* Un equipo de Expediente Público acompañó uno de los despliegues que realizan el Ejército y la Policía en Soyapango en busca de reductos pandilleros, bajo la mano dura del presidente Nayib Bukele.
**Por nueve meses El Salvador se mantiene en estado de excepción impuesto por el Gobierno, que restringe todas las garantías constitucionales.
Eric Lemus
Expediente Público
A nueve meses de la aplicación del decreto legislativo que llevó a la cárcel a casi 60,000 salvadoreños, la Asamblea Legislativa sigue tendiendo la mano a la estrategia escogida por el presidente Nayib Bukele para la erradicación de las pandillas en este país centroamericano.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública solicitó la aprobación de dos nuevos delitos que penalizan a familiares de pandilleros que encubren la extorsión y a quienes paguen las temidas “rentas”, como llaman los criminales a este delito.
Más allá de la preocupación manifestada por organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos debido a las capturas arbitrarias y abusos cometidos contra los detenidos, inclusive la práctica de la tortura, el mandatario apuesta por el Ejército y la Policía Nacional Civil para neutralizar estas estructuras delictivas.
Las pandillas Barrio 18, tendencia revolucionarios y sureños, y la Mara Salvatrucha 13 suelen operar en Soyapango, una ciudad dormitorio característica por sus vecindarios populosos y carentes de servicios básicos; sin embargo, desde hace meses su control es diezmado debido al despliegue de unidades combinadas entre la policía y Fuerza Armada.
Los operativos antipandillas
Expediente Público acompañó uno de los despliegues cotidianos que realizan el Ejército y la Policía en Soyapango en busca de reductos pandilleros por vecindarios como Las Margaritas y La Campanera, lugar donde fue asesinado el periodista franco-español Christian Poveda en 2009.
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Poveda, que realizó un descarnado documental sobre la vida cotidiana de miembros del Barrio 18 que buscan superar la violencia, paradójicamente fue asesinado por una de dichas células tras la difusión de su film en diversos festivales internacionales de cine.
Durante el patrullaje, en el que un policía coordina una cincuentena de soldados con armas de guerra y equipo de fatiga, ingresan a uno de los objetivos y van adentrándose mientras los lugareños salen de sus casas a saludar o seguir con sus quehaceres cotidianos.
Una joven aprovecha a desplegar ropa que vende a precios razonables y una cocinera de bocadillos atiza el fuego porque sabe que los soldados y policías eventualmente le comprarán café con pupusas, el platillo típico de los salvadoreños.
Los soldados poco a poco abandonan los callejones adoquinados que terminan en caminos rústicos que bajan por barrancos enmarañados. En el trayecto, una mujer barre su fachada y saluda a los militares.
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Los salvadoreños y Nayib Bukele
“Que les vaya bien, Dios me los bendiga, papá…”, dice doña Juana, quien relata a Expediente Público que ese sendero era utilizado como corredor de los pandilleros, que aprovechan la condición agreste del terreno.
“Pero hoy se siente tranquilo uno porque gracias al presidente que tenemos, vea, que podemos salir y no pasa nada”, agrega la lugareña.
Metros adelante, el trayecto bordea fincas abandonadas y ranchos desvencijados donde el viento que sube de las quebradas acompaña el paso de los policías y militares que bajen en busca de algo. El efecto disuasivo es evidente.
-No si aquí monte aquí, monte allá, quebrada allí al otro lado… No, ¡qué horrible! No… si la gente vivía con miedo -.
-¿Hace cuánto se ha calmado? -pregunta Expediente Público.
-Ah, desde que se metió el presidente. Desde entonces, esto cambió -responde la mujer.
Capturas versus denuncias
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en nueve meses de vigencia del régimen de excepción se han capturado a más de 59,600 personas. Las autoridades contabilizan un registro de 76.600 pandilleros en todo el país.
“Hemos recuperado el control del Estado. Ahora contamos con autoridad y somos un país fuerte”, declaró hace unos días el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
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A pesar de las capturas, desde hace dos meses se han liberado 2,100 detenidos de ambos sexos sin que se conozca mayor información oficial al respecto. Por ejemplo, se desconoce si fueron puestos en libertad porque los juzgados les otorgaron la libertad condicional o fueron exonerados de cargos, o por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que encabeza la abogada Raquel Caballero, informó a la prensa que investigan los casos denunciados por organizaciones internacionales.
El 27 de septiembre las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal interpusieron una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante el régimen de excepción.
Los testimonios de víctimas que sufren tortura en las prisiones y que son acusados infundadamente de pertenecer a las pandillas son recabados a diario por la prensa nacional e internacional.
Extraoficialmente, trasciende que la PDDH establecerá mesas temáticas para la resolución de controversias con la CIDH y la Organización de Naciones Unidas (ONU) por 4,071 denuncias por presuntas violaciones cometidas durante el régimen de excepción.
Estado de excepción permanente
Las organizaciones que esgrimen la defensa de los derechos humanos no vacilan en criticar la eficacia de este plan a largo plazo porque acarrea violaciones a la Constitución salvadoreña.
La figura del régimen de excepción en este país centroamericano es invocada cuando las instituciones están colapsadas debido a un desastre a nivel nacional y no pueden funcionar.
“Desde su origen es inconstitucional las razones que se invocaron”, advierte David Morales, el abogado del equipo de justicia transicional de Cristosal.
En conversación con Expediente Público, Morales califica como un “despropósito” que traten “de volver permanente la suspensión de ciertos derechos”.
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“Hay muchos otros que se están violentando gravemente (como) la integridad personal porque se está torturando personas y grupos de detenidos. La inviolabilidad de la morada porque están ingresando prácticamente bajo coacción a las viviendas”, argumenta Morales, quien fungió como procurador de derechos humanos en el periodo 2013-2016.
Muertes sin investigar
Advierte el defensor de derechos humanos que “hay casos de muertes arbitrarias. Algunas pueden ser ejecuciones dentro de las cárceles. El derecho a la vida no está suspendido”, y al tiempo lamenta que “en la práctica está socavado totalmente el derecho a la defensa”.
Desde la entrada en rigor del régimen de excepción, la normativa limitó la libertad de asociación y suspendió el derecho de un ciudadano a contar con un abogado o ser debidamente informado de la razón de su arresto.
La Asamblea reformó al Código Penal para sancionar con una pena de 20 a 40 años de prisión a quien ingresa a una pandilla.
Respaldo ciudadano
El más reciente sondeo de LPG Datos, reveló que el 87,8% de los salvadoreños está de acuerdo con el desempeño del presidente Bukele, mientras que el 89,5% respalda el método utilizado contra las pandillas.
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Bukele, que concentró el poder luego que su partido Nuevas Ideas ganó la mayoría de los escaños en el Congreso, es un publicista que ingresó a la vida política nacional como un “outsider” bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y gobernó Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio donde experimentó las estrategias que acarrean la simpatía del electorado joven.
Poco después, ganó la municipalidad de San Salvador y ensanchó la grieta ideológica con la izquierda ortodoxa del FMLN, que acabó expulsándolo tras una discusión acalorada con una concejala que lo acusó de machista.
Aquella expulsión allanó el camino para que Bukele y su círculo de confianza, que lo acuerpa lealmente desde sus días como empresario de espectáculos y publicista, llegara con solvencia a la presidencia en marzo de 2019.
El populismo le funciona a Nayib Bukele
Desde entonces, con medidas inusuales y una retórica populista, conserva la simpatía de la mayoría de los ciudadanos que disfrutan sus exabruptos cuando carga contra la izquierda, la prensa y quien disienta o critique sus decisiones.
La novena prórroga al régimen de excepción consolida el Plan Control Territorial mediante el cual la administración Bukele promete desaparecer las pandillas, que tanto horror y desolación produce en el país desde los años noventa, cuando finalizó la guerra civil.
Conforme las previsiones oficiales, El Salvador cerrará 2022 con 633 homicidios que equivale a una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.
