*El Gobierno de El Salvador que preside Nayib Bukele descendió cinco puntos en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 del International Budget Partnership (IBP).
**El economista Rommel Rodríguez, coordinador del área de macroeconomía y desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), reconoce que El Salvador “no ha presentado mejoras sustanciales” en la encuesta.
***Guatemala es el país centroamericano mejor evaluado en transparencia del gasto fiscal.
Expediente Público
El Salvador pasó de tener 46 puntos en transparencia en 2019 a 41 en 2021, y es el puntaje más bajo de la región centroamericana, incluso por debajo de Nicaragua que obtuvo 42, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS, por sus siglas en inglés) presentada por el International Budget Partnership (IBP).
Según su página web, International Budget Partnership es una asociación global de analistas de presupuestos, líderes comunitarios y activistas de los derechos de las personas que trabajan para promover sistemas de presupuestos públicos que funcionen para los ciudadanos, no para intereses particulares.
“Juntos, generamos datos, abogamos por la reforma y construimos las habilidades y el conocimiento de las personas para que todos puedan tener voz en las decisiones presupuestarias que afectan sus vidas”, señalan.
Información limitada
La puntuación de 41 sobre 100 obtenida en el Índice de Presupuesto Abierto 2021 de la OBS confirma que la información presupuestaria que brinda el Gobierno central de El Salvador, que preside Nayib Bukele, sigue siendo “limitada”.
“Somos un país que no ha presentado mejoras sustanciales, sino yo diría un estancamiento en las últimas ediciones de la encuesta”, señaló el economista Rommel Rodríguez, coordinador del área de macroeconomía y desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) en entrevista con Expediente Público.
A nivel de la región centroamericana los mejores evaluados son Guatemala que obtuvo 64 puntos, seguido de Costa Rica (63) y Honduras (61).
Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) dijo a Expediente Público que la encuesta muestra a “Centroamérica como una región estancada” en términos de transparencia fiscal.
“Lo que se denota es una falta de voluntad política, porque si uno revisa los elementos que toma en cuenta la encuesta, es publicar documentos que para cualquier administración pública son documentos rutinarios y lo único que tienen que hacer es colocarlos a disposición de la ciudadanía”, señaló Castaneda.
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El Salvador “ha reducido la disponibilidad de la información presupuestaria” y el bajo puntaje en la más reciente encuesta se debe a elementos tan básicos como no publicar a tiempo el documento preliminar en línea, revela la encuesta.
En ese documento se deben divulgar los parámetros amplios de las políticas fiscales con anterioridad al proyecto de presupuesto del Ejecutivo, se describe el pronóstico económico del gobierno y los ingresos, gastos y deuda de forma anticipada.
El economista de Funde señala que la ausencia de este documento explica la caída en el puntaje obtenido en la encuesta, de 46 a 41.
“Ahí están planteados los escenarios previos macroeconómicos, los escenarios fiscales de cierre del ejercicio fiscal, está planteado el calendario de cómo se va a elaborar el presupuesto (…) En el 2021, aunque no me lo crea, fue publicado después que se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto para que lo discutieran los parlamentarios”, dijo Rodríguez.
La OBS recomendó al Gobierno central salvadoreño “reanudar la práctica de publicar el documento preliminar en línea y de manera oportuna”.
Revisión de mitad de año no se hace
Desde 2010, la mejor nota obtenida por El Salvador en el pilar de transparencia fue en 2015 cuando obtuvo un puntaje de 53 puntos, pero siempre fue un resultado “insuficiente”.
La encuesta evalúa 145 indicadores en total, y parte del análisis en transparencia -109 indicadores a los que se les da el mismo peso y califica a cada país según una escala del 0 al 100-. Esto implica poner a disponibilidad pública ocho documentos presupuestarios, incluido el documento preliminar.
Otro problema estructural, que a lo largo de las últimas encuestas ha sido de forma sostenida, es la falta de voluntad del Gobierno central de presentar un informe de revisión de mitad de año. Es decir, dar a conocer una actualización completa sobre la implementación del presupuesto, que incluya un pronóstico actualizado de resultados.
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“Este documento es el que permanentemente nos ha estado fallando (…) Presentamos un informe de cómo está ejecutándose o cómo se ha liquidado en los primeros seis meses el presupuesto. Pero no hacemos una reflexión integral de cómo fue presentado y aprobado el presupuesto, cómo van evolucionando los ingresos, el gasto, y si es necesario redefinir el déficit fiscal hacia el cierre de año”, manifestó Rodríguez.
Por otro lado, la OBS destaca que el Gobierno central está elaborando solo para “uso interno” el informe de auditoría. Es decir, la instancia encargada no produce propiamente un informe de auditoría sobre la ejecución presupuestaria. La falla viene presentándose desde la encuesta de 2019.
“Aparecemos con un detalle muy delicado a nuestro juicio y es que el informe de auditoría debe analizar los resultados del informe de la gestión financiera del Estado”, dijo Rodríguez.
El proyecto de presupuesto del Ejecutivo, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano, el informe de fin de año y los informes entregados durante el año son los únicos cinco documentos con los que cumple el Gobierno central salvadoreño. Como ya se indicó anteriormente, queda a deber el documento preliminar, y los informes de revisión de mitad de año y de auditoría.
“Esto lo que hace es que le resta legitimidad a la administración pública, puesto que la ciudadanía no sabe exactamente qué es lo que está pasando con su dinero y se generan enormes brechas entre una ciudadanía que no tiene información y un gobierno que no genera espacios para que la ciudadanía pueda participar”, dijo Castaneda.
Mal evaluado en participación pública
Donde peor sale evaluado El Salvador es en el componente de participación pública, donde obtuvo 20 sobre 100. En este pilar, sin embargo, pese a que el país logró siete puntos con respecto a la encuesta de 2019, la información proporcionada sigue siendo “insuficiente”.
“Hay factores de naturaleza política y también coyunturales que favorecieron (…) La legislatura que cerró el 31 de mayo de 2021, quien presidía la Comisión de Hacienda tuvo el interés de invitar a organizaciones especialistas en finanzas públicas para que dieran su opinión sobre el presupuesto, ese fue un aspecto que favoreció”, explicó Rodríguez.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha establecido audiencias públicas relativas a la aprobación del presupuesto anual, pero debe también permitir que cualquier miembro del público u organización de la sociedad civil intervenga en las audiencias sobre el proyecto de presupuesto antes de su aprobación, recomendó la OBS.
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En el marco de la pandemia de covid-19 la Asamblea Legislativa de El Salvador creó un Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana de organizaciones de la sociedad civil que ejerció vigilancia de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el fondo de emergencia del coronavirus.
“Eso fue lo que mejoró considerablemente al pasar de 13 a 20 sobre 100. El comité todavía está vigente en este momento, sin embargo, se ha detenido su trabajo, porque cada vez es más difícil que las autoridades proporcionen información”, mencionó Rodríguez.
El resto de países salieron aplazados en este componente: Guatemala (19), Honduras (17), Costa Rica (9), y Nicaragua (7).
Castaneda agregó que este pilar es donde “peor salen evaluados los países” de la región, debido a que los gobiernos no ofrecen espacios para que la ciudadanía pueda participar y dar seguimiento al gasto fiscal.
“Los presupuestos públicos no son de los presidentes, de los ministros o de los diputados. Los presupuestos le pertenecen a la ciudadanía porque se financian con los impuestos que pagan toda la población”, enfatizó Castaneda.
Vigilancia, mismo puntaje de 2019
La OBS también analiza que la legislatura y las entidades de fiscalización superior estén supervisando el proceso presupuestario.
En este componente de vigilancia del presupuesto, la calificación de El Salvador en 2021 fue de 61 puntos, el mismo puntaje que en 2019.
Se concluyó que la Asamblea Legislativa de El Salvador proporciona una vigilancia adecuada durante la fase de planificación del ciclo presupuestario y una vigilancia limitada durante la fase de implementación, por lo que ese poder del Estado obtuvo 56 puntos.
En la práctica, según la encuesta, se recomendó al Gobierno central consultar a la legislatura antes de que se reduzcan gastos debido a la escasez de ingresos.
La Corte de Cuentas, la otra instancia que ejerce supervisión presupuestaria, obtuvo un puntaje de 72. Aun así, se debe garantizar que un organismo independiente revise los procesos de auditoría, puntualiza la encuesta.
Guatemala, sin embargo, en este componente es el peor evaluado con una nota de 47 sobre 100. La encuesta sugiere que el Congreso hace una vigilancia limitada durante la fase de planificación del ciclo presupuestario y una vigilancia débil durante la fase de implementación.
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En este componente solo Costa Rica obtuvo un puntaje de 78, es decir brinda una “adecuada” vigilancia del gasto público, pero igual se recomendó al Gobierno central crear un comité legislativo para examinar la implementación del presupuesto durante el año y publicar los informes con sus hallazgos en línea.
“Los gobiernos de la región saben perfectamente dónde están sus deficiencias, significa que si no quieren corregir esas deficiencias esto obviamente pasa por un tema de voluntad política. A nivel de Latinoamérica un caso exitoso es República Dominicana, que está entre los diez países a nivel mundial que más ha mejorado, y ahí la razón ha sido voluntad política”, puntualizó Castaneda.
