* Los ataques al periodismo desde el Gobierno de El Salvador incluyen retención arbitraria, intimidación, restricción física al ejercicio periodístico, amenaza y difamación.
** La Asociación de Periodistas de El Salvador presentó este 24 de julio un informe que revela el aumento de ataques a reporteros y medios de comunicación.
*** La investigación muestra que seis de cada diez vulneraciones provienen de instituciones y funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele.
Eric Lemus / Expediente Público
La organización decana del periodismo salvadoreño condenó este 24 de julio el aumento de la intimidación y otras formas de agresión contra el ejercicio informativo en este país centroamericano que vive bajo Estado de Excepción desde marzo del año pasado.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, detalló que la gremial documentó 385 denuncias de agresión a partir del 27 de marzo de 2022, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el Estado de Excepción como herramienta vital para neutralizar a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
La APES presentó el informe titulado “Régimen de excepción y afectación a la libertad de prensa en El Salvador”, en el que sistematizó las diferentes situaciones de violencia que han vivido y siguen experimentando los periodistas bajo el régimen.
“El 60% de casos que llevamos en el Centro de Monitoreo de Agresiones (de la APES) contra periodistas son de sexo masculino y el 40% femenino, pero, a pesar de que el porcentaje para ellas es menor, la intensidad en el caso de las colegas es mucho peor”, describió Gabriel Labrador a Expediente Público.
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Labrador, quien es el relator para la libertad de expresión de la organización, detalló que eso sucede “no solo por ser periodistas, sino también por ser mujeres”.
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Periodista encarcelado
El Gobierno de Nayib Bukele ya cuenta en su haber con el encarcelamiento de un reportero, que sufrió vejámenes en diferentes calabozos durante casi un año.
El periodista Víctor Barahona, que también había sido un representante comunitario en un vecindario popular del norte de la capital, fue arrestado bajo el concepto de “agrupaciones ilícitas”, la figura habitual que utiliza la Policía y el Ejército para efectuar detenciones aleatorias.
Barahona estuvo recluido en tres recintos carcelarios donde nunca tuvo acceso a medicamentos debido a sus enfermedades precedentes y sufrió palizas, aislamiento y torturas sicológicas.
Un policía, que dialogó confidencialmente con Expediente Público, dijo que “la mayoría del personal que contrata la Dirección General de Centros Penales son veteranos que pertenecieron a los antiguos cuerpos de seguridad”, en alusión a las antiguas policías que fueron disueltas tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil acaecida entre 1980 y 1992.
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“Parece que eso fuera requisito para entrar a trabajar ahí, como si necesitan gente que sepa torturar”, especula.
Movilización por exilio
La asociación también documentó el año pasado el caso de 12 reporteros categorizados bajo el concepto “movilización” o “salida preventiva”, es decir, profesionales que decidieron cambiar de municipio o abandonar El Salvador.
“Este año van cinco casos de salidas de los cuales dos son mujeres periodistas que están tramitando su salida de manera permanente. Eso son los casos que más fácil podría denominarse exilio, lo que sí es que son salidas por el clima de hostilidad que se vive en el país”, dice Labrador a Expediente Público.
El 7 de julio de 2023 dos reporteros del matutino El Diario de Hoy captaron el momento en que la Policía interceptó a miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), que habían realizado una manifestación pidiendo el fin de las capturas de ciudadanos sin antecedentes penales.
Policía de El Salvador viola derecho a informar
Samuel Ramírez, representante de MOVIR, relató a Expediente Público que agentes de la Policía Nacional Civil junto a soldados los detuvieron para indagar su documentación.
“Cuando nos tenían fue que los periodistas nos grabaron y los policías desistieron de llevarnos”, vaticina Ramírez.
En su lugar, los agentes retuvieron a los periodistas hasta que borraron el video y la fotografía.
“Los obligaron a borrar material bajo la amenaza que serán procesados por el régimen de excepción (si no obedecen)”, recordó Labrador.
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Denunciar antes que normalizar
La exposición de la investigación sobre los abusos en el país contó con la participación de representantes de las organizaciones internacionales Artículo 19, con sede en México, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Colombia.
Paula Saucedo, oficial del programa de protección Artículo 19, destacó la importancia de documentar todos los incidentes en lugar de minimizarlos. “Esa es la finalidad de los perpetradores: que la sociedad normalice la violencia”.
En tanto, el representante de FLIP, Jonathan Bock, anticipó que el problema desemboca en la censura cuando un Gobierno dicta “qué es lo bueno y qué es lo malo, quién es el enemigo y quien no”.
El centro de monitoreo de agresiones a periodistas de la APES totaliza 385 agresiones contra reporteros y medios de comunicación desde que se estableció el Estado de Excepción, donde seis de cada diez casos fueron cometidas por instituciones gubernamentales, policías, militares, ministros, diputados e incluso el mandatario en directo a través de sus redes sociales.
