**CSE asegura que trata de evitar “injerencia extranjera” al cerrar la puerta a la observación electoral, incluida la OEA.
***Nicaragua se acerca a las elecciones general con seis precandidatos presidenciales detenidos. Especialistas coinciden que el presidente Daniel Ortega teme la participación democrática de los nicaragüenses en las votaciones.
Expediente Público
La decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua de no permitir la participación de observadores internacionales en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre, hace sonar las alarmas internacionales porque significa que se trata de esconder algo o que se preparan condiciones para un eventual fraude, coinciden especialistas consultados por Expediente Público.
La investigadora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia (Uned) de Costa Rica, Argentina Artavia, explicó que, debido a la fragilidad de las democracias en el mundo, es fundamental el acompañamiento de redes de observadores internacionales en los procesos electorales de cualquier país.
La observación “es verificar que desde el momento que se hace la convocatoria, se cumplan con esos procedimientos, con esos requisitos básicos de toda democracia” como “la participación en igualdad de condiciones de todas las personas que quieran hacerlo, la libertad de expresión, también la libertad de reunirse para poder expresar sus propuestas a la ciudadanía, entre otras cosas”, agregó Artavia en entrevista con Expediente Público.
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Artavia explicó que en Nicaragua donde a la fecha están detenidos seis precandidatos presidenciales acusados, una de presunto lavado de dinero y activos, y los otros de promover accesiones de injerencia extranjera al promover sanciones al régimen sandinista por las violaciones a los derechos humanos, la falta de observación internacional enciende las alarmas de alerta de que el proceso electoral no está siendo transparente.
El 10 de junio pasado durante una entrevista al canal de televisión venezolano TeleSur, que fue reproducida por el portal gubernamental El19Digital, la presidenta del CSE, Brenda Rocha y el vicepresidente de ese poder del Estado, Cairo Amador, descartaron la participación de misiones internacionales en las elecciones alegando que “nos corresponde” únicamente “a los y las nicaragüenses”, según Rocha. Por su parte, Amador señaló que se trata de evitar “injerencia extranjera” en los comicios generales de 2021.
“Está claro que cuando no queremos que nos vengan a revisar la casa es porque algo no está bien o algo no queremos que se sepa (…) Cuando se ha callado a la prensa, cuando se ha detenido a candidatos, ya hay alertas, ya no amarillas, sino rojas de que hay algo que no está funcionando bien, de que eso no tiene tintes de una participación democrática”, aseguró Artavia.
La investigadora costarricense insistió en que la negativa de no permitir la observación electoral solo revela la falta de independencia de ese Poder del Estado en Nicaragua. “Ese es otro requisito que deben tener las democracias, órganos electorales independientes que estén en disposición de salvaguardar lo sagrado del voto como esa expresión libre y soberana de las personas” y si esto no existe, “es una señal más de preocupación”, afirmó Artavia.
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Gonzalo Rojas Ortuste, doctor en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, explicó a Expediente Público que el rol de estas misiones en el caso de Nicaragua son todavía más “imprescindibles” por el contexto de inestabilidad sociopolítica y de represión que rodean los comicios de noviembre próximo, que tienen como antecedente la rebelión cívica de abril de 2018 que dejó cientos de civiles muertos y a la nación centroamericana bajo una profunda crisis de derechos humanos.
“Yo no tengo duda de que son imprescindibles ahora y sabemos que son menos tocables, menos susceptibles a la presión o a la coacción que un régimen como el que Ortega lleva adelante. El mismo hecho de que el órgano electoral esté diciendo que no van a tener (observación), es prácticamente anticipar de que cualquiera sea el resultado, que sabemos no va a ser sorpresivo, va a ser ratificado por el órgano electoral y esto es una barbaridad”, señaló Rojas Ortuste.
Sesenta años de observar comicios
En 1962, la Organización de Estados Americanos (OEA) envió su primera misión de observación electoral a Costa Rica, y seguidamente a República Dominicana. Desde entonces, este foro regional se ha caracterizado por brindar acompañamiento en los procesos electorales en todo el continente de las Américas. “Al principio o no existían estas representaciones o no eran tan importantes”, explicó Rojas Ortuste.
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La Carta Democrática Interamericana, uno de los instrumentos más completos reconocido por los 34 países activos que integran la OEA, recoge en el capítulo V un tema referido a la democracia y las misiones de observación electoral. El artículo 23 señala que los Estados miembros son los “responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”.
Además, incorpora como “ejercicio de su soberanía”, la posibilidad de solicitar a la OEA “asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito”.
Un documento de la OEA estimó que las elecciones de 1990 en Nicaragua -cuando doña Violeta Barrios de Chamorro fue elegida presidenta- constituyeron la “primera experiencia” de la organización en una observación electoral que fue de “grandes dimensiones y de duración prolongada”, debido al contexto de la época.
“Este proceso significó un cambio de enfoque respecto de los procesos anteriores y la inauguración de una nueva estructura de despliegue”, señaló el documento.
Artavia agregó que las personas que integran las misiones de observación electoral deben cumplir con un requisito que se vuelve indispensable en estos tiempos, es decir “creer en la democracia”.
“Se deben asumir esos valores de defensa de los principios en los que la democracia se sustenta, todo lo demás viene a fortalecer ese primer requisito, que conozcan de sistemas electorales y que hayan tenido la oportunidad de participar en procesos de observación”, afirmó Artavia.
Sandinismo alérgico al escrutinio
Con el retorno al gobierno en Nicaragua en 2007, Ortega cerró las puertas a los observadores internacionales de credibilidad como el Centro Carter, la OEA, así como a misiones de la Unión Europea (UE) a quienes tradicionalmente se les invitaba. También se negó la autorización a los grupos nacionales como Ética y Transparencia (EyT) y al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) para vigilar la transparencia de las votaciones.
Todos esos organismos de observación electoral, internacionales y nicaragüenses, han emitido informes con severas críticas al desempeño y excesiva politización del CSE, a pesar de haber coincidido siempre en que todas las elecciones previas a las municipales del 2008 cumplieron al menos los requisitos mínimos de validez y legitimidad.
Fue hasta las elecciones generales del 2011 cuando Ortega permite nuevamente la participación de la OEA y la Unión Europea, pero la condicionó a la figura de “misión de acompañamiento electoral”.
En noviembre del 2011 Ortega logró su primera relección después de participar en la elección de ese año violando la Constitución, que establecía que no podía ser presidente en Nicaragua quien ocupara el cargo o lo haya sido en dos ocasiones, sin embargo, la Corte Suprema (controlada por el sandinismo) emitió en septiembre del 2010 un fallo para levantar esa prohibición argumentando que eran inconstitucionales para el sandinista.
En su informe sobre esos comicios, el jefe de la misión de la Unión Europea, Luis Yáñez, concluyó que “no son creíbles” porque hubo “falta de transparencia, opacidad en muchos momentos del proceso electoral”.
El Centro Carter no solicitó acreditación como observador en las generales del 2011 en Nicaragua, por “las inconsistencias entre el reglamento para el acompañamiento electoral emitido por el CSE y la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones” de la organización estadounidense. Sin embargo, enviaron “una misión de estudio” que concluyó en su reporte que esas elecciones “constituyen un punto de quiebre en el que se redistribuyó el poder político, se imprimió un golpe negativo a la democracia nicaragüense y se revelaron los límites de la Carta Democrática Interamericana y de la observación electoral”.
Esos informes que evidenciaron el fraude del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para mantenerse en el poder, hizo que nuevamente se les negaran la participación de los observadores internacionales con credibilidad vigilar los comicios nicaragüenses, con la excepción de la OEA que sí participó en las municipales del 2012.
Cuando Ortega competía por su tercer mandato consecutivo, en noviembre del 2016, el organismo continental es el único con reconocimiento internacional que se invita como “acompañante electoral”. A pesar de las críticas y pruebas presentadas por los partidos de oposición y de grupos de observación electoral locales, como Ética y Transparencia, de que esas elecciones tampoco fueron ajustadas a los estándares exigidos, la Organización de Estados Americanos las validó, aunque hizo una serie de recomendaciones para la realización de futuras elecciones.
El 28 de febrero del 2017, el secretario Luis Almagro firmó con el canciller nicaragüense, Denis Moncada, un Memorándum de Entendimiento para “fortalecer las instituciones democráticas y el sistema electoral” en Nicaragua, en un plazo de tres años, el que se venció en 2020 sin haberse cumplido esos cambios. La represión y los crímenes contra las protestas sociales iniciadas en abril del 2018 enfrentaron a Ortega con la OEA, por lo que al mandatario nicaragüense no le interesó negociar la extensión del acuerdo y ahora tampoco permitiría una misión de observación de la organización para las elecciones del 2021, en la que sandinista buscará su cuarto mandato consecutivo.
Vigilancia independiente
Rojas Ortuste detalló que los observadores electorales son especialistas capacitados para “detectar formas de irregularidad” en los comicios y calificó de “inadmisible” no contar con la presencia de una misión electoral internacional en las elecciones de noviembre que celebrará el país centroamericano.
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“Yo sé que es difícil, tienen un contexto muy adverso, de figuración de dictadura, pero es inadmisible, hoy por hoy, no tener misiones internacionales de observación (…) Es gente que tiene un prestigio ganado en esa tarea, y es algo con lo que no se lo consigue de un día al otro y por eso es imprescindible para desnudar la careta de apariencia democrática que quiere tener Ortega y su grupo”, aseguró Rojas Ortuste.
CSE avanza con calendario electoral
Pese a las presiones nacionales e internacionales por lograr la liberación de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y el resto de presos políticos, el CSE avanza con las actividades establecidas en el calendario electoral.
El próximo 24 y 25 de julio se llevará a cabo la verificación masiva que consiste en acudir al centro de votación para confirmar si el ciudadano aparece o no en el Padrón Electoral. Con este ejercicio se actualizará la base de datos de quiénes podrán ejercer el voto. El artículo 43 de la Ley Electoral, (331), establece que sesenta días antes de las elecciones debe estar listo el Padrón y entregado 45 días antes, a las organizaciones políticas participantes de los comicios.
Por otro lado, el pasado 22 de junio se conformaron los Consejos Electorales Municipales (CEM), de los 153 municipios de Nicaragua que están integrados por 918 personas que tendrán la facultad de nombrar y dar posesión a las y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), verificar la ubicación de los Centros de Votación y garantizar la fijación del Padrón Electoral, explica en un boletín informativo el CSE.
Estas estructuras electorales también entregan las credenciales a los fiscales de los partidos políticos, reciben el material electoral que corresponde a las Juntas Receptoras de Votos, transmiten los resultados electorales de las actas de escrutinio al CSE y resuelven las peticiones, quejas y recursos interpuestos por los fiscales durante las elecciones.
Aunque el CSE avanza con el cumplimiento de las actividades programadas, Rojas Ortuste consideró que mientras no haya condiciones y garantías, cualquier elección será una “farsa de democracia” que va “a consolidar de nuevo por un periodo a la pareja gobernante, hasta el mismo hecho de que sean marido y mujer, ya habla mal de una democracia, no es un buen signo y vale para Nicaragua como que vale para Argentina, no crea que esto tiene que ver con una circunscripción geográfica, sí cultural, porque eso no ocurre en otros lugares”.
Crisis sigue profundizándose
El pasado 30 de junio, durante una audiencia pública sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral, celebrada en el marco del 180 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se estimó que la crisis en Nicaragua “se ha profundizado”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez, denunció que esta situación está produciendo un “quiebre irreversible de la democracia” en ese país centroamericano.
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“Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. Su efecto sobre las personas ha sido tan devastador, que ninguna cifra lo puede revelar en toda su dimensión”, denunció Núñez.
El contexto actual, según Núñez, está marcado por la implementación de “leyes contrarias a los derechos humanos” que fueron aprobadas claramente como “instrumentos de represión para impedir el ejercicio de los derechos políticos”.
El 3 de junio de 2021, el CSE emitió un acuerdo en el que reiteró a los partidos políticos y alianzas de partidos políticos, que los candidatos o candidatas debían cumplir con los requisitos establecidos por este tribunal y que debían abstenerse de presentar a candidatos considerados según ellos, “golpistas” o que aplauden las “sanciones internacionales”.
El CSE recordó las prohibiciones establecidas en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y en la Ley No. 1055, las cuales “suprimen ilegítimamente el derecho a optar a cargos de elección popular”, consideró el Cenidh.
“En definitiva, estas reformas electorales y demás obstáculos impulsados por el Consejo Supremo Electoral, no solo constituyen un retroceso en el ejercicio de los derechos políticos de la población, sino que incumplen con las recomendaciones realizados por la OEA”, dijo Georgina Ruiz, integrante del Cenidh.
FSLN quiere generar temor
A finales de junio en una declaración pública, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, confirmó que el gobernante Daniel Ortega solicitó a Rusia el abastecimiento del “armamento más moderno y preparación de los militares” para enfrentar diferentes formas de presión” en Nicaragua.
En el actual contexto electoral, la solicitud solo revela la intención de Ortega por generar miedo entre la población y “propósitos intimidatorios”, analizó Rojas Ortuste.
“Estas alusiones a apoyo militar ruso o chino tienen propósitos intimidatorios, buscan asustar a la oposición, a las fuerzas políticas y hasta puede ocurrir, efectivamente, Rusia es una autocracia, nadie diría hoy que la Rusia de Putin es una democracia ejemplar”, afirmó Rojas Ortuste.
Tomando en cuenta que las elecciones son la única vía pacífica para sacar a Ortega del poder, Artavia concluyó que la posición debe “salir a votar” y jugar un papel preponderante en este contexto. “A veces entre menos gente vote, es más fácil controlar esa votación. Usualmente los que acuden son los más cercanos al régimen o a esa persona que está queriendo mantenerse en el poder”, finalizó Artavia.
