* La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó este 9 de noviembre en una audiencia pública el caso de la desaparición forzada en El Salvador.
** Se contabilizan más de 5,000 detenciones arbitrarias durante el Gobierno de Nayib Bukele por la vigencia del Estado de Excepción.
*** La delegación del Estado salvadoreño argumentó que se ofrece una sofisticada base de datos pública donde cualquier ciudadano pueden preguntar si algún familiar está detenido.
Eric Lemus / Expediente Público
El Gobierno de El Salvador defendió este 9 de noviembre la eficacia del régimen de excepción y desestimó los casos de desaparición forzada cometidos presuntamente bajo custodia del Estado, que fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La instancia, que es el órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó una audiencia pública en su sede en Washington D.C. para estudiar las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales (policías, militares y custodios penitenciarios) en El Salvador.
Los casos fueron presentados por las organizaciones sociales que dan seguimiento a las denuncias acaecidas durante el estado de excepción, que está vigente desde marzo de 2022 por orden del mandatario Nayib Bukele.
La administración del autodenominado presidente “cool” utiliza las capturas masivas como elemento vertebral del plan de seguridad, que cerca y neutraliza los espacios controlados por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
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Desapariciones, ¿un tema político?
En la audiencia celebrada en la CIDH se escuchó los argumentos de ambas partes en una sesión tensa. Las organizaciones invitadas expusieron los problemas en la búsqueda y en la investigación penal de las desapariciones perpetradas por pandillas y crimen organizado, así como los efectos de la militarización de la seguridad pública.
La audiencia fue presidida por la comisionada Julissa Mantilla Falcón, quien también es relatora de la CIDH para El Salvador en el tema mujeres, memoria y justicia. Fue acompañada por el comisionado José Luis Caballero, relator de tema de movilidad humana.
El Estado de Excepción fue aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces es revalidado cada 30 días por la Asamblea Legislativa, controlado por el partido gobernante Nuevas Ideas.
Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, encabezó la delegación de El Salvador, aunque reconoció el papel desempeñado por las organizaciones sociales, criticó lo que llamó “instrumentalización”.
“El trabajo de organizaciones de derechos humanos es muy importante. El Estado lo necesita”, afirmó.
Sin embargo, Guzmán Caballero criticó que “hay algunas personas que instrumentalizan los derechos humanos como un tema político y eso sí es lamentable, más en una época electoral como la que tiene ahora mismo El Salvador”.
Más de 5,000 detenciones en El Salvador
En contexto: ¿Dónde están 6,443 personas desaparecidas en los cuatro años de gobierno de Nayib Bukele?
Verónica Reyna, directora del área de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), una de las participantes en la audiencia, observa que “el estado de excepción en El Salvador ha generado patrones de desaparición forzada que derivan de las más de cinco mil detenciones arbitrarias reportadas a organizaciones de derechos humanos”.
Reyna relató el caso de un joven identificado como “Juan” que murió bajo custodia del Estado a los pocos días de ser encarcelado en el marco del régimen de excepción.
La víctima fue capturada el miércoles 30 de marzo de 2022 y murió un mes después, el 30 de abril, por “trauma cerrado de tórax de tipo contuso”. Quien informó del deceso a la familia fue una funeraria.
Utilidad del régimen de excepción
El procurador general de El Salvador, René Gustavo Escobar, que acompañó la delegación gubernamental, reivindicó la validez de la política de seguridad del modelo de Bukele.
“Entendemos cómo la figura de un régimen de excepción levanta alarmas, pero quiero invitarles a que veamos la situación real de El Salvador: es un régimen de excepción que está focalizado en el crimen organizado”, dijo el funcionario.
“El crimen organizado, como tal, hizo que la violencia y una serie de acciones delictivas se naturalizaran en el país. Muchos de los grupos vulnerables llegaron a ser mano y tentáculos lamentablemente de estos grupos y eso es lo que ahora ha producido” las capturas, argumentó Escobar.
Reconoció que esos casos “obviamente tenemos que dilucidarlos en un proceso penal”.
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Sin embargo, la posición de las organizaciones pasa porque el “Estado debe reconocer públicamente la existencia de desapariciones como un fenómeno que conlleva responsabilidad estatal, evitando la estigmatización de las familias y comunidades afectadas”.
Piden política nacional
A raíz de las denuncias por abuso de autoridad en el marco del régimen, instancias internacionales como la CIDH instó en 2021 al Estado salvadoreño a adoptar medidas para que la que investigación en casos de personas desaparecidas cumplan con estándares internacionales.
Posteriormente, el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó en 2022 investigar y sancionar de manera pronta e imparcial las denuncias de desapariciones forzada, cometidas por personal militar y policial durante el estado de excepción.
Las organizaciones ciudadanas que acudieron a la audiencia sostienen que durante el Gobierno de Bukele persisten las desapariciones, incluidas de corta duración atribuibles a agentes estatales.
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¿Qué demandan al Gobierno de El Salvador?
Por su parte, la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) reiteró que “entre 2019 y junio de 2022, se estima que las denuncias ascendieron a 6,443, de las cuales, 2,397, equivalentes al 37.20%, pueden ser casos activos”.
Además, los miembros de la sociedad civil instan a la elaboración de una política nacional contra las desapariciones, que incluya la creación de un registro de personas desaparecidas y un banco de ADN, una posible Ley General sobre Desapariciones y la creación de una Comisión de Búsqueda.
Mientras la audiencia en la CIDH se desarrolló la audiencia, en la capital salvadoreña, San Salvador, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) hubo una marcha de familiares de los detenidos por causa del régimen de excepción hacia la sede de la Fiscalía General de la República.
La demanda es información sobre el paradero de los detenidos, pese a que no tienen antecedentes penales.
