*La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche del domingo 24 de abril ampliar el estado de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele, permitiéndole continuar la «guerra» contra las pandillas.
**Más de 16 mil supuestos pandilleros han sido detenidos en casi un mes.
Expediente Público
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, demostró una vez más que no le importan las críticas de organismos defensores de derechos humanos locales e internacionales por la forma en que conduce lo que él ha llamado la «guerra» contra las pandillas. La noche de este domingo 24 de abril la Asamblea Legislativa- de mayoría del partido Nuevas Ideas del oficialismo- aprobó la extensión por 30 días del estado de excepción que le restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión, además la privacidad de las comunicaciones, entre otras garantías.
El mandatario solicitó la prórroga un día antes, el 23 de abril. El gabinete de Seguridad razonó en que se requiere extender el estado de excepción para desarticular a más miembros de las pandillas y mantener baja la tasa de homicidios.
Previo a la Sesión Plenaria Extraordinaria en el Legislativo, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy y el de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro brindaron una conferencia de prensa en la que cifraron en más de 16 mil pandilleros en prisión durante el último mes.
«Decirles a estos delincuentes que los vamos a encontrar donde quiera que se encuentren, donde quiera que se escondan ahí lo vamos a estar persiguiendo», dijo el ministro Merino Monroy.
La medida la adoptó legalmente El Salvador el 27 de marzo tras haberse registrado un día antes una alarmante cifra de 62 homicidios, constituyendo la mayor tasa diaria de muertes en los últimos cuatro años, informó la Policía Nacional Civil.
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Más de 6,000 pandilleros acusados
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad aseguró que: «es un régimen de excepción que a muchos enemigos de los países que tomamos nuestras propias decisiones, hicieron hacer ver como que era un ambiente dictatorial que íbamos a dañar a la población, sin embargo hemos sabido trabajar desde un estado de derecho para no dañar y no perjudicar a la población», respondiendo a las críticas que el Gobierno salvadoreños ha recibido por organismos defensores de derechos humanos y la comunidad internacional.
El plazo de la detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días bajo el estado de excepción.
«Ya llevábamos un poquito más de 14,000 mil recibidos, (…) ya hay más 6,000 de esos 16,000 que ya están en prisión formal decretada por un juez, y lo más importante de todo es que estos 30 días nos ha permitido conectarnos con la demanda de la población y saber como Gobierno y como Estado que vamos con el camino correcto», dijo Villatoro.
No escuchar a organismos de DD.HH.
La extensión del estado de excepción fue aprobado con 67 votos a favor, 5 votos en contra, 3 abstenciones y 9 ausencias, en la sesión en que la medida la Asamblea Legislativo hizo la dispensa del trámite para que fuese sin discusiones y entre en vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.
Además, los diputados de El Salvador aprobaron el régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios por parte del estado, en el marco de la declaratoria de régimen de excepción.
“Al presidente de la República una vez más, como lo hice hace casi 30 días, no solamente agradecerle sino que tenga la seguridad de que esta Asamblea va a estar acá para apoyar las decisiones que usted tome, porque son decisiones que tienen el apoyo del pueblo salvadoreño, y nosotros estamos en la misma visión y en el mismo camino”, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castros, miembro del oficialista Nuevas Ideas.
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En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, consideró que que los gobiernos anteriores se equivocaron al escuchar a los organismos defensores de los derechos humanos sobre cómo enfrentar el problema de las pandillas.
En entrevista con Expediente Público, la directora para para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas cuestionó las acciones del Gobierno de Bukele porque no son políticas encaminadas a “atender las causas estructurales” del problema de las pandillas, sino que más bien son instrumentos que atentan contra los derechos de toda la población, incluyendo los periodistas y medios de comunicación.
“Es evidente que estas respuestas solo buscan ganar un espacio de popularidad en la gestión, pero que, a largo plazo no están resolviendo el problema de criminalidad y de violencia, todo lo contrario, están alimentando ese clima de violencia que existe y que tiene tomado el crimen organizado en casi todo el territorio salvadoreño”, afirmó Guevara Rosas.
Pandillas ahora son «terroristas»
Desde que entró en vigencia el estado de excepción y las reformas al Código Penal aprobadas en el mismo contextos, en El Salvador las palabra pandillas y pandillero fueron reemplazadas por la de «terroristas», ya que ahora así son calificadas por los funcionarios del Gobierno y de los diputados, y como tales se les está tratando por todo el Estado a las personas que son encarceladas por supuestamente pertenecer a esos grupos criminales.
La reforma al Código Penal es rechazada por diferentes sectores como los periodistas y medios de comunicación así como la comunidad internacional, ya que abre la puerta a la censura en El Salvador.
La reforma castiga hasta con 15 años de prisión a quienes realicen o colaboren en la elaboración y difusión de mensajes alusivos a grupos terroristas.
«Estos grupos criminales se consolidaron por la permisividad de los gobiernos de Francisco Flores», diputado Mauricio Ortiz, del Grupo Parlamento de Nuevas Ideas.
«A la comunidad internacional dejen de meterse donde no les llaman», dijo el legislador oficialista Walter Alemán. Por las condenas que ha recibido el Gobierno de El Salvador por la conducción en la «guerra» contra las pandillas, el diputado Alemán dijo que si a otros países no les parece, deberían llevarse a los pandilleros. «Si quieren protegerlos se los damos en combo, dos en dos».
El diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos, fue el primero que relacionó el estado de excepción con una necesidad de vigilancia en las marchas del 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajador. “Nadie les va a limitar que protesten pero si llevan terroristas también son terroristas”, aseguró.
