Radiografía de un fenómeno social arraigado en Latinoamérica, visto y analizado desde diversos ángulos de expertos de El Salvador.
San Salvador.– El Salvador ha sido históricamente una de las naciones con mayores índices de violencia contra la mujer, al grado que en 2018, figuraba entre los países de América Latina con la tasa de feminicidios más alta por cada 100 mil mujeres: 6.8, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Ese año fueron asesinadas 386 mujeres, según datos de la mesa Tripartita Operativa de Homologación de cifras de homicidios y feminicidios, una instancia oficial integrada desde 2005 por el Ministerio de Gobernación, Fiscalía General de la República y Corte Suprema de Justicia para homologar las cifras oficiales de estos delitos en El Salvador.
Hasta este lunes 23 de noviembre, la Procuraduría de Derechos Humanos registraba 103 feminicidios en lo que va de 2020.
Para el criminólogo, Ricardo Sosa, “durante el presente año se han asesinado menos mujeres en El Salvador, con un promedio de 0.3 diarias, pero la violencia feminicida se mantiene intacta, es estructural como sociedad salvadoreña”.
Las cifras de feminicidios han ido bajando desde 2018, pero para la abogada Lilliam Arrieta de Carsana, investigadora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), “si la ONU dice que una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia, me atrevería a decir que la cifra en El Salvador es mucho más alta”.
Así es la dimension del problema
La Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, realizada en 2018, mostraba como uno de sus hallazgos principales que siete de cada diez mujeres salvadoreñas reportaban haber sido agredidas a lo largo de su vida.
Este año, según estadísticas de la Fiscalía General de la República, las “Expresiones de violencia contra las mujeres” son los delitos en el marco de la violencia de género que más acumulan denuncias en sedes judiciales, con más de 2,960 reportes al 31 octubre 2020.
Las estadísticas de la Fiscalía sobre estas mismas expresiones de violencia contra las mujeres fueron más altas en 2019 respecto a este 2020 en curso: 3,364 casos.
Un caso relevante de “Expresiones de violencia contra las mujeres” ha llegado a los tribunales contra el activista oficialista Walter Araujo, un férreo defensor del presidente Nayib Bukele que ha agredido en redes sociales a mujeres críticas del gobierno.
Una de las injuriadas por Araujo, Bertha de León, lo demandó. El proceso aún está abierto.
El segundo delito más registrado es el de difusión ilegal de información, con 233 denuncias; el tercer lugar lo ocupa la difusión de pornografía, con 85 denuncias; el cuarto lugar es el delito de sustracción patrimonial, con 69 casos reportados; el quinto lugar es el delito de suicidio feminicida por inducción o ayuda, con 13 denuncias.
El Salvador cuenta desde hace casi una década con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), mediante la cual el Estado salvadoreño reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema de carácter público y estructural, por lo tanto, requiere de su decidida intervención, debido al grave impacto que causa en la vida de las mujeres, sus grupos familiares y de la sociedad en general.
Arrieta de Carsana cita un informe presentado hace un año por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU): «La violencia sexual es la que más enfrentan las mujeres salvadoreñas a lo largo de su ciclo de vida”.
“En ese informe se reporta que el tipo de violencia que amenaza más frecuentemente a las mujeres en el ámbito educativo es la violencia sexual. La tasa en este caso es de 16.7 % por 100 mujeres, es decir aproximadamente una de cada 6 la ha vivido en algún momento de su vida”, denuncia la abogada en una entrevista con Expediente Público.
Pocos esfuerzos
Arrieta de Carsana critica la falta de esfuerzos de parte del Estado ante la problemática de la violencia contra la mujer.
“No veo muchos esfuerzos desde el Estado aparte de la creación de números de emergencia como el 198 de la CSJ, o el 126 de la PGR o de esfuerzos desde la comunidad internacional como la ‘Iniciativa Spotlight de la ONU’ que se está implementando en el país”, dice Arrieta de Carsana.
Para ella, la institucionalidad nacional como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer está abandonada y a su vez ha abandonado sus esfuerzos por apoyar a las mujeres.
“Si tuviera que describir a la institucionalidad diría que la institucionalidad de apoyo a la mujer y de lucha contra la violencia hacia la mujer se ha vuelto sorda, ciega y muda”, asegura Arriesta de Carsana.
En contraste, para el criminólogo Ricardo Sosa, las unidades de mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador (UNIMUJER ODAC) merecen reconocimiento porque “son un modelo a nivel mundial para un abordaje integral e inmediato”.
Sosa cree que la PNC fue la primera institución del Estado en activarse en El Salvador desde el año 2011.
Sosa también elogia la dirección nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República “donde se brinda un abordaje sistémico y multidisciplinario”.
“A pesar de estos esfuerzos encomiables es insuficiente y se necesita una activación completa de todo el Estado salvadoreño y enfocarse menos en eventos y conferencias”, reconoce Sosa.
“Hay que atender a la familia, proteger a las niñas, adolescentes y mujeres hay que capacitarlas y adiestrarlas para romper con el ciclo de violencia”, subraya Sosa.
Violencia en tiempos de pandemia
Una encuesta de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, difundida en agosto pasado, advertía que la pandemia había agravado los problemas de violencia de género en El Salvador.
La encuesta fue realizada en agosto pasado, entre 969 mujeres provenientes de 90 municipios, de 12 de los 14 departamentos del país, siendo 65.4 por ciento del área rural y el restante 34.6 de la zona urbana.
“Al menos 17,8% está experimentando una situación de violencia durante el período de confinamiento”, decía la encuesta “Situación de las Mujeres en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19”.
La Colectiva Feminista, una organización de la sociedad civil, registraba un incremento del 70% en las denuncias por violencia contra las mujeres durante los confinamientos totales o parciales que duraron entre marzo y agosto pasado.
“Cabe mencionar, que siempre ha existido un subregistro de denuncias debido a múltiples factores como el miedo, dogmas religiosos, la dependencia emocional, el círculo de la violencia, la naturalización, entre otros, por lo que tomando en cuenta que las mujeres están prácticamente viviendo 24 horas con sus parejas, la posibilidad de agresiones aumenta”, decía la Colectiva Feminista en sus conclusiones.
