* El retorno obligado de miles de salvadoreños en Estados Unidos impactaría la economía salvadoreña.
* La economía débil y la falta de inversión en desarrollo humano debilita la capacidad de El Salvador para recibir deportados a un mercado laboral limitado.
Eric Lemus / Expediente Público
El Salvador sufriría un escenario social adverso si miles de ciudadanos son deportados desde EE. UU., advierten especialistas migratorios.
Los expertos no ven en el horizonte un programa oficial del gobierno de Nayib Bukele ante el anuncio del presidente Donald Trump de expulsión de miles de personas de EE. UU. sin permisos de permanencia.
El director de la Facultad Latinoamericana de Economía y Ciencias Sociales (Flacso) de El Salvador, William Pleites, dijo a Expediente Público que el país “no está preparado para recibir al menos 150,000 personas deportadas”.
“En El Salvador están ingresando al mercado laboral 50,000 personas por año. Pero, solamente hay empleo formal para entre 13,000 y 15,000, de manera tal que de por sí la mayor parte de la población que ingresa al mercado laboral salvadoreño lo hace al sector informal”, explica Pleites.
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Entre las primeras medidas que tomó Donald Trump, luego de asumir la presidencia el 20 de enero, fue emitir una declaración de emergencia en la frontera sur de EE. UU.. Se reactivó el programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados.
Expediente Público solicitó información actualizada vía telefónica al enlace de prensa extranjera sobre el plan del Gobierno de Bukele ante este escenario, pero no hubo respuesta.
El Salvador: ¿Bienvenido a casa?
El Salvador cuenta con un programa de recepción de deportados que a diario recibe alrededor de 300 personas, entre mayores y menores de edad.
El Centro de Atención al Migrante, que está ubicado en la periferia sur de la capital, fue reconstruido bajo la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quien ahora vive nacionalizado en Nicaragua y es reclamado por la justicia salvadoreña por casos de corrupción y nepotismo. Este lugar es el filtro de los retornados.
Reynado Alvergue, asesor en temas migratorios, refiere a Expediente Público, que la administración Trump deportará primero a todas las personas que tienen antecedentes criminales o han tenido problemas con la ley y luego las personas que tienen una orden de deportación pendiente.
Mientras tanto, a la Colonia La Chacra, donde está el Centro de Atención al Migrante, llegan deportados en autobuses provenientes principalmente de México con escala en Guatemala.
Deportado y en riesgo de ser encarcelado en El Salvador
Cada deportado es entrevistado en la sede gubernamental por el personal de la Dirección de Migración y Extranjería y recibe un pequeño refrigerio, refugio temporal por una noche y acceso a conexión wifi o una llamada telefónica.
Sin embargo, debido a que El Salvador vive bajo régimen de excepción desde marzo de 2022, cualquier ciudadano con antecedentes penales en EE. UU. es un candidato por requerir por las autoridades policiales.
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Óscar Rosales, abogado de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dice a Expediente Público que tiene conocimiento de personas detenidas tan pronto ingresan al país a raíz de su historial en EE. UU.
“Vivimos sin Estado de Derecho y el sistema se alimenta de las capturas sin el debido proceso, así que, si vienen personas con delitos cometidos en el exterior, pues no hay nada que impida que los envíen a prisión”, vaticina el abogado.
Buena imagen vs deportaciones
El director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, quien ofreció una conferencia en la que participó Expediente Público, anticipa que El Salvador tendrá buenas relaciones políticas con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Sin embargo, en su opinión, la buena relación que hubo en el pasado entre Bukele y Trump no detendrá las deportaciones.
El especialista debatió junto a otros académicos las perspectivas y desafíos que implica para Centroamérica el retorno de Trump a Washington en el panel organizado por el centro de análisis Expediente Abierto.
Durante el foro, Orozco explicó que cada deportado significa que las remesas caigan US$39, en comparación con los US$4,000 que significa cada migrante que ingresa a EE. UU.
El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador calcula que más de 1.62 millones de ciudadanos reciben remesas familiares, casi un tercio de la población.
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Hasta noviembre de 2024 este país centroamericano obtuvo US$7,556.5 millones que representó una tasa de crecimiento acumulada de 2.2, según las cifras oficiales.
“(La migración) creció en correspondencia con la demanda de mano de obra barata en Estados Unidos y esa dependencia continuará mientras persista una política proteccionista hacia las empresas estadounidenses”, dice Orozco.
El director de programa de Diálogo Interamericano calcula que Guatemala y El Salvador serán los países con mayor cantidad de población retornada con un promedio anual de 25,000 y 15,000, respectivamente.
Economía débil, emigración fuerte
Más de medio millón de personas oriundas de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan emigrar cada año de manera irregular a EE. UU. en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad, según el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM).
El antropólogo social y catedrático universitario Jaime Rivas Castillo opina a Expediente Público que el fenómeno de la migración irregular de salvadoreños es “un fenómeno de larga data”.
Como investigador de los procesos migratorios, Rivas observa que “la economía vacilante y la violencia son los principales motores de quienes se van”.
El antropólogo trae a cuenta la gentrificación que vive San Salvador desde mediados de 2024, donde la familia de Bukele compró inmuebles en el Centro Histórico para transformarlos en clubes exclusivos para quienes tiene mejor poder adquisitivo.
Récord deportaciones antes de Trump
Antes del traspaso de mando, el Gobierno del ahora expresidente Joe Biden rompió el récord de expulsión de indocumentados con un total de 271,484 en el último año fiscal de 2023-2024.
La cantidad superó, de hecho, el total de 2019 bajo el primer gobierno de Donald Trump cuando hubo 267,258 deportados.
En el primer semestre de 2024, el número de deportados salvadoreños se elevó un 73.5 %, de acuerdo con el registro de la organización en relación con el año anterior.
De hecho, la deportación de niños y adolescentes desde EE. UU. aumentó un 91.9 %, en comparación con 2023. De 577 registros se pasó a un total de 1,107.
William Pleites, como director de FLACSO El Salvador, insiste que el problema del país es que debe generar desarrollo humano e invertir en servicios sociales como buena educación, acceso a la vivienda y salud.
“La economía salvadoreña no está preparada de la noche a la mañana para absorber los 150,000 que se calcula puede ser deportados”, prevé el economista.
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El Gobierno de Biden extendió el 10 de enero de 2025 la vigencia del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que favorece a miles de inmigrantes que pueden residir temporalmente en EE. UU.
La medida anunciada por el Departamento de Seguridad Interior incluyó a ciudadanos de Venezuela, Sudán, Ucrania y El Salvador. Aunque la noticia es buena, el asesor migratorio Alvergue no descarta que la administración Trump siga dando sorpresas.
“Hay órdenes ejecutivas sobre el TPS, el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), los paroles humanitarios, ya sabemos que, así como los dan, pues también los pueden quitar”, remata.
