* Fiscal general definirá quién es terrorista en El Salvador. El Congreso le otorgó “superpoderes”.
** El régimen de excepción se prorrogó de nuevo y abarcará las elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero.
*** Nayib Bukele busca la reelección continua con la ausencia de múltiples garantías constitucionales.
Eric Lemus / Expediente Público
El próximo domingo 4 de febrero los salvadoreños acudirán a elegir al próximo mandatario en un ambiente político dominado por el régimen de excepción y ciudades militarizadas.
El Congreso, que está bajo control del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó con 67 votos la 22a prórroga del régimen de excepción que estará vigente hasta el 10 de febrero como parte de la estrategia del Gobierno contra las pandillas.
Desde el 27 de marzo de 2022, cuando El Salvador suspendió las garantías constitucionales de los ciudadanos, la administración de Nayib Bukele capturó al menos a 75.000 personas acusadas de pertenecer o estar vinculadas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
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La última aprobación del estado de excepción también antecedió al despliegue de elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) de forma sorpresiva al Centro Penal “La Esperanza”, ubicada al norte de la capital en la localidad de Mariona.
Patrullas combinadas de militares y policías se desplegaron en las calles de la ciudad y en barrios populosos como la colonia Las Margaritas, en Soyapango, a donde acudió el ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy.
Amplían poderes al fiscal general
Y en la estrategia de “mano dura”, el fiscal general, Rodolfo Delgado, ahora tiene súper poderes para aplicar el delito de terrorismo a discreción contra quien amenace la seguridad del Estado.
La Asamblea Legislativa aprobó este 4 de enero una reforma a la ley que actualiza el concepto terrorismo para amoldarlo al Plan Control Territorial, que es la columna principal de la seguridad pública del presidente Bukele.
Por otra parte, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo fue emitida el 21 de septiembre de 2006 con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas.
Un comunicado oficial del Congreso informa “para efectos de legalidad se aclaran conceptos de financiación de actos de terrorismo y se incluyen nuevas conductas punibles”.
Con esto el fiscal tiene la facultad, por vía administrativa, de designar quién es terrorista o quien no, en lugar de que se espere a la configuración del delito de terrorismo por un juez y en proceso probatorio.
Respecto a conductas punibles, también hay ambigüedad, pues el régimen sancionatorio, relacionado con la designación de grupos u organizaciones terroristas solo implican el congelamiento de fondos y activos.
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La ley faculta al fiscal general para “declarar la denominación de personas o grupos terroristas, quien deberá hacer listas, actualizarlas anualmente y publicarlas”.
La reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa con 63 votos.
Requisas sorpresas en penales
El miércoles 10 de enero San Salvador despertó con helicópteros sobrevolando las prisiones, mientras que la policía acompañó a custodios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en las 21 cárceles del país para realizar requisas sorpresas.
La DGCP informó que custodios del sistema penitenciario “desarrollaron dispositivos estratégicos de requisas” que “incluyó las diferentes granjas penitenciarias”, donde reos en fase de confianza alternan su detención trabajando en huertos en terrenos baldíos.
“El Gobierno de El Salvador se asegura que no existan manuscritos o cualquier otro medio de comunicación con el exterior”, informó la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
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“Las acciones del Gobierno también han garantizado que los criminales no vuelvan a tener contacto con el exterior para el ordenamiento de actos ilícitos”, agregó.
Cero licencias y permisos
Desde ese 10 de enero, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, también suspendió las licencias y permisos del personal policial “hasta segunda orden”, según confirmó a Expediente Público el Movimiento de Trabajadores de la Policía, (MTP), que compartió en redes sociales una copia del memorándum.
En este contexto, la sociedad civil conmemorará el domingo 14 de enero el 32° aniversario de la firma de los acuerdos de paz, a pesar de que Bukele descalifica esa efeméride, confirmó Marvin Reyes, representante del MTP.
“Cada vez que organizaciones anuncian una marcha, el ejército y la policía acordona los ingresos a la ciudad, según denuncian las personas que no pueden sumarse a los recorridos porque retienen el transporte”, dijo Reyes, por lo que no descarta que suceda nuevamente.
En 2022, a solicitud de Bukele, el Congreso derogó la celebración y dedicó el 16 de enero como el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”.
El 16 de enero de 1992 fue cuando el Gobierno del expresidente Alfredo Cristiani y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron el epílogo del conflicto tras 12 años de guerra civil que cobró la vida de al menos 75,000 personas.
Marcha por presos sin antecedentes
Pero organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) recorrerán San Salvador para reclamar también por la liberación de sus familiares detenidos en los últimos 22 meses, aunque no tienen antecedentes penales.
Samuel Ramírez, dirigente de MOVIR, criticó a Expediente Público las acciones llevadas a cabo cuando organizaciones sociales sí evocarán el fin de la guerra.
“Se especula que este régimen está tratando de llamar siempre la atención con espectáculos sea para la filmación de un spot de televisión o para la campaña electoral”, fustigó Ramírez.
Sin embargo, vecindarios del populoso municipio de Soyapango fueron cercados por efectivos militares desde la noche del pasado jueves 11 de enero.
Elección anómala
Después de las justas presidenciales y legislativas del 4 de febrero, El Salvador tendrá comicios municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano el 3 de marzo de este 2024.
El Salvador elegirá alcaldes y diputados con un nuevo mapa político, marcado por una sustancial modificación a la división política-territorial del país, aprobada por la mayoría oficialista mediante decreto legislativo el 13 de junio de 2023, el cual reduce a 44 los 262 municipios que existían antes de referida ley.
Antes de ello, el 7 de junio de 2023, ya el Congreso salvadoreño había aprobado la iniciativa de ley de Bukele, de reducir el número de diputados de 84 a 60, que son lo que competirán en el evento electoral de febrero.
Analistas y organizaciones civiles criticaron la nueva configuración, aprobada nueve meses antes de los comicios, pues consideran que esta fue diseñada a conveniencia del Gobierno para consolidar un modelo de partido único.
Aprobación por seguridad
El último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con l,280 personas encuestadas, revela que el 91% reconoce que la delincuencia ha disminuido en el país.
El 40.7 % atribuye la disminución de delitos al régimen de excepción impulsado por Bukele, además de un 24.7% que lo adjudica a otras medidas implementadas por gobierno, entre ellas la aprobación de nuevas leyes, mientras otro 20.9% lo relaciona directamente a la captura de pandilleros.
Deslice para más información
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Según el vicerrector de proyección social de la UCA, Omar Serrano, la investigación demuestra que “el estado de excepción fue utilizado por el gobierno para incrementar el nivel de confianza de la población”.
Sin embargo, también evidencia la situación económica (32.8%), la falta de empleo (17.3%) y el alto costo de la vida, de la canasta básica y de los alimentos (13.2%) como los principales desafíos enfrentados por el 63% por los salvadoreños en 2023, reiteró el académico.
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La Asamblea Legislativa le dio desde el 10 de noviembre de 2023 seis meses de permiso al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que se dedique a su campaña política y que está concentrada en sus redes sociales sin actos públicos.
En su lugar, Bukele designó a una secretaria de confianza, Juana Rodríguez, como designada a la presidencia sin necesidad de seguir el proceso que dicta la Constitución salvadoreña.
