*Economistas alertan sobre las consecuencias que tendría para el país la no aprobación del presupuesto 2023 por el conflicto de intereses de los partidos políticos representados en el Congreso.
** La ausencia de acuerdo en el Congreso Nacional sobre la aprobación del presupuesto podría ser usado para presionar en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
La falta de un Presupuesto General de Ingresos y Egresos en Honduras correspondiente al año fiscal 2023 es motivo de preocupación, no solo por los efectos socioeconómicos que podría tener para el país, sino también por las supuestas negociaciones políticas que habrían impedido su aprobación en diciembre del año anterior, sobre todo, cuando se aproxima la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
En Honduras, el ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, es decir, que el Presupuesto de la República para este año debió quedar aprobado antes de finalizar 2022.
Sin embargo, ante la falta de los 65 votos requeridos, ni siquiera fue sometido a debate.
El atraso en la aprobación del presupuesto dio pie a varios rumores, por ejemplo, que el pago de un polémico subsidio de cien mil lempiras (unos $4 mil) a los diputados era un incentivo para que votasen a favor, algo que fue desmentido por el presidente del Congreso en la última sesión del año, celebrada el 21 de diciembre.
Al día siguiente, en una cena navideña con periodistas que cubren la fuente legislativa, dijo que confiaba que el Presupuesto se aprobará bajo los consensos necesarios.
El jefe de la bancada del Partido Liberal y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, informó de su lado que las sesiones se reanudarán la próxima semana, tentativamente el 10 de enero.
Presupuesto vigente
El artículo 368 de la Constitución de Honduras manda que: “Cuando al cierre de un ejercicio fiscal no se hubiere votado el Presupuesto para el nuevo ejercicio, continuará en vigencia el correspondiente al período anterior”.
En ese caso, “estaríamos hablando del Presupuesto reformulado en abril (de 2022) por parte del Congreso Nacional dado que es el último presupuesto vigente que existe actualmente”, dijo a Expediente Público el economista e investigador, Alejandro Kaffati.
“Hay voces dentro del Congreso Nacional mencionando que muy probablemente la siguiente semana se aprobaría el Presupuesto General de Ingresos y Egresos y que ya se tienen los votos”, añadió.
Sin embargo, “sería una aprobación ilegal del Presupuesto”, consideró Kaffati, ya que “se estaría incumpliendo la ley porque ya no entraría dentro del plazo establecido por la Constitución”.
El economista señaló también que debido a que el Congreso Nacional es el responsable de no tener un Presupuesto, “hay vacíos legales, por así decirlo, de qué es lo que debe proceder legalmente” por parte de ese poder del Estado.
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El antecedente de 2009
No es la primera vez que Honduras inicia un año fiscal sin que se apruebe el nuevo presupuesto.
En abril de 2009, en el gobierno de Manuel Zelaya, después de dos prórrogas al Presupuesto anterior aprobadas por el Congreso Nacional debido a que el Ejecutivo no había entregado el anteproyecto en tiempo y forma, se decidió en Consejo de Ministros extender de manera automática el Presupuesto del ejercicio fiscal 2008 para el resto del año.
“Él (Zelaya) pasó año y medio sin la aprobación de un presupuesto. No le hizo caso a esas leyes y siguió operando y autorizando gastos e inversiones como le dio lugar”, dijo a Expediente Público el economista y analista Carlos Urbizo.
Señaló que el temor es que Zelaya “vaya a decir como coordinador del partido (Libertad y Refundación, Libre) que le está recomendando a la presidenta (Xiomara Castro), porque esa es la salida que tiene que utilizar, a que simplemente siga operando a su libre albedrío”, que continúe con el presupuesto anterior y “que la maquinaria del gobierno continúe funcionando a como le dé la gana».
Las consecuencias para el país
Pero continuar con un presupuesto anterior tiene sus implicaciones. “Primero es que el país no contaría con un programa de inversiones públicas adecuado para el contexto económico que estamos viviendo”, alertó Kaffati.
Además, el gobierno estaría imposibilitado para colocar deuda externa e interna, debido a que no se tiene el instrumento de política pública más importante que es el Presupuesto, entonces no podría acudir a los mercados internacionales, a organismos multilaterales o a gobiernos amigos para conseguir deuda para apoyo presupuestario, continuó.
Por su parte, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, recordó que el Presupuesto es el marco legal de la administración pública y sin su aprobación “cómo le va a hacer frente al pago de los sueldos y salarios o el incremento del magisterio” o a la necesidad de nuevos recursos para “seguir sosteniendo el gasto público, la inversión, nuevos créditos”.
En ese sentido, dijo que la Secretaría de Finanzas entraría en ilegalidad al asignar recursos que no están contemplados en el Presupuesto.
“No tener un presupuesto debidamente aprobado impediría entonces tener un programa de compras y contrataciones adecuados a la altura de la crisis que tenemos”, dijo también Kaffati en alusión al sector Salud, cuyos empleados han venido realizando protestas desde el año anterior para exigir pago y reajuste de salarios, así como la dotación de medicamentos en los centros de atención.
Sin un presupuesto a la altura de las demandas actuales “al final del día el mayor perjudicado sería el pueblo hondureño, principalmente aquellos que se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema”, acotó Kaffati.
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Negociaciones con el Presupuesto
El anteproyecto del Presupuesto General fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en septiembre pasado, en el plazo que establece la Constitución. Su falta de aprobación es una muestra de la falta de consensos en el hemiciclo legislativo y un revés para el gobierno de la presidenta Castro.
“El presupuesto se envió pensando que iba a ser aprobado rápidamente, que le iban a dispensar dos debates como lo han hecho siempre”, dijo el economista Carlos Urbizo.
No obstante, “la oposición se ha opuesto y hay mucha especulación”, apuntó.
A su criterio, “ahí va a suceder cualquier cosa como resultado de algún tipo de componenda política; algunos dicen, y lo he visto en las noticias de los periódicos escritos, de que podría haber algún quid pro quo, es decir, a cambio de aprobar el presupuesto, pues entonces que haya algún tipo de flexibilidad en el nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema” que se realizará el próximo 25 de enero.
Aunque, por otra parte, continuó Urbizo, “el Gobierno también podría plantarse y simplemente desestimar toda esta oposición al presupuesto y seguir gastando porque tiene toda la maquinaria para hacerlo”.
Ismael Zepeda opinó que el presupuesto fue utilizado por las fuerzas políticas como una bandera de negociación y como una demostración de fuerza, pero también para ampliar y “visualizar su poder”.
Al respecto, Kaffati apuntó que esas fuerzas políticas no visualizaron las repercusiones que tiene para el país la falta de un presupuesto debidamente aprobado y se enfocaron únicamente en aspectos políticos.
“El presupuesto no debe de prestarse ni debe de ser utilizado para negociaciones políticas oscuras como pretendían algunas fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional”, sostuvo el economista e investigador.
Presupuesto debe ser mejorado
Los especialistas consultados coincidieron en que el anteproyecto del Presupuesto que presentó el gobierno de Castro debe ser mejorado, aunque siempre es mejor su aprobación que continuar con el del año anterior.
Lo positivo en medio de todo, es el debate que se ha generado en torno a esas mejoras que requiere.
Un presupuesto “necesita una discusión real”, ya que se trata de los recursos del Estado, dijo Zepeda.
Para Urbizo, el mayor cuestionamiento al presupuesto de más de 392 mil millones de lempiras (unos $15,800 millones) es que el gobierno de Castro fue incapaz de ejecutar el que dejó la administración de Juan Orlando Hernández, así como el reformulado que fue presentado en abril de 2022.
“Entonces, si no cumplieron ese en aquel momento, cómo es posible que van a cumplir con el nuevo, que es más elevado todavía”, se preguntó.
Algunas de las mejoras necesarias que señalan Zepeda y Kaffati tienen que ver con la proyección de ingresos tributarios que plantea el presupuesto, de unos 140 mil millones de lempiras (unos $5,600 millones) que está sobreestimada, que no establece con claridad cuáles son las inversiones productivas para generar nuevos puestos de trabajo, que muestra una menor transparencia y contiene un excesivo gasto público. Además, debe tomar en cuenta la situación geopolítica actual.
Un análisis del Fosdeh sobre el presupuesto hace, por ejemplo, una alerta puntual en relación con la asignación de recursos “Para Erogaciones Corrientes Beneficios Colaterales para Empleados del Gobierno Central”, que de 20 millones de lempiras en 2022 pasó a 6 mil millones (de $806 mil a casi $242 millones), en el que “no se encuentra una relación directa con el Plan de Gobierno ni una explicación concreta del uso y objetivo de estos” recursos.
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Qué dicen los partidos políticos
En la actual composición del Legislativo, Libre es mayoría con 50 votos, “pero ahora aparentemente ni siquiera los 50 tendría porque hay una facción disidente”, recordó Urbizo.
El otro partido de la alianza que llevó a Castro al poder, el Salvador de Honduras (PSH), cuenta con diez votos, pero su apoyo dependerá de que se hagan algunas modificaciones.
“En la mayor parte de la bancada queremos apoyar el presupuesto, es necesario y nos falta una reunión para tener una posición de bancada”, dijo a Expediente Público la diputada y secretaria de la bancada del PSH, Ligia Ramos.
La parlamentaria dijo que su partido se ha enfocado “más que nada en transparentar el proceso de ejecución y de compras que vaya a hacer el Estado con el presupuesto”, que incluía algunos artículos polémicos que permitían a los funcionarios realizar compras directas.
Ramos dijo que están “un poquito empantanados” debido a que el presupuesto disminuye la cantidad que se le tiene que dar por ley al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Contra «partida confidencial»
Por su parte, la diputada por el Partido Nacional, Tania Pinto, declaró a Expediente Público que su bancada (44 votos) no está de acuerdo con lo que llamó una “partida confidencial” de 17,000 millones de lempiras (más de $685 millones) que están en la partida Servicios Financieros de la Administración Central, y que “no se le esté dando la cantidad necesaria para poder cubrir con los gastos y mejorar las condiciones en las que está la salud y la educación de Honduras”.
Dijo también que con el presupuesto no se puede negociar, sino lograr consensos.
“Qué nivel tan bajo de consenso tenemos que no se puede aprobar el presupuesto con 65 votos”, añadió.
Entonces “la lógica, qué nos indica, que hay algo malo ahí, que hay que sentarse, resolverlo y poder llegar a un acuerdo, a un consenso” porque “no podemos andar negociando, por ejemplo, con el salario de los maestros, con los medicamentos de los hospitales, con los salarios de los médicos”, apuntó.
Consideró que quienes dirigen el gobierno y el Legislativo “tienen que pensar que si todas las fuerzas políticas en el Congreso, las de la oposición, no están de acuerdo con lo que ellos están planteando, pues hombre, tienen que hacer cambios para poder hacer algo bueno por Honduras”.
De su lado, el Partido Liberal emitió un comunicado en el que plantea que el presupuesto debe incrementar transferencias municipales, exonerar a los municipios del Impuesto Sobre Ventas (ISV) por las compras que realizan y elevar los techos de los contratos en la administración pública.
