Según los datos oficiales, los casos positivos han aumentado a 424 y las muertes a 10 personas. De los 395 casos, 167 son mujeres y 228 son hombres. El número de recuperados ascendió a 118. La zona más afectada es la capital, San Salvador, con el mayor número de casos positivos y la población más afectada son los que tienen de 20 a 39 años de edad.
PROLONGAN MEDIDAS
Los diputados de la Comisión Política acordaron el 28 de abril prolongar por 15 días más el Estado de Emergencia (hasta el 16 de mayo), pero condicionado a que el Poder Ejecutivo cumpla con enviar a la Asamblea Nacional todos los informes de aplicación de los decretos legislativos y ejecutivos en vigencia por la pandemia y diseñar un plan que permita abrir de manera gradual los comercios y evitar las “arbitrariedades” en la crisis sanitaria.
La prórroga entrará en vigor el 2 de mayo y finalizará el 16 de mayo, inicialmente fue establecida para culminar el 1 de mayo. Esta nueva prolongación de la Asamblea es la segunda desde que se tomaron medidas contra la pandemia.
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La cuarentena domiciliar obligatoria hasta el 16 de mayo, así como la cuarentena controlada por 30 días a quienes violen el resguardo domiciliar y se consideren sospechosos o expuestos a la pandemia COVID-19 fue confirmada por el Ministerio de Salud a través del decreto 21.
Pero el referido decreto se mantiene la cuarentena domiciliar obligatoria en todo el territorio salvadoreño hasta el 16 de mayo, así como otras disposiciones del anterior, entre estas, algunas que exceden las facultades del Ejecutivo y que fueron señaladas de ilegales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral aseguró el 28 de abril, que los plazos del proceso de las elecciones municipales y legislativas de 2021 se mantienen y sostuvo que «no podrían retrasarse más de 15 días», ya que eso atentaría contra la Constitución y las normativas vigentes que se refieren a todo el engranaje electoral.
A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LEYES
El Gobierno y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentaron un paquete de proyectos para mitigar el impacto económico que ha generado la pandemia.
Uno de ellos era la «Ley de Protección al Empleo» y otro incluye el financiamiento para llevar a cabo estas medidas. Estos sugieren la aprobación de un bono solidario para las micro, pequeñas y medianas empresas. El bono estaría siendo destinado a empresas que tengan menos de 100 empleados, y darían el «equivalente al 50% de la nómina mensual», y, hasta un máximo de 500 dólares por empleado.
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También proponen la creación de un programa de financiamiento productivo para empresas informales. Para poder tener la capacidad de apoyar a los salvadoreños con esas iniciativas, el Ministerio de Hacienda ha solicitado gestionar la obtención de 1,000 millones de dólares para constituir un fideicomiso para impulsar la recuperación de las empresas nacionales.
Estos fondos se podrían obtener por medio de títulos valores o por la contratación de créditos, 600 millones de dólares servirían para el fideicomiso y 400 millones de dólares restantes para reforzar el presupuesto general de la nación.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) informó el 29 de abril a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña, que el gobierno ha realizado 60 detenciones (57 hombres y 3 mujeres) desde la tercera vez que fue conminado a suspender los arrestos por violar la cuarentena.
Debido a la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, en El Salvador se implementó un régimen de excepción que suspendió tres derechos constitucionales (circulación, domicilio y reunión). Además, se implementó una cuarentena.
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El 8 de abril pasado la Sala emitió una segunda advertencia y recordó a la administración Bukele que no puede capturar a nadie por incumplir la cuarentena si no existe una ley que lo permita. A la vez, los magistrados recomendaron a la Asamblea Legislativa crear la normativa legal que regule esas detenciones. El 15 de abril fue el tercer recordatorio al Gobierno para que frene las detenciones.
Sin embargo, el Ejecutivo afirma que el Código de Salud permite detener y aislar a todo sospechoso de padecer enfermedades contagiosas, como COVID-19. Hasta ayer eran 2,220 personas retenidas por ese motivo, según estadísticas gubernamentales. La Sala también prohibió el decomiso de vehículos propiedad de infractores de la cuarentena.
Estas detenciones le han valido una gran cantidad de críticas a Nayib Bukele, tanto a lo interno, como en el exterior del país. Por ejemplo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), expresado el 29 de abril que “se produjeron cientos de detenciones arbitrarias y, en algunos casos, uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El último fin de semana de abril se registraron 51 asesinatos, según cifras oficiales. En respuesta, Bukele autorizó a la policía y al ejército a usar «fuerza letal», lo cual generó fuertes críticas internas e internacionales.
