*Se contabilizan más de 52 mil salvadoreños capturados como “pandilleros” en los últimos 6 meses. Un tuitero está siendo tratado como tal luego de publicar una imagen de la familia del mandatario salvadoreño y se expone a una pena de hasta 3 años de cárcel.
*Representantes de la sociedad civil salvadoreña dijeron a Expediente Público que “lo que Ortega ha hecho caminando en Nicaragua, Bukele lo ha hecho corriendo”. La instalación de una dictadura plena en El Salvador es “cuestión de tiempo”, enfatizan.
Expediente Público
“Se ha hecho efectiva orden de captura contra Luis Alexander Rivas Samayoa, una cosa es libertad de expresión y otra es atentar contra la integridad de las personas”, escribió en su cuenta de Twitter el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, Rodolfo Delgado, el 5 de septiembre de 2022, luego de desconocerse por 15 días el paradero del tuitero Rivas Samayoa, alias “El Comisionado”.
Según medios locales, esta era su segunda detención oficial en el mismo día. El juez Segundo de Paz de San Salvador, decretó que el proceso de Rivas podía continuarlo bajo “medidas sustitutivas”, es decir, en libertad mediante el pago de una fianza de 10 mil dólares.
Sin embargo, la Fiscalía ordenó nuevamente su detención minutos después de la resolución.
“La libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos” enfatizó el fiscal general.
Rivas, conocido en Twitter como «El Comisionado», fue detenido el 21 de agosto, luego de publicar una fotografía de familiares de Bukele protegidos por guardaespaldas en una playa, con la que cuestionaba el excesivo sistema de seguridad. A la fecha no hay rastro digital del tuit, por lo que se desconoce si lo obligaron a borrarlo o lo quitó por decisión propia.
“Le tomó foto al hermano y otros familiares de Bukele que no son funcionarios públicos y que no tendrían que andar la seguridad que andan, al menos no pagada por el Estado y por los impuestos” afirmó en entrevista con Expediente Público, el politólogo salvadoreño, Benjamín Cuéllar.
Los abusos del estado de excepción
Luego de que en marzo de 2022 se registraran 62 homicidios en un solo día, vinculados a las pandillas, la Asamblea Legislativa determinó decretar el estado de excepción. Inicialmente, el decreto fue aprobado por 30 días, sin embargo, esta medida se mantiene en vigencia.
Según la Constitución salvadoreña, el estado de excepción puede establecerse en casos de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público”.
Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, refiere que la medida amplía el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días y permite intervenir la correspondencia y los celulares de quienes podrían ser sospechosos, lo que ha pasado con el caso de Rivas.
“El régimen de excepción es aplicable a cualquier delito, y a cualquier persona, aunque en el discurso oficial es contra los pandilleros, pero ¿qué está pasando? Al tuitero lo presentaron 15 días después y le dieron el tratamiento del pandillero”, enfatiza Escobar en entrevista con Expediente Público.
Hasta agosto de 2022, 770 cabecillas, 584 de la MS-13 y 186 del grupo terrorista Barrio 18, habían sido capturados. Así se superó la cifra de 52 mil salvadoreños detenidos como “pandilleros”, según cifras de la Secretaría de la Presidencia, con datos respaldados por la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el politólogo Cuéllar, el problema radica en que a Rivas se le ha acusado de cometer un delito que no está incluido dentro del régimen de excepción.
Además, “estuvo desaparecido por 15 días, y luego aparece con la normativa procesal penal reformada con el régimen de excepción, cuando debieron ser 72 horas” argumentó.
Deslice para ver más información.
Deslice para ver más información.
Deslice para ver más información.
Deslice para ver más información.
Puede leer: Nayib Bukele legaliza la mordaza contra los medios que publiquen mensajes de las pandillas
¿Violencia contra la mujer? ¿desacato?
Federico Hernández, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de El Salvador, entrevistado por Expediente Público, aseguró que la primera arbitrariedad en este caso tiene relación con la tipificación del delito y la captura.
“Se le detiene mientras no está incurriendo en ninguna conducta delictual. Pero luego se le imputa, aparentemente, el de ‘expresiones de violencia contra la mujer’. Más adelante en el proceso, la tipificación cambia a ‘desacato’, y se muestra como funcionario ofendido el propio presidente Bukele”, argumentó.
Para Hernández es “inconcebible” que se produzcan este tipo de arbitrariedades en un supuesto “Estado de derecho”.
“¿Acaso resulta que ahora, en El Salvador, no se pueden denunciar abusos en redes sociales?”, se cuestionó.
Rivas se convirtió en el primer tuitero de El Salvador judicializado por “delito de desacato”, un cargo que conlleva una pena de prisión de seis meses a tres años.
El artículo 339, del Código Penal de El Salvador, cita textualmente: “El que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de estas, ofendiere de hecho o de palabra su honor o decoro o lo amenazare en su presencia o en escrito que le dirigiere, será sancionado con prisión de seis meses a tres años”.
Hernández describe que la represión del gobierno de Bukele en El Salvador ha ido tomando formas cada vez “más curiosas” que dejan en evidencia un esquema dictatorial al encarcelar a alguien por un tuit.
“Si en El Salvador todavía no hay instalada una dictadura plena, se trata únicamente de una cuestión de tiempo y gradación” afirmó a Expediente Público.
También lea: El Salvador está por caer en default y Bukele sigue comprando Bitcoin
“Influencers” privilegiados
Escobar, el defensor de derechos humanos, señaló que las autoridades de El Salvador no están actuando con la misma rapidez en el caso de otros tuiteros o youtuberos vinculados al gobierno y que difaman a personas con posiciones opuestas.
Ejemplificó el caso de Walter Araujo, un político del partido de gobierno, Nuevas Ideas, fiel defensor de Bukele y quien es conocido por amenazar e insultar en sus redes sociales a los opositores, especialmente mujeres. Precisamente fue vetado como candidato a diputado por su historial de violencia contra las mujeres.
“No le están aplicando la misma medida a tuiteros, o youtuberos cercanos al gobierno. Esta gente del gobierno impunemente puede faltarle el respeto a cualquier mujer, y decir lo que sea de ella y no va a proceder la Fiscalía ni la Policía con la misma diligencia”, aseguró.
Explicó que el régimen de excepción le está sirviendo al gobierno como herramienta para infundir miedo a la población, a las organizaciones que manifiesten posturas de oposición, incluso a jueces que no respondan a las órdenes oficiales.
En el caso de Rivas, se busca sentar un precedente y amedrentar a quienes usan redes sociales para criticar al gobierno.
“Lo que le pudo haber costado 10 años a Daniel Ortega, aquí se está logrando en 3 años, vamos a un ritmo vertiginoso al despeñadero autoritario” argumentó.
El clan Bukele y el clan Ortega-Murillo
Para el politólogo Cuéllar, la captura de Rivas no es un hecho aislado de la política autoritaria y dictatorial implementada por el presidente Bukele, siguiendo los pasos de Daniel Ortega en Nicaragua, país en el que permanecen 195 personas presas políticas a partir de abril de 2018, en graves condiciones hasta la fecha.
Además, en Nicaragua se registra la persecución y detención de líderes religiosos, el cierre de más de mil organizaciones sin fines de lucro y la imposición de leyes represivas contra la libertad de expresión.
“Antes de este hecho no es que estábamos bien, como le digo, vamos corriendo hacia donde Ortega ha ido caminando” aclaró Cuéllar.
También Lea: Hacinamiento, torturas y muertes en cárceles de El Salvador por Estado de excepción
Fuente de arbitrariedades
La situación de derechos humanos en el país muestra un franco deterioro, según el exdirigente empresarial Federico Hernández.
“El régimen de excepción, en particular, ha sido una fuente de arbitrariedades contra la población más vulnerable, principalmente jóvenes de escasos recursos. Para nadie es un secreto que decenas de salvadoreños, bajo custodia del Estado, han perdido la vida”, afirmó.
Según datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Católica José Simeón Cañas, durante los primeros 100 días del régimen de excepción, 59 personas privadas de libertad murieron bajo resguardo de las autoridades.
“No era necesario que tantos salvadoreños pasaran por ese calvario para garantizar un efectivo combate de las pandillas”, lamentó Hernández.
Durante ese mismo periodo, alrededor de 237 denuncias fueron documentadas por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDHUCA), de los cuales 178 fueron denunciados por mujeres. Además, el 94.61% estuvieron relacionados a detenciones arbitrarias, y 19 casos, es decir el 5.38% corresponde a otros actos de violación a los derechos humanos, como amenazas, lesiones, torturas, malos tratos, y allanamiento de morada, según describe el estudio “100 días de Régimen de Excepción de El Salvador” publicado el 10 de agosto de 2022.
Por otro lado, el informe refiere como ataque al ejercicio de la libertad de expresión, la aprobación de reformas a la “Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”; y al Código Penal.
Por ejemplo, el artículo 345-C del Código Penal refiere que, a partir del 5 de abril, se “prohíbe a medios de comunicación difundir cualquier información o mensajes originados” por maras y pandillas.
Con premisas legales de ese estilo se ha creado una permanente amenaza de cárcel para quienes expresan críticas a Bukele y su forma de gobernar, denunció Hernández.
“Si este declive de los índices de respeto a la dignidad humana sigue en picada, los salvadoreños solo tendremos la resistencia y la desobediencia civil como métodos para defender nuestras libertades y derechos”, finalizó.
