* Sin precedentes, un órgano judicial en El Salvador repetirá juicio contra ambientalistas ya declarados inocentes.
** Después que una jueza desestimó el caso de homicidio en la guerra civil del siglo pasado, otro Juzgado retomó acusación de la fiscalía.
*** Los acusados se oponen a la extracción de oro en la comunidad de Santa Marta, mientras el gobierno quiere abrir las puertas a las mineras.
Eric Lemus / Expediente Público
La repetición de un juicio contra cinco ambientalistas es considerada por organizaciones civiles como una forma de persecución del gobierno de Nayib Bukele contra quienes rechazan la extracción de oro en El Salvador.
Las organizaciones sociales ven con alarma la decisión del sistema judicial de repetir un juicio a críticos del extractivismo declarados inocentes, particularmente después que Bukele planteó el 27 de noviembre de 2024 levantar la prohibición minera.
Desde abril de 2017 El Salvador cuenta con una ley antiminería metálica que prohíbe las inversiones extractivas que amenacen los recursos naturales como el agua.
Bukele, que cuando fue alcalde de la capital apoyó esta iniciativa, cambió de opinión recientemente y ahora la considera “absurda”.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
“Esta riqueza, dada por Dios, puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo”, declaró.
Extraña anulación judicial
En medio de esta polémica, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque anuló el fallo emitido por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, del departamento Cabañas, que absolvió el 18 de octubre a los ambientalistas que trabajan en el poblado Santa Marta, 105 kilómetros al norte de la capital.
Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, Pedro Antonio Rivas y Saúl Agustín Rivas, junto a Fidel Dolores Recinos, pertenecieron a la Resistencia Nacional, una de las agrupaciones que integró la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Estos exguerrilleros fueron vinculados al secuestro y homicidio de una mujer en 1989.
Los acusados fueron declarados inocentes, pero la Fiscalía General de la República (FGR) apeló ante una instancia superior, la Cámara de Cojutepeque, que dictó la resolución controvertida
Un nuevo proceso judicial, que no tiene precedentes en la historia salvadoreña, preocupa a las organizaciones sociales luego que Bukele habló a favor de introducir la minería en el país.
Deslice para más información
Violaciones en el caso de ambientalistas
El sistema judicial no permite el doble juzgamiento, pero la Fiscalía argumenta que apelaron el fallo y la segunda instancia les dio la razón.
Los procesados son los referentes de la comunidad Santa Marta cuando rechazaron la llegada de la canadiense Pacific Rim Mining Corporation, que exploró en 2002 esa zona montañosa, donde hay vetas del mineral preciado.
La empresa perforó en varias comunidades rurales del norte del país y aseguró en aquella oportunidad que podría haber reservas cercanas a 1.4 millones de onzas de oro.
El proyecto de extracción planeó una vida útil de 10 años, pero requería del agua que fluye por el río Lempa, el principal cauce que surca el país.
En contexto: Ambientalistas y antiminería, dos ‘pecados’ que Nayib Bukele no perdona
La Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) calificó la decisión como un hecho insólito reiniciar el proceso en otro juzgado y llamó a la comunidad internacional para seguir con atención el desarrollo del caso.
Sin embargo, El Salvador vive bajo un estricto Régimen de Excepción desde marzo de 2022, que permite la detención y condena a partir de denuncias anónimas.
La oficina de prensa de los juzgados informó que el Tribunal de Sentencia de San Vicente empezará el nuevo juicio el 3 de enero de 2025 contra los sobreseídos.
La acusación del fiscal
El 11 de enero de 2023, la FGR ordenó la captura de los dirigentes comunitarios por su presunta participación en el homicidio de una lugareña identificada como María Inés Alvarenga, pero de quien no hay información precisa sobre ella o de su familia porque el caso fue declarado con reserva.
La Fiscalía afirma que Alvarenga fue secuestrada en el cantón Santa Marta en agosto de 1989 señalada por ser presunta informante de la Fuerza Armada y que luego fue ejecutada en un campamento guerrillero. Pero la información está hecha a partir de una denuncia anónima.
El 19 de enero de 2023, los acusados enfrentaron la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Victoria; pero finalmente el proceso se desarrolló en Sensuntepeque.
Puede interesarle: Algo huele mal con la acusación contra varios ambientalistas en El Salvador
El abogado Luis Parada insiste a Expediente Público que el nuevo juicio es “por oponerse a la minería metálica”. Parada es excandidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo.
Parada defendió en 2016 al Estado salvadoreño ante el Centro Internacionales de Arbitrajes Relativos a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en una demanda interpuesta por la transnacional Pacific Rim porque El Salvador canceló el permiso de exploración minera.
El abogado Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, opina a Expediente Público que hay muchos ejemplos donde la administración Bukele utiliza el mismo patrón.
“El Gobierno se ha especializado en acciones ejemplarizantes para tratar de eliminar cualquier disidencia (…), hay muchas cosas que ha hecho de esa manera: mandar el mensaje para que nadie se atreva (a contradecirlo)”, resalta Escobar.
Revertir a toda costa
La abogada Ruth López, jefa de la unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental Cristosal, dice a Expediente Público que “es evidente que la Fiscalía iba a buscar cómo revertir el fallo”.
López fue reconocida por la cadena británica de noticias, la BBC, como una de las 100 mujeres más influyentes de 2024.
“Yo no tengo la menor duda de que existe una vinculación directa entre este caso y la iniciativa por parte del presidente de la República de reabrir la minería metálica en El Salvador y por lo tanto criminalizar a los defensores ambientalistas para desmovilizar cualquier tipo de reacción frente a esta medida”, agrega.
Lea, además: Nayib Bukele cerca militarmente región de El Salvador donde está el poblado que rechaza minería metálica
En opinión de organizaciones sociales como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) el nuevo juicio quiere golpear al movimiento contra la minería por el interés de Bukele por reintroducir la explotación minera en El Salvador.
El Salvador quiere de nuevo minería
Por su parte, mediante un comunicado, ADES Santa Marta dijo que todo confirma sus vaticinios en torno al interés por permitir la explotación minera.
“El reciente anuncio presidencial sobre minería metálica confirma la veracidad de nuestra denuncia sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería a pesar de esta prohibida por ley”, sostiene la organización.
Alfredo Leiva, miembro de ADES, dijo a Expediente Público que desde la captura de los ambientalistas empezaron a llegar representantes de empresas mineras a los municipios aledaños como San Isidro, que está 32 kilómetros al sur de Santa Marta.
“Vemos que todo va en esa dirección con el objetivo de ir creando las condiciones y de ir liberando el camino ante una posible resistencia a la actividad minera”, insiste Leiva.
La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), que aglutina a los prelados católicos, exhortó al presidente Bukele a no alterar la legislación actual.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, afirmó que la explotación de minería aurífera “va a dañar a este país para siempre”.
En tanto, la organización de la comunidad rural Santa Marta afirma que “los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande usaron un formalismo como pretexto para anular el fallo” por lo que llaman “a todo el país a cerrar filas por el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”.
