*El Gobierno salvadoreño arrestó a un empresario de transporte y usando al Ejército se apropió de sus autobuses, lo que fue denunciado como un acto de expropiación.
**Defensora de Derechos Humanos advirtió sobre la militarización de la política en El Salvador.
Expediente Público
La intervención militar de dos rutas de transporte de pasajeros en El Salvador generó temores de expropiaciones y confiscaciones por parte de la principal gremial empresarial de ese país centroamericano, así como preocupación por el uso de la Fuerza Armada para tales fines.
Los hechos sucedieron la noche del sábado cuando la Policía Nacional Civil arrestó al empresario de transporte, Catalino Miranda, y lo señaló de “incrementar el pasaje” y de violar la prohibición de estacionar sus microbuses en la vía pública.
El domingo por la mañana, personal del Viceministerio de Transporte y efectivos militares intervinieron la terminal de transporte de las rutas 42 y 52, y se apropiaron de las 293 unidades de transporte público. Actualmente hay funcionando 10,359 unidades, incluyendo transporte urbano e interurbano.
El Gobierno anunció que retiraba la concesión -permisos de línea- de las unidades, así como el subsidio estatal para su operación. Desde el domingo, soldados conducían las unidades de transporte en medio de retrasos, desconocimiento de la ruta y el desconcierto de la población.
“Confiscación y expropiación”
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el principal gremial empresarial del país calificó la intervención de las rutas de transporte como “actos de expropiación y confiscación”.
La ANEP recordó que la Constitución faculta al Estado para administrar provisional y excepcionalmente los servicios públicos prestados por empresas privadas, “pero en los artículos 106, 110 y 112 es clara al indicar que se prohíbe confiscar y solo puede retomar servicios cuando hay un riesgo en la continuidad”.
La ANEP cuestionó al Gobierno: “¿Es la expropiación y la confiscación un mensaje que ayude al país a atraer inversión y empleos?¿Generaremos empleo digno en un país donde la propiedad privada no está garantizada?”.
“Ya son suficientes los países latinoamericanos que equivocadamente han recurrido a la confiscación y a la expropiación como solución de corto plazo, y con ello, solo han traído más pobreza y miseria a sus ciudadanos”, subrayó el comunicado de los empresarios.
Gobierno defiende medida
El Gobierno, con el presidente Nayib Bukele a la cabeza, han defendido tanto la captura de Miranda como la intervención de las rutas que aunque representan menos del 10% del total de unidades, son claves en el transporte de pasajeros del área metropolitana de San Salvador.
La justificación oficial es que las rutas de Miranda habían alterado el precio de la tarifa.
“Si los transportistas quieren seguir jugando con fuego, nosotros estamos listos. Antes se jactaban de doblarle el brazo al Gobierno, ahora se darán cuenta que sus tácticas de siempre ya no funcionan. Sigan escalando esto y lo perderán todo. Mejor cumplan la ley. Es fácil”, escribió el presidente Bukele en sus redes sociales.
“Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte. Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso. No jueguen con fuego”, agregó el mandatario.
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado oficialista, Ernesto Castro, negó el lunes en conferencia de prensa que se estén haciendo expropiaciones.
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“Si me mostrás a alguien del Gobierno que dice estamos expropiando, bueno podríamos hablar sobre ese tema, aquí nos estamos basando en el artículo 110 y 112 de la Constitución, ahí dice que cuando ellos toman la falta entonces el Gobierno tiene que agarrar las concesiones y las tiene que administrar», dijo Castro.
“Seguramente ahí están los tribunales, ahí está todo para que vayan a defenderse, si ellos son unos angelitos pues que en los tribunales certifiquen que ellos son unos angelitos”, agregó Castro.
Según el presidente de ANEP, Javier Simán, el artículo 110 de la Constitución “permite al Gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el Artículo 106”.
Ante las críticas recibidas, Bukele subrayó este lunes que “la oposición perdió toda la vergüenza” y los acusó de que “ahora defienden a una de las peores mafias de nuestro país”, en referencia a los transportistas.
“Ven que estafan a nuestro pueblo y se alegran. Pero si ven que actuamos para evitarlo, se indignan”, les increpó Bukele.
“Un abuso contra otro abuso”
Los abusos del sector transporte son célebres en El Salvador. No ha habido Gobierno que se haya atrevido a un reordenamiento debido a su poderoso músculo político. La diputada opositora, Claudia Ortiz, del partido Vamos, reconocía este lunes ante periodistas esa realidad.
“Los transportistas siempre han sido señalados y siempre han sido abusivos con los usuarios, ilegalidades, irregularidades y las Asambleas Legislativas pasadas han estado constantemente renovando ese subsidio sin mayores condiciones, pero ante un abuso no podemos reaccionar con otro abuso”, dijo Ortiz.
La legisladora opositora no defendió a Miranda, pero señaló que lo que procedía era aplicar sanciones legales.
“No podemos estar aplaudiendo un uso abusivo del poder hacia X persona porque entonces los próximos podemos ser cualquiera de nosotros”, subrayó Ortiz.
Para la diputada también es motivo de preocupación la apropiación de las unidades de transporte. “Una cosa es quitar los permisos de línea, el derecho de brindar el servicio de transporte público, otra cosa es apropiarse de las unidades que no son propiedad del Estado”, señaló Ortiz.
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La militarización
Para la defensora de Derechos Humanos, Celia Medrano, la mayor preocupación que ve es la militarización de la política por parte de la administración Bukele desde que el 9 de febrero de 2020 intervino la Asamblea Legislativa.
“Desde el 9F es clara la militarización de la política para afianzar poder a través de fuerza militar”, dijo Medrano a Expediente Público.
La activista recordó cómo durante el Gobierno de Bukele, una crisis de abastecimiento en servicio de agua potable se responde con acordonamientos militares, una plaga de langostas también e incluso protestas sociales se responden con retenes militares y policiales.
“El control del servicio de transporte público se inicia con fuerza militar, independientemente de la impopularidad de algunos empresarios transportistas que han estado cercanos a diferentes partidos políticos unos y vinculados con criminalidad organizada otros, las acciones de este fin de semana rompen con márgenes básicos de legalidad”, denunció Medrano.
Señaló que mientras se baja temporalmente los impuestos a combustibles para enfrentar los efectos de la crisis económica internacional, “aprovechando esa misma crisis se apropia el Estado de medios privados de transporte valiéndose de fuerza militar”.
“Difícil creer que una acción de esta naturaleza pueda ser en beneficio de la población”, agregó.
