de los más de 350 asesinatos cometidos alrededor de las manifestaciones en contra del orteguismo, solo se han judicializado dos casos -sin culpabilizar al Estado- y actualmente más de 500 personas se encuentran encarceladas por razones políticas.
«El Sistema de Justicia Penal, desde la Policía Nacional, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ha hecho el trabajo sucio del régimen al acusar a líderes políticos por el hecho de protestar, con el objetivo de desarticular las manifestaciones sociales».
Todo lo anterior lo comentó un exfiscal nicaragüense, quien después de laborar por más de 10 años dentro del MP, conoció sus interioridades, hasta que hace dos años decidió renunciar a su puesto, a raíz de la elección de la Fiscal General en el 2014.
«Decidí salirme porque yo tenía posiciones más institucionales y no compartía que la Fiscalía se aliara políticamente con el orteguismo», explicó a Expediente Público durante su visita a Guatemala.
El orteguismo dentro del MP
Para este funcionario de carrera, quien por motivos de seguridad prefirió mantener su anonimato, la cooptación del orteguismo sobre el MP, inició desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), retomó el poder en el 2007 y asignó a Ana Guido como Fiscal Adjunta.
Guido Ochoa fue electa por la Asamblea Nacional como segunda en jefe del MP, «cuando llega Daniel en 2007, la eligen a ella por ser afín a los cuadros políticos del FSLN. Con su ingreso inicia la cooptación del sector político sobre la institución», comentó el exfiscal.
«A partir de ese año, muchos fiscales se alinearon políticamente. Los que venían de una tendencia sandinista respondían a la Fiscal Adjunta, sin acatar las directrices del Fiscal General. En otro bando estábamos quienes defendíamos la institucionalidad, compuesto por algunos sandinistas que no eran orteguistas y otros que veníamos de ideologías diferentes», expresó el entrevistado, y mencionó que los fiscales liberales no recibieron el apoyo de Arnoldo Alemán para preservar la institucionalidad del MP.
En su caso, él decidió responder únicamente a las directrices que provenían del Fiscal General, «en diversas ocasiones tuve que negarme a ciertas cosas que Guido Ochoa me pedía hacer», comentó.
Una de las primeras decisiones tomadas por la entonces Fiscal Adjunta, fue eliminar los concursos públicos para elegir a los representantes del MP. Aquella fue una medida que condicionó la estructura interna de la Fiscalía.
«Las plazas ya ni se publicaban en los periódicos. Había funcionarios que entraban sin concurso, sino por designaciones políticas o por amistades; entraba quien el orteguismo decidía que entrase», comentó este exfiscal, quien ingresó en el 2002 a la Fiscalía, luego de un exhaustivo proceso de selección, dirigido por la Universidad Centroamericana (UCA) .
En marzo de 2012 se profundizó la cooptación del orteguismo sobre el Sistema de Justicia Penal, cuando Daniel Ortega, a través de un decreto ejecutivo, ratificó los cargos de todos los funcionarios de primer nivel, pasándose por encima la responsabilidad de la Asamblea Nacional.
En aquella ocasión, solo hubo un magistrado que rechazó el decreto, «fue Sergio Cuarezma, un académico de la UCA, quien optó por salirse al no acogerse al decretazo. Eso no pasó con los demás funcionarios», explicó el entrevistado.
En el 2014, el FSLN obtuvo 65 votos de los 90 parlamentarios, para elegir de nuevo a los funcionarios del sistema de justicia e investigación, donde salió electa nuevamente la expolicía Ana Guido Ochoa como Fiscal General.
Con su asignación desaparecieron los contrapesos dentro del MP, «en ese año se completó la cooptación orteguista sobre la institución», opinó el exfiscal.
La Fiscalía y la crisis
Desde el 2007 y tras los cuatro años al mando de Guido Ochoa, el accionar del MP ha sido duramente cuestionado en materia de seguridad jurídica, los últimos ocho meses han sido una evidencia incuestionable.
Para este exfiscal, la institución ha hecho el trabajo «sucio» del orteguismo, al acusar a más de 500 personas por motivos políticos y en no investigar los más de 350 crímenes ocurridos desde abril.
«Actualmente no hay contrapesos a lo interno del Poder Judicial. La gran mayoría de los magistrados, de los jueces de apelaciones, de los de primera instancia, responden exclusivamente al régimen orteguista. Quien actúa diferente se ha tenido que plegar o pierde su empleo. Los pocos que se han atrevido a contrariar una directriz, son despedidos o destituidos», señaló el abogado.
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De acuerdo a su experiencia como fiscal, comentó que el orteguismo también ha beneficiado a diversas estructuras del crimen organizado desde el Poder Judicial, a través de ventas de fallos a su favor, a cambio de apoyos económicos. «Miembros de la delincuencia organizada han tenido vínculos financieros directamente con el gobierno», explicó.
Además, añadió que el crimen organizado ha respaldado la represión estatal de la que es acusado el régimen de Ortega. «Varios de los grupos armados progobierno, son estructuras mafiosas, células del crimen organizado. Los paramilitares tal vez eran grupos dormidos que despertaron en un contexto como el actual», comentó.
De la posible relación que ha tenido el gobierno de Ortega desde el 2007 con los grupos criminales, él opina que ha habido un control estatal sobre estas estructuras, donde los han dejado operar a cambio de «no calentar las plazas», es decir, se les ha permitido traficar drogas bajo la condición de no cometer tantos crímenes como ocurren en los países centroamericanos del triángulo norte.
Durante la crisis
«En Nicaragua hay más de 30 mil abogados, pero quizás solo unos 20 defienden a las víctimas políticas. Algunos optan por el exilio, otros tienen que adaptarse a estas circunstancias y sobrevivir bajo estas condiciones», comentó.
Sobre los más de 500 presos políticos que hay actualmente en Nicaragua, este abogado opina que aunque los defensores de estos casos tengan jurídicamente la razón y presenten las pruebas suficientes, el sistema de justicia no fallará a favor de sus representados. Además, los riesgos son latentes.
«Yo he recibido amenazas, pero trato de no pensar en ellas. Aunque tomo medidas de seguridad, por ejemplo, no camino por el mismo lugar, no ando con mi propio vehículo, trato de hacer reuniones en lugares públicos», explicó y añadió que él personalmente cree que la solución de la crisis pasa por un diálogo… o esperar las elecciones del 2021.
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Este exfiscal cree que la independencia del Poder Judicial no se puede retomar mientras Ortega siga en el poder, «tiene que renovarse cuando él esté fuera», comenta sin mucho optimismo, aunque cree que dentro de unos años habrá un proceso de revisión jurídica de los casos y sobre el sistema judicial.
«Todos estos delitos estatales deben de ser revisados. La mayoría son casos políticos, aunque los pongan como delitos comunes. La revisión generará la nulidad de los casos, para iniciar de nuevo los procesos, con todas las garantías debidas. Con los presos políticos debe haber una reparación estatal. Debemos dejar sentadas las bases cuando haya una revisión de estos casos», señaló.
Por los momentos no piensa en la posibilidad del exilio. Al menos que hayan condiciones extremas de inseguridad física o de inseguridad alimentaria, «como sucede con los venezolanos. Desde abril nuestros ingresos familiares bajaron alrededor de un 50%», comentó, para luego finalizar describiendo al orteguismo como un Estado policíaco.
