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El régimen y la religión: habla como cordero, pero actúa como dragón


Entre enero y noviembre de 2020 han ocurrido 21 incidentes violentos o actos de vandalismo contra las iglesias y líderes católicos, según datos del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, un programa de la oenegé Plataforma para la Transformación Social, con sede en Países Bajos. 

El monitoreo incluye el asesinato a mediados de septiembre del joven miembro de la pastoral juvenil de Matagalpa, Bryan Coronado Zeledón, de 17 años. Aunque la familia no descarta mano criminal, la policía consideró que se trató de ahogamiento por sumersión. Sin embargo, la motocicleta con la que se movilizaba estaba destruida y lejos del lugar donde encontraron el cuerpo desnudo del adolescente. 

Otros hechos registrados por este Observatorio son profanaciones de templos en Teustepe, Matiguás, Nindirí, Wiwilí-Nueva Segovia, Mateare, Las Sierritas e incluso la misma Curia Arzobispal de Managua donde llegaron a pintar en grafiti la imagen del presidente Daniel Ortega. 

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Los ataques incluyen robo, sobre todo de reliquias, como en el Santuario San Francisco de Asís en la ciudad de León, la capilla de Veracruz en Masaya, la catedral de Jinotega, el templo del municipio de Cusmapa y La Cruz del Calvario en la ciudad de Estelí. 

El 26 de febrero fue golpeado Michael Rodríguez, sacristán de la ciudad Matagalpa, donde el 19 de julio simpatizantes del régimen manejaron sus motos en el atrio frontal de la catedral. El 4 de marzo simpatizantes sandinistas interrumpieron los funerales del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal. Un intruso arrojó una piedra cerca del padre Gelvin Vega en Santa Rosa del Peñón en plena liturgia, el 2 de agosto. 


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La misma catedral metropolitana de Managua sufrió este año otro ataque antes del atentado terrorista del 31 de julio, el día 20 del mismo mes un desconocido entró en la madruga con una camioneta a los predios, destruyendo tres portones y dándose a la fuga. La policía detuvo a una persona, supuestamente un conductor ebrio.  

La bomba contra la catedral metropolitana del 31 de julio fue previo a las principales fiestas tradicionales de la capital en honor a Santo Domingo de Guzmán, del primero al 10 de agosto, mismas que fueron suspendidas por la pandemia del Covid-19. La acción de un hombre no identificado ni detenido fue calificada por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, como un acto terrorista.  

Sacerdotes católicos entre fuego cruzado 

A pesar de los testigos y la magnitud de los daños en la capilla de la Sangre de Cristo de la catedral, que indicaban un ataque con una bomba molotov, las autoridades del régimen, incluyendo los bomberos, determinaron que fue un incendio producido por velas. 

“Fue un profesional y (un acto) planificado, como dijo el arzobispo el mismo día que pusieron ese artefacto. (El atacante) sabía por dónde podía huir”, reiteró a Expediente Público monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua. 

Sobre los ataques contra la iglesia, Avilés señala que estos reflejan la sociedad en la que vivimos donde hay delincuencia común, indefensión, persecución y represión. 

“No tenemos ningún medio, ni fuerza, ni recursos para poner más seguridad, solo estamos previendo el respeto al Santísimo Sacramento, sobre todo en las capillas que están solas”, explicó a Expediente Público el vicario semanas después del atentado. 

Avilés sostuvo que el vandalismo ocurrió en un contexto cuando las alcaldías quieren ver como algo tradicional y cultural las expresiones católicas que fueron suspendidas este año, y eso causó nuevas diferencias con el gobierno. 

“Normalizar las cosas pasa por la justicia, aquí hubo un montón de muertos, hay un montón de presos y violaciones a los derechos humanos, hay que empezar por ahí y no por querer forzar una procesión, empieza por la institucionalidad, por ahí vas a tener un país normal”, sostiene monseñor Avilés. 

Además, parte de los robos y profanaciones se incrementaron porque muchas de las iglesias “están desoladas por la situación migratoria, muchos se han venido a despedir de mí. En segundo lugar, está la pandemia”, pues la iglesia pidió a lo largo del año la no aglomeración de personas, por lo cual las procesiones y exposición de personas se ha procurado evitar en todos los lugares. 

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También monseñor Abelardo Mata, secretario general de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y obispo de Estelí, precisó en su momento: “¿Por qué la bomba? Vienen las fiestas agostinas, oportunidad preciosa para alimentar y politizar el folclor, de hecho, las procesiones ellos han querido tratarlas como elementos folclóricos y las danzas, la bailada del santo y las borracheras. Como nosotros hemos decidido que no se hacen, viene la molestia. No solo pasó en Managua, en mi diócesis en tres puntos atacaron directamente al Santísimo. En su rabia atacan un símbolo para la feligresía nicaragüense, no solo para Managua. Al día siguiente quisieron robarse la imagen de Santo Domingo. Es un afán de decir ‘nosotros mandamos aquí, decidimos aún sobre las fiestas religiosas, nosotros tenemos que decir lo que se va a hacer o no’, pero tienen el obstáculo de la autoridad eclesiástica, entonces ‘ataquemos, denigremos, amenacemos’”. 

LAS CRISIS PREVIAS: EL FRAUDE DE 2008, BÁEZ, EL ASESINATO DEL PADRE PUPIRO Y LA CARTA DE 2014 

El Observatorio de Libertad Religiosa documentó en 2019 más de 120 ataques contra las iglesias en Nicaragua, particularmente las católicas, incluyendo el exilio de dos sacerdotes, mientras el Informe de Libertad Religiosa 2019 preparado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y presentado en junio de 2020, indica una serie de amenazas contra el clero en León, Masaya, Managua, así como restricciones aduaneras desde 2018 para la organización benéfica Caritas, que llevaba año y medio sin recibir la renovación de su permiso por parte del Ministerio de Gobernación. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su informe Ataque a la Iglesia Católica en Nicaragua 2019-2020  explica que “el odio contra la iglesia católica no ha cesado, al contrario, recrudece cada día, llegando a niveles críticos” y “las amenazas, hostigamientos a religiosos y profanaciones a los templos iniciaron posterior a la rebelión de abril 2018, cuando la iglesia católica repudió los crímenes cometidos por el régimen Ortega Murillo y se hizo al lado del pueblo, de ahí las campañas de desprestigio en contra de la iglesia, amenazas de muerte a monseñor Silvio Baez y otros ataques”. 

“Hay una persecución organizada contra la Iglesia católica que tiene su cumbre en la quema de la imagen de la Sangre de Cristo en Managua. ¿Qué originó esto?¡, que el cardenal Brenes, quien siempre cuidó la formalidad con el Gobierno, rompiera definitivamente con ellos, y ellos con Brenes”, manifiesta una experta en temas religiosos consultada por Expediente Público. 

Sin embargo, las acciones contra la iglesia católica han sido constantes y no iniciaron precisamente con la crisis de abril 2018. 

El Informe de Libertad Religiosa 2009 del Departamento de Estado de EE. UU. señala “una creciente intolerancia hacia grupos religiosos y otros que emitieron comentarios respecto a asuntos sociopolíticos”. 

Previo a 2018 la CEN tuvo varias crisis graves con el régimen Ortega-Murillo, entre las más importantes están: 1) La provocada por el fraude electoral de 2008, 2) la provocada por la beligerancia del obispo Silvio Báez desde que llegó como obispo auxiliar en 2009, 3) la inconformidad por la investigación policial del brutal asesinato del padre Marlon Pupiro en agosto de 2011 y 4) la carta de los obispos entregada a Ortega en 2014 donde piden reformas democráticas. 

La primera tensión ocurrió en el primer año del gobierno de Ortega. El tono contra el clero subió tras el fraude en las elecciones municipales de 2008 cuando la CEN se sumó a las dudas de transparencia en los resultados que otorgaban 94 de las 146 alcaldías al FSLN. Los obispos pidieron “la revisión y cotejo de las actas en manos de los partidos políticos participantes”. 

El Departamento de Estado en uno de sus informes de libertad religiosa precisa que el 6 de abril de 2009 el Procurador General Hernán Estrada reportó que fue víctima de un “intento de asesinato”. Asaltantes desconocidos “le dispararon”, pero acusó a la Iglesia Católica porque algunos obispos incitaban a la violencia al mencionar que grupos comenzaban a armarse como resultado de las irregularidades electorales de noviembre 2008. El entonces procurador de Derechos Humanos Omar Cabezas apoyó la aseveración de Estrada emitiendo un comunicado público cuyo título es Terrorismo Secular o Religioso es Traición, el cual argumentaba que políticos de oposición y líderes de la Iglesia deberían aceptar los resultados de las elecciones y dejar de promover la violencia. “La investigación de la policía y reportes de prensa posteriormente indicaron que Estrada había sido, más acertadamente, la víctima de un crimen callejero y su herida el resultado de un rasguño en vez de una herida de bala”. 

La experta en temas religiosos explica que otro elemento de tensión entre el clero y el régimen surgió con la llegada del obispo Silvio Báez en 2009 y esta personalidad, además, creo una fuerte sacudida interna en la CEN. “Fue como traer un pavorreal a un gallinero”, sintetiza. 

“Báez comenzó a expresarse críticamente con un discurso nunca escuchado en Nicaragua, es decir, los obispos del país tienen una formación más provinciana y menos elaborada, nunca tuvieron el mensaje tan articulado que tuvo Báez desde el comienzo, y le tuvieron muchos celos. Es un obispo intelectual, sabe lenguas. Nunca ejerció en Nicaragua, vivió en Roma, con una formación muy europea, no del estilo de los obispos de aquí. Eso creó una crisis para el gobierno y al interior de la conferencia episcopal. Pero comenzaron a haber cambios en la CEN porque había un obispo nuevo y resurgió el antisandinismo de los 80 que ahí estaba”. 

En 2007 el arzobispo Leopoldo Brenes había pedido al Papa llenar la plaza vacante de la Arquidiócesis, no había obispo auxiliar en Managua desde 1991. Según una nota de La Prensa del 13 de abril de 2009, a nivel local se especulaba que Miguel Mántica, Rolando Álvarez o Carlos Avilés podrían ser los candidatos al puesto, pero el Vaticano bajo el papado del alemán Joseph Ratzinger, llamado Benedicto XVI, sorprendió a la sociedad nicaragüense y a la misma CEN nombrando a un religioso que se había formado absolutamente al margen de la iglesia nicaragüense, pese a ser oriundo de Masaya. 

Báez influyó en la carta pastoral que los obispos en pleno presentaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2014, en la cual “piden es lo que pedimos ahora: diálogo nacional, elecciones libres y transparentes. Esa carta fue escrita en su mayor parte surge de la mente más preparada, para que tenga un contexto político de fondo”, sostiene la experta. 

La expulsión de Báez en 2019, disfrazada de traslado, pese a las amenazas reales de muerte -al obispo lo siguieron incluso con drones- se da “porque el gobierno no lo soporta. Se destacaba demasiado, casi llegó a tener el liderazgo de la oposición. Jugó un papel excesivamente protagónico y eso chimaba al cardenal Brenes en sus relaciones con el Gobierno, antes de la quema de la capilla de la Sangre de Cristo”, continúa la experta. 

Otra crisis entre el régimen y el clero fue el manejo investigativo que hizo la policía por el brutal asesinato del padre Marlon Pupiro del municipio de La Concepción, a 25 kilómetros al sur de Managua, “fue un crimen horrendo, jamás se había visto en Nicaragua algo así contra un miembro del clero”, dice la experta. Aunque una persona se adjudicó el asesinato, se sospechó de un móvil político por los mensajes críticos al gobierno del sacerdote en un año de elecciones generales. 

El cuerpo del sacerdote fue encontrado en un basurero con signos de tortura y quemaduras postmorten, envuelto entre sábanas y una bolsa plástica, en el kilómetro 16 y medio de la carretera vieja Managua-León, a unos 40 kilómetros de distancia de su residencia. 

DIÁLOGO 

Los informes de libertad religiosa entre 2009 a 2017 remitidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos mostraban señales de alerta y desnudaban el supuesto manto de tolerancia hacia la iglesia. 

Por otra parte, en 2016, año de la tercera elección consecutiva de Ortega y del nombramiento de su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula presidencial, la CEN emitió en agosto un tímido, pero inusual mensaje donde por primera vez desde 1990 no llamaba a acudir masivamente a las urnas, más bien exponía que “la decisión de votar o no votar debe ser tomada por cada persona desde el interior de su conciencia”. 

La crisis de abril 2018 fue inesperada y el régimen tuvo que acudir a los obispos para ganar tiempo ante las protestas nacionales. En mayo de 2018 cuando llamaron al diálogo, la respuesta de Rosario Murillo era el ejemplo del tono público que hasta entonces había existido con la iglesia católica, llena de agradecimiento, ceremonioso y místico. 

“Nosotros reconocemos ese noble esfuerzo de los obispos de Nicaragua, de su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes y reiteramos nuestra absoluta disposición a participar, como los obispos nos están convocando en el Diálogo Nacional, en el momento y en las modalidades que los señores obispos, que su eminencia el cardenal decidan, puesto que nos aceptaron participar como mediadores y testigos y a nosotros nos llena de fortaleza su participación, su convocatoria y esa disposición de recorrer estos caminos; de acompañar a nuestro pueblo en estos caminos de búsqueda de la estabilidad, de búsqueda del bien común, de búsqueda del diálogo y el encuentro para fortalecer la paz, para seguir construyendo la paz”, anunció Murillo el 3 de mayo en uno de los canales de televisión de sus hijos. 

Poco más de dos meses después, el 19 de julio de ese mismo año, Ortega calificó a los obispos como golpistas y terroristas. 

Monseñor Mata recuerda que a principio de junio 2018 o finales de mayo, “hicimos una reunión del camino hecho en el diálogo, la primera fase, pedimos una reunión con el presidente, nos reunimos en la Casa de los Pueblos y le presentamos que sería bueno retomar por el bien de la nación, ¿qué nos dijo en ese momento?, agradeció nuestro interés por el bien de la nación, ‘Nicaragua ha cambiado, no es la misma desde antes de 2018, ya gobernar aquí no es fácil, vamos a llamar a elecciones anticipadas, vamos a repensarlo, a verlo’”. 

“Sabíamos que con la Organización de Estados Americanos (OEA) se venía realizando un diálogo aparte, de reforma a la Ley Electoral y de reforma del Consejo Supremo Electoral (CSE) para preparar las elecciones que se suponen serán el próximo año, sabíamos que existía eso, y cuando nos dicen que van a tener que reajustar la propuesta que ha surgido en la mesa del diálogo, pensábamos que los puntos de referencia eran los diálogos con la OEA, que después dejaron también a un lado”, rememora monseñor Mata. 

“Para un diálogo se requiere primero voluntad, y segundo, que A sea A y B sea B, dos individuos o dos partes que sean bien definidas y no claroscuros, hay que buscar puntos comunes, si no, hay dominio de uno y sumisión de otro, eso no es diálogo, se llama conquista”, concluye el secretario de la CEN. 

Monseñor Avilés indica que “por las protestas el gobierno se vio forzado (a pedir a los obispos que participaran en el diálogo), los obispos dijeron que no serían mediadores si las dos partes en conflicto no nos llamaban. Tenían miedo por el nivel de las protestas, tuvieron que ceder hasta que planearon la estrategia de reprimir selectivamente. Se fue mucha gente por miedo y los que nos quedamos aquí estamos amedrentados”. 

El vicario de Managua continúa: “Este gobierno hizo probablemente el diálogo para ganar tiempo, estaba ahogado, llamaron a un diálogo sabiendo que ellos nunca cumplen nada de lo que acuerdan, puedes hacer la investigación a la conferencia, están grabadas todas las reuniones todas las actas, se fue llevando en orden una ruta, pero cuando llegaron a un acuerdo, como vieron que había que adelantar elecciones y estaba la ONU y la OEA, se echaron para atrás, negociaron que no hubieran tranques y protestas, pero la parte de ellos no cumplieron, ellos siguieron reprimiendo. El gobierno no negocia porque quiera hacer algo, negocia para ganar tiempo, nunca pensaron cumplir, quieren seguir en el gobierno para saquear el país, no dejan que nadie más crezca”. 

Monseñor Mántica también explica a Expediente Público que “tratamos de ser lo más neutrales, pudimos cometer el error en el sentido de ver dos partes que no están razonando y solo dan ataques recíprocos, ni siquiera se llegaron a establecer los puntos de diálogo, había demasiada animosidad de ambas partes, todo transcurrió entre ataques, con eso era mejor detener el diálogo. Tal vez se dejó pasar mucho tiempo, pero esa es una opinión personal”. 

El balde de agua vino cuando el presidente, el 19 de julio declara golpistas a los obispos. “Acusaciones serias y naturalmente injustas, la Iglesia no ha querido derrocar a un gobierno, tenemos visión histórica, hemos visto que se han derrocado gobiernos y eso no trajo solución a Nicaragua. Queremos que Nicaragua cambie, no derrocar al gobierno, que replanteemos nuestro camino como país”, agrega monseñor Mántica. 

Monseñor Mántica recuerda que hubo jóvenes que en el 2018 en la pastoral juvenil que no habían participado en nada, vino una redada, se los llevaron de sus casas, los torturaron, les pisaron las manos con las botas. “Ellos me contaron su experiencia, vi que uno mientras jugaba pelota comenzó a correr en círculos, por el trauma en la cárcel donde lo hacían dar vueltas desnudo, me mostró una uña que se la arrancaron”. 

“Yo no tengo partido político, pero cuando se trata de estar de parte del torturador o el torturado, voy a estar de parte de torturado. Algunas personas de mi comunidad cercanas al gobierno se tomaron eso a mal, pero les expliqué que al momento de denunciar la injusticia no podemos ser perros mudos como dice el profeta”. 


Sobre la posición de la Iglesia católica en 2018, la experta consultada por Expediente Público razona que al comienzo de las protestas los sacerdotes simplemente manifestaron obras de misericordia como atender heridos, esconder a fugitivos, visitar presos o clamar por los presos, dar de comer y beber. 

“No era una posición política, era la posición de ética de asistir a los desvalidos, perseguidos. Por eso se convierte la Iglesia en el factor de poder que el gobierno teme más, por eso pasa lo de Diriamba (turbas rodearon en julio de 2018 al cardenal Brenes, a monseñor Báez, al nuncio Sommertag y otros sacerdotes), donde son atacados físicamente. Eso pasaba en los ochenta, aunque no a ese nivel, pasó en la ciudad de Jinotepe donde tiran las bancas. Queman y hasta el día de hoy asaltan las iglesias y sus símbolos que son atacados por fanáticos, no sabemos si enviados o no, pero creo que los secretarios políticos en los municipios juegan ese rol de fanatizar a la gente para robar y destruir”, dice la experta. 

Y continúa: “El rechazo de todos y de la Iglesia contra Ortega en 2018 es por matar, no por robar. La empatía para seguir protestando fue el asesinato de chavalos, estudiantes universitarios, el sueño de toda familia pobre en Nicaragua cuyo hijo estudió y ahora se lo habían matado”.