* La Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteró este miércoles en la 53° Asamblea General del foro interamericano su rechazo a cualquier tipo de legalización del aborto.
** La legislación actual salvadoreña criminaliza la interrupción del embarazo en cualquier modalidad y es reconocida como una de las más restrictivas a nivel mundial porque no reconoce las emergencias obstétricas.
*** En El Salvador, una mujer que sufre un aborto espontáneo debido a una emergencia médica enfrenta un proceso judicial punitivo que la tipifica como homicida agravada con una condena de hasta 50 años de prisión.
Eric Lemus / Expediente Público
La interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en este país centroamericano desde 1998 cuando la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal donde incluyó la penalización absoluta.
En el marco de la 53° Asamblea General, la Misión Permanente de El Salvador ratificó la negativa a reconocer cualquier iniciativa que busque legalizar el aborto.
El embajador salvadoreño ante la OEA, Agustín Vásquez Gómez, declaró que desde el inicio del mandato del presidente Nayib Bukele se ha generado “un profundo proceso de transformación centrado en la población salvadoreña”.
“El Salvador, en coherencia con dicho esfuerzo, reconoce el derecho a la vida desde el instante de la concepción”, anunció el diplomático ante los delegados presentes.
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“Así reconoce la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asegurar a las niñas, los niños y los adolescentes una vida digna, un crecimiento óptimo y un desarrollo integral inclusivo y no discriminatorio en los ámbitos físico y mental, espiritual y social”, declaró Vásquez Gómez.
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Modernizar y retroceder
“La situación que vivimos en El Salvador es una de las más graves en toda la región”, desde que la reforma judicial que alteró la tipificación del delito.
“Antes de esas reformas las mujeres podíamos acceder a la interrupción del embarazo cuando se trataba de salvar la vida y salud de las mujeres” lamenta ante Expediente Público la abogada Sara García.
García pertenece a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto que acuerpa el movimiento “Libertad para las 17 y más”, que ofrece acompañamiento legal a las mujeres que sufren cárcel debido a una emergencia obstétrica.
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En Centroamérica, la prohibición absoluta de un aborto está reconocida en los códigos penales de Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde su aplicación es la más severa.
Aplausos provida
El discurso del embajador Vásquez fue aplaudido por los miembros de la Coalición Vida y Familia, que representa a 79 asociaciones de todo el continente, que participan en el cónclave hemisférico llevado a cabo en la sede de la OEA, en Washington.
La Coalición esgrime el respeto al derecho a la vida y demandó a la OEA cesar la promoción de una agenda que denominan proabortista.
Al concluir su participación, el diplomático salvadoreño fue abordado por Expediente Público para ampliar sobre la posición que ofrece la administración Bukele ante el foro interamericano.
“No depende de El Salvador (hacer cambios a la dinámica de la OEA). Esta es una organización donde todos los países tomamos decisiones y desde luego cada país tiene sus propios puntos de vista”, declaró Vásquez a Expediente Público.
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Sentencia en marcha
El Estado salvadoreño espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Beatriz, que fue deliberado a fines de marzo pasado en la sede de la instancia regional.
El caso de Beatriz, una madre de 22 años estremeció la opinión pública internacional debido a que tuvo un embarazo de alto riesgo porque sufría Lupus Eritematoso Sistemático y el feto era anencefálico.
Pese al diagnóstico médico y una prolongada deliberación entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Beatriz tuvo que ser sometida a trabajo de parto el 3 de junio de 2013.
El feto anencefálico murió cinco horas después y la joven sufrió un accidente derivado de sus secuelas. Falleció el 8 de octubre de 2017.
Esa es la razón por la que la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto en El Salvador actuaron como litigantes en las audiencias de la Corte IDH.
De perder el caso el Estado salvadoreño, el objetivo de las abogadas es cambiar la legislación actual.
En la 53 Asamblea de la OEA participan más de 500 representantes de la sociedad civil y otros actores sociales.
